Educación
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En las últimas semanas se ha empezado a gestar una intensa movilización estudiantil y profesoral en defensa de la universidad pública y gratuita. Desde diversas regiones del país se ha alertado sobre la crisis de financiación que se atraviesa y las implicaciones que esta tiene para garantizar universidades abiertas, de calidad y comprometidas con la construcción de una sociedad justa y democrática.



Por esas razones, el 10 de octubre miles de estudiantes, egresadas, profesores, trabajadoras, padres y madres familia, salimos a las calles y en un carnaval de resistencias expresamos nuestro rechazo a la pretensión de privatizar la Universidad Pública.

Por qué hablamos de privatizar la universidad pública?

Usualmente se entiende la privatización como la acción de “Transferir una empresa o actividad pública al sector privado” (RAE, 2018). Esto es, cuando el Estado vende un activo que era de su propiedad a un privado o le otorga a este su gestión para obtener un lucro económico expresado en forma de ganancia.

Sin embargo, bajo el neoliberalismo, la privatización se materializa a través de una multiplicidad de dispositivos que cumplen el mismo propósito: volver privado algo que es público y, de esta manera, convertir los derechos ciudadanos en servicios ofertados.

Para el caso específico de la universidad pública, la pretensión de privatización se expresa de múltiples maneras. Entre otras, se destacan:

Desfinanciación: Según el Informe de sostenibilidad financiera del Sistema Universitario Estatal (SUE), en los últimos 7 años los gastos de las universidades se incrementaron en promedio en un 9,65%, mientras el incremento de las transferencias, según lo establecido en el artículo 86 de la ley 30, fue en promedio para este mismo período de 3,76%. Esto indica que entre 5 y 6 % de sus gastos se debe cubrir por fuera de lo establecido en la ley que regula su financiación.

Ampliación de oferta con menores recursos: Según el mencionado informe, “mientras los estudiantes matriculados en las 32 universidades pasaron de ser 159.218 en el año 1993 a 611.800 en el año 2016, el aporte anual del Estado promedio por estudiante pasó de $10.825.890 a $4.785.338”. Esto expresa un amplio esfuerzo de las universidades, especialmente de sus docentes, con la formación de las y los estudiantes con escasos recursos.

No es gratuita: Los pregrados NO son gratuitos, como sí lo son en otras universidades de América Latina. En la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá) un estudiante paga en promedio 1.3 millones de pesos anualmente.

El costo promedio anual asciende a 8.6 millones y, aunque se subsidia el 85%, las y los estudiantes deben asumir el 15%, más todos los costos adicionales que implica su permanencia en el sistema educativo.

Alto costo de los posgrados: Los posgrados están prácticamente privatizados. En la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá) un estudiante paga en promedio 8 millones de pesos anualmente.

El costo promedio anual es de 8.9 millones y tan solo se subsidia el 10%. Esto indica que continuar estudios de posgrado implica un alto esfuerzo económico para las familias, lo que explica los bajos niveles de formación en este nivel académico.

Autofinanciación: Para la vigencia fiscal 2016 el Consejo Superior Universitario aprobó, mediante el acuerdo N. 212 del 9 de diciembre de 2015, el presupuesto de ingresos y gastos para la Universidad Nacional por un valor de un poco más de un billón de pesos, de los cuales alrededor del 50% son financiados con recursos propios.

Crisis infraestructural: Las universidades públicas tienen un déficit infraestructural que se expresa en el deterioro de su planta física, la escasez de salones, la dificultad para renovar sus laboratorios y para la compra de equipos que permitan introducir amplias innovaciones en los procesos investigativos, académicos y pedagógicos.

Deterioro de los salarios de los docentes y congelamiento de la planta: Las universidades públicas sufren un proceso de congelamiento de su planta, lo cual se ha buscado solventar con la vinculación de los denominados “docentes ocasionales”, quienes hoy representan buena parte de la planta docente y son víctimas de condiciones laborales precarias.

Estos elementos advierten sobre el grave riesgo que afrontan las 32 universidades públicas del país.

Para el año 2018 se ha señalado que hay un déficit de 500 mil millones y, según el Consejo Académico de la UN, se requieren alrededor de “$15 billones si quisieran adaptarse a los imperativos de cobertura, calidad, pertinencia e impacto social que exige el mundo contemporáneo”.

Según datos del PGN Colombia destina 4% del PIB en educación, y el sector educativo representa el 13% de los gastos del Gobierno. En contraste, según datos del informe de la OCDE Panorama de la Educación 2017, el gasto en instituciones educativas de primaria a terciaria con relación al PIB llegó a 6% o más en Canadá, Corea, Dinamarca, EEUU, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido.

En el otro extremo del espectro, la Federación de Rusia, Hungría, Indonesia, Luxemburgo, la República Checa y la República Eslovaca, gastaron menos de 4% del PIB en educación [...].

Como se puede inferir de la anterior cita, Colombia se encuentra en el nivel más bajo de inversión. En el caso de América Latina, Brasil y México destinan alrededor del 16% de su gasto gubernamental en educación.

Movilización social en defensa de la universidad pública.

La difícil situación por la que atraviesan las universidades públicas ha activado la memoria histórica de las luchas estudiantiles (CENEU en 2007 y la MANE en 2013) y profesorales, y ha convocado a una amplia movilización social.

Las y los estudiantes articulados en el UNEES han planteado el siguiente decálogo:

1. Incremento presupuestal de 4,5 billones de pesos para la IES públicas
2. Reliquidación deudas con el ICETEX
3. Congelamiento del costo de matrículas para la IES privadas
4. Aumento en un 100% del presupuesto para COLCIENCIAS
5. Un plan de pago a 10 años de la deuda que tiene el Estado con las IES públicas
6. Mantenimiento de los recursos del SENA
7. Derogación de la ley 911
8. Acreditaciones voluntarias al sistema de calidad del CNA
9. Derogación de la ley 1740 y del decreto 1280
10. Respeto y garantías para la movilización

Por su parte, los profesores vienen impulsado la construcción de una Agenda Común en defensa de la universidad pública, la cual tiene como horizonte la salvaguardia de una universidad pública, gratuita, de calidad y comprometida con la construcción de una sociedad justa y democrática.

En contravía de este espíritu se dejan entrever posiciones muy conservadoras por parte del actual Gobierno.

Se propone un nuevo sistema de financiación de la educación universitaria que incentiva un sistema de competencia entre las universidades, que da continuidad a los aportes económicos de las y los estudiantes para el pago del costo de la matrícula, que privilegia la “excelencia académica”, que no limita el costo de las matrículas de las universidades privadas, sino que, por el contrario, puede generar una presión al alza, entre otros asuntos.

Los asuntos señalados en este artículo denotan la riqueza y la importancia de la movilización en curso.

Se trata de la defensa del derecho a la educación. Se trata de garantizar que nuestras generaciones jóvenes y futuras puedan participar de esos valiosos espacios de formación que son las universidades públicas.

Por eso, como lo dijeron hace un siglo las y los valientes estudiantes en Córdoba “(...) la única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino heroico de la juventud”.

La movilización estudiantil es un dispositivo vital para esta lucha. La financiación y el gobierno universitario son dos elementos fundamentales para garantizar una universidad pública, gratuita y de calidad.

Foto. Facebook

Fuente:
http://espaciocritico.com/sites/all/files/izqrd/n0075/izq0075_a06.pdf