Economía
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Extractos) En el año 2002, el gobierno de Hipólito Mejía en República Dominicana sorpresivamente eligió comprar nueve aviones Super Tucanos de la empresa brasileña Embraer para proteger los cielos de la mitad de La Española, como durante la Colonia se llamó a la isla que comparten Haití y Dominicana.



Fue una sorpresa porque desde los tiempos del dictador Rafael Trujillo, "los Estados Unidos siempre dictaron qué tipo de aviones debían ser usados por la Fuerza Aérea Dominicana", según el experto aéreo dominicano Luis Puan.

Por eso, en respuesta, rápidamente, la Misión Militar de la embajada en Santo Domingo, capital dominicana, amenazó al gobierno de Mejía con cortar la ayuda militar al país luego de que prefiriera los aviones de Embraer en vez de los 12 aviones turbohélices AT-6B Texan II de la corporación norteamericana Raytheon (quien hoy cuenta como accionista al presidente Donald Trump).

Pero el bloqueo al contrato duró hasta 2008, cuando el gobierno de Leonel Fernández aprobó finalmente la compra de los aviones Super Tucanos, desatando el enojo de Washington.

Dos años después, el contrato se incluyó en la investigación del Departamento de Justicia contra Embraer por supuestamente haber incurrido en "prácticas corruptas en el extranjero", en ocho países, entre ellos Arabia Saudí, República Dominicana, Mozambique y la India, donde la compañía brasileña era líder en venta de jets con el control de 35% del mercado.

Formalmente, el organismo pidió a República Dominicana y Brasil que condenara a 10 ejecutivos de Embraer por haber sobornado con 3,5 millones de dólares, a través de un tercero, al coronel retirado Carlos Piccini Núñez, quien aprobó la compra como director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana.

La investigación judicial, además, coincidió con un momento crucial de la empresa brasileña, la tercera en importancia en el mercado aerocomercial del globo, cuando su competidora Boeing se disponía a absorberla en respuesta a la fusión de Airbus con la canadiense Bombardier.

Esto finalmente ocurrió el 6 de julio de 2018 con la toma de control de Boeing del 80% de las acciones de Embraer, poco más de un año después de que la brasileña se comprometiera a pagar una multa de 200 millones de dólares en EEUU y Brasil para cerrar la investigación judicial por prácticas corruptas en su contra.

En modo general, este proceso revela un complejo modus operandi en el que la “justicia” se encarga de hacer el trabajo sucio en función de quebrar empresas extranjeras para que sean absorbidas por corporaciones estadounidenses (…)

Embraer fue judicializada por el Departamento de Justicia, al igual que otras empresas, gracias a la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, sancionada en 1977 en el contexto de la Guerra Fría.

En principio, la ley solo afectaba a las empresas locales hasta que en los años 80 éstas presionaron para sumarle una enmienda que alcanzara también a las compañías extranjeras que operaran en suelo norteamericano.

Desde ese momento, la “justicia” de EEUU se asume como extraterritorial contra cualquier corporación que incurra en “prácticas corruptas” en el extranjero.

Así es que, por medio de acuerdos de cooperación con agentes locales, como jueces y fiscales, construyen “grandes casos” contra corporaciones que operan en su suelo y pueden haber sobornado a funcionarios en otros países.

Hoy en día, se estima que el 70% de las compañías alcanzadas por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero yacen fronteras afuera, principalmente de Europa, Asia y América Latina.

Además, todas estas acciones se ven enmarcadas en grandes convenios internacionales de “lucha contra la corrupción”, como la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales (con puntos específicos para casos de soborno transnacional), elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que compromete a los Estados a colaborar con su sistema judicial en este tipo de casos.

De esta forma, el caso de Embraer, por ejemplo, es comparable con lo que le sucedió a la corporación francesa de energía Alstom cuando en 2014 pagó una multa de 772 millones de dólares, una de las más altas registradas en la justicia estadounidense, luego de que aceptara haber incurrido en prácticas corruptas en Bahamas, Egipto, Indonesia, Arabia Saudita y Taiwán, para hacerse de contratos por el monto de 4 mil millones de dólares.

En ese contexto, el por entonces Oficial Ejecutivo en Jefe de Alstom, Patrick Kron, accedió a venderle la compañía a la General Electric (multinacional de origen estadounidense) cuando la alemana Siemens y la japonesa Mitsubishi peleaban por comprarla (…)

Frederic Pierucci, ex ejecutivo de Alstom, afirma que EEUU utiliza el sistema de cooperación legal internacional como un "arma económica" para eliminar a los competidores de sus corporaciones. "Es una guerra económica subterránea" (…)

Así, esta forma de quebrar empresas extranjeras, o sacarle sus cuotas de mercado, mezcla el uso de la justicia con importantes campañas de relaciones públicas, que derivan, además, en debilitar en los mercados bursátiles el precio de sus acciones en función de que negocien sus posibles ventas, o fusiones, con sus ejecutivos amenazados de ser llevados a la cárcel (…)

Desde principios de esta última década, Washington aplica una guerra jurídica contra compañías como la china Huawei o la alemana Volkswagen, a quienes ha intentado sacar de su mercado interno y afectar sus valores de mercado.

En América Latina, la traducción de la lucha contra la corrupción se ha enfocado en un ataque contra las principales transnacionales rivales de las compañías en áreas como alimentación, energía, petroquímica y petróleo.

Algunas de las empresas afectadas por las investigaciones son Petrobras, Odebrecht, JBS, Techint y el grupo Sarmiento Ángulo, considerado el que tiene mayor influencia en el sistema financiero de Centroamérica.

En este contexto, la estrategia de Seguridad Nacional de Trump establece la “lucha contra la corrupción” como una herramienta para generar un "clima de negocio transparente para las empresas estadounidenses" (…)

Mark Green, administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ubica a la lucha contra la corrupción a la par del extremismo y el crimen transnacional, como "una amenaza a los ciudadanos estadounidenses y la economía del país".

La importancia de este mensaje radica en que forma parte de la introducción de la estrategia de la USAID para el periodo 2018-2025, lo cual afina las políticas más agresivas de una agencia que realiza las actividades que antes llevaba a cabo la Agencia Central de Inteligencia (CIA) (…)

La USAID remarca que "el capitalismo de Estado que prevalece en algunos países distorsiona los mercados y obstaculiza las oportunidades de negocios para EEUU, mientras que la corrupción subvierte a los mercados abiertos e impide la capacidad de las empresas estadounidenses para competir".

Sin embargo, los casos de Embraer y Alstom, así como los reiterados ataques a competidoras chinas y rusas a través de sanciones, reflejan cómo EEUU subvierte el principio de libre mercado y competencia para beneficiar a sus empresas.

Gráfica. Marcelo Odebrecht, dueño de una de las constructoras más grandes de la región, fue llevado a prisión por una investigación judicial impulsada desde Estados Unidos. Foto:IDL Reporteros

Fuente:
http://misionverdad.com/entrevistas%20/guerra-economica-el-uso-de-la-justicia-para-quebrar-empresas-de-america-latina