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Internacional
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El 28 de junio de 2009 se perpetró el golpe de Estado contra el entonces presidente constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, quien fue sacado por los militares en horas de la madrugada de su residencia y expulsado a Costa Rica, con el total apoyo de la embajada norteamericana.



Zelaya inició su mandato en enero de 2006 y se adhirió a la iniciativa Petrocaribe, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y apoyó a Cuba y al gobierno del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales.

Buscó impulsar la democracia y propuso una consulta no vinculante para preguntar a la población si aceptaba que en las elecciones de noviembre de 2009 se le consultase si estaba o no de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente. En ese momento la extrema derecha dió el golpe de Estado.

11 años después el Pueblo está sumido en el atraso y la pobreza, debido a la corrupción y el narcotráfico.

“La tragedia del COVID 19, sumado a la pérdida de la democracia que instaló el saqueo, los fraudes y el tránsito protegido de DROGA, se vence con la consulta popular”, afirmó Zelaya el viernes pasado en Twitter.

Y sostuvo que el dictador, Juan Orlando Hernández (JOH) ha estado “mintiendo y culpándome durante 10 años de su incapacidad y sus fracasos”.

Subrayó que su partido, Libertad y Refundación, es “la izquierda que necesita el Pueblo y eso le duele al fascismo continental. ‘JOH’ es un tirano aliado de Donald Trump y vamos a derrotarlo”.

Honduras es un pequeño país con 9,3 millones de habitantes, ubicado en el corazón de Centroamérica, y tiene un elevado nivel de pobreza, que llega al 48.3 por ciento, según los datos actualizados a 2019 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

A fines de 2019, unas 240 mil personas se encontraban desempleadas, lo que representa el 5,7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), de acuerdo con la “Tasa de Desempleo Abierto” de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Según el último informe publicado por el Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras, ese país es uno de los más corruptos de América Latina, allí los políticos de la burguesía roban entre 40 y 50 mil millones de lempiras (más de 2 millones de dólares) cada año.

Esa derecha corrupta ha hecho de Honduras un país con los niveles más altos de empobrecimiento y desigualdad del continente, provocando una masiva migración.

La salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), un ente investigador de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llegó al país en enero de 2016 han generado desesperanza.

Ese organismo destapó en el país al menos 12 grandes casos de corrupción relacionados con estructuras del régimen, lo cual desembocó, cuatro años más tarde, en que su continuidad no fuera aprobada por la dictadura.

La MACCIH permitió identificar algunos grupos económicos, políticos, militares y religiosos que, por medio de prácticas ilegales, se han enriquecido a costa de la mayoría de la población.

En sus cuatro años de gestión, denunció, entre otros, un caso de fraude en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), del cual una red de funcionarios afines al Partido Nacional, actualmente en el gobierno, robaron más de 7.000 millones de lempiras, unos 335 millones de dólares.

También denunció el asunto que denominó "Caso Arca Abierta” en el que señaló a varios diputados y exdiputados de malversar más de 21.1 millones de lempiras (851 millones de dólares).

Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del exmandatario Porfirio Lobo (2010-2014) también fue encontrada culpable de "drenar” del Estado más de 16 millones de lempiras, unos 650 mil dólares. Además, se apropió de otros 12 millones de lempiras (480 mil dólares) de fondos que estaban destinados a obras sociales.

JOH es responsable de no haber firmado el 19 de enero de 2020 un nuevo acuerdo para renovar la continuidad de la MACCIH.

Esta decisión confirma que las esperanzas de un cambio social en pro de la transparencia se han esfumado.

La situación económica se ha reflejado en las caravanas de migrantes que desde 2018 han salido hacia EEUU, tanto por la falta de empleo como por el alto costo de los servicios básicos y la inseguridad causada por el crimen organizado.

En los últimos ocho años la prioridad presupuestaria del gobierno no estuvo en la educación ni la salud, pero sí en la “seguridad” y “la defensa” para reprimir cualquier asomo de rebelión.

A pesar de esto muchos hondureños han realizado protestas para exigir la salida del dictador.

La corresponsal de TeleSUR en Tegucigalpa, Gilda Silvestrucci, ha señalado que consideran “intolerable” la corrupción.

Y reveló que las “compras de hospitales quedan en suspenso, nadie sabe dónde está el dinero, mientras la gente muere por el colapso del sistema de salud”  

Si en Honduras no se logra un cambio político revolucionario para dar solución a las causas que provocan la corrupción, el país se seguirá hundiendo en la pobreza y la desigualdad, y no se resolverán los problemas del Pueblo en relación al empleo, la salud, la educación, la libertad y la democracia.

Con información de TeleSur y DW.com