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Educación
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La lucha de los estudiantes por la matrícula cero en las universidades públicas del país expresa la exigencia del derecho fundamental a la educación superior. El fortalecimiento de la educación y de la ciencia, la tecnología y la innovación es una necesidad nacional, tan estratégica como el salvar nuestros ecosistemas y defender nuestra soberanía.



El presente y el futuro de la educación superior pública nos atañe sin distinción y requiere del respaldo de toda la sociedad. Que no nos quepa duda, la juventud seguirá ocupando las calles y las universidades mientras el acceso universal y gratuito a la educación superior pública no sea una realidad en Colombia.

La pandemia no ha cesado de revelar el sinnúmero de debilidades del Estado colombiano para enfrentar los retos del siglo XXI. La emergencia de la financiación de las matrículas de las universidades públicas, los acuerdos del Gobierno con farmacéuticas sobre la vacuna contra el Covid-19, y el negarse de manera macartista a salvar vidas con el apoyo de médicos cubanos, son 3 alarmantes síntomas de la dependencia histórica de Colombia respecto a la investigación y la tecnología de los gringos y de otras potencias extranjeras.

La situación actual de la educación superior y de la investigación en Colombia es el resultado de un cóctel neoliberal para el empobrecimiento: el desfinanciamiento de la universidad pública y el sobre-endeudamiento de generaciones de jóvenes y sus familias.

Es así como la mercantilización de la educación y del conocimiento convirtió un derecho fundamental en un muy lucrativo negocio, condicionando el acceso “universal” a la educación superior a la capacidad de pago de los estudiantes, o más bien, a la capacidad de endeudamiento del estudiante y su familia.

A través de sus campañas publicitarias manipuladoras que insisten en una supuesta “mejor empleabilidad y mejores ingresos” que acarrearía esta política, lo que hacen en realidad es condenar la juventud a la servidumbre de una deuda que postergará la realización de sus aspiraciones por décadas.

Como consecuencia de las “visionarias” recomendaciones que imponen los organismos internacionales, como la OCDE, los sucesivos gobiernos en Colombia se han empeñado en adaptar, ajustar, adecuar (es decir moldear) la “formación” de la juventud a la demanda de aptitudes exigidas por las grandes y voraces empresas multinacionales que han repetidamente afectado nuestras comunidades y nuestras condiciones de vida.

Estos tiempos inciertos de crisis pandémica son un momento de inflexión que nos obliga a cuestionarnos sobre esa lógica de dependencia y subordinación, a la que nos han sometido históricamente los vendepatrias.

Es hora ya de superar esa sujeción al poder oligárquico, colonial y neoliberal, incapaz de abrir los ojos ante los más pujantes avances de las ciencias, los saberes populares y las culturas críticas. De ser así, no lograremos liberarnos de esa condena perpetua, no sólo a la pobreza del bolsillo, sino también a la pobreza del conocimiento.

Es por eso que correspondemos al Manifiesto de Córdoba, al llamado que allí hicieron estudiantes argentinos defensores de la autonomía universitaria, del principio de gratuidad de la enseñanza, abogando por poner la universidad al servicio de las necesidades de los sectores populares de Latinoamérica. Desde un pasado de hace más de 100 años, esos estudiantes nos convocan hoy a destinar todos nuestros esfuerzos a la consolidación de capacidades propias para la generación del conocimiento, la transformación productiva y la innovación.

Sin embargo, el desarrollo de esas capacidades endógenas, sólo pueden prosperar en sociedades abiertas y democráticas, en donde existe la libertad de pensamiento, de expresión y de acción.

La firma del Acuerdo de Paz nos brinda una oportunidad única para refinanciar la educación superior y la investigación, poniendo el presupuesto militar destinado a la guerra al servicio de la paz, a través de becas de educación superior pública, que permitan la generación de conocimiento enfocado hacia la comprensión y solución de los problemas estructurales de nuestra sociedad.

Así mismo, se requiere abolir los mecanismos de desregulación y mercantilización de la educación superior y la investigación, como son la Ley 30 y las políticas usureras del ICETEX, que hacen obstáculo a Colombia en su deseo por transformarse en una sociedad del conocimiento.

La lucha contra la injusticia cognitiva impuesta desde la conquista, reclama una “ciencia rebelde y subversiva”, como lo planteaba Orlando Fals Borda en 1976. Una ciencia que rompa con la dependencia mental y cultural del país, y que logre nuestra emancipación y autodeterminación en el campo de los saberes.

Nuestros conocimientos propios, que han sido sistemáticamente destruidos, oprimidos y discriminados, cobran hoy una vital importancia. En contravía de los gobiernos ignorantes y opresores, que ven en cada petición de los estudiantes un acto retador y en cada suspiro juvenil una semilla de rebelión, nuestra responsabilidad es poner la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio de los intereses nacionales, al servicio del Pueblo colombiano

1° de agosto de 2020

Tomado de cuartodehora.com