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El Secretario de Estado Mike Pompeo, durante la 48 Asamblea de Cancilleres, reunidos en Washington el pasado 4 y 5 de junio, sembró la matriz de opinión que se había aprobado una resolución contra Venezuela para aplicar la Carta Democrática de la OEA, de acuerdo a  los Artículo 20 y 21 de dicha Carta, aunque había que esperar a otra reunión de este Ministerio de Colonias, para lograr la votación requerida, los dos tercios de la membrecía o sea 24 votos, algo que no consiguieron en ésta, la décimo cuarta votación en los últimos cuatro años contra Venezuela.



Es de esta manera como actúa el Jefe del Ministerio de Colonia, también conocida como la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldado por su empleado el corrupto Luis Almagro. Pero dicha Carta Democrática no puede aplicarse a Venezuela, por la sencilla razón de que Venezuela en la 47 Asamblea de la OEA celebrada en Cancún, México, donde también fracasó Estados Unidos, pidió su salida de la OEA, solo  por procedimientos burocráticos y de tiempo no se había concretado la salida de esa institución,  es lo que al final se esperaba. Pero desde ese momento Venezuela ya no formaba parte de la OEA.

Hay una tergiversación de la Carta de la OEA y la Carta Democrática y la interpretación, obviamente, es de acuerdo a los intereses de Estado Unidos,  pero veamos qué realmente plantea la carta de la OEA en su primer:

CONSIDERANDO: qué “la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención”.

Precisamente el primer principio de no intervención que establece la Carta de la OEA, es el que el Gobierno de Estado Unidos, usando al Secretario General y  su aliados del llamado Grupo de Lima, proponen y trabajan para violar. 

Y qué norma el artículo No 18 de dicha Carta: “Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación”.

En Venezuela no hubo ruptura institucional y por tanto de acuerdo al artículo 18, el Gobierno ni dio consentimiento, ni consideró necesario inmiscuir a la OEA y mucho menos a su Secretario General, que ya venía conspirando con la oposición venezolana, especialmente con el Presidente del Parlamento y otros congresistas.

La alteración  claro que la hubo, pero no partió del Gobierno, es público y sabido, que en las elecciones del 2015 la oposición ganó mayoría en el Parlamento, pero no tenía las dos terceras partes, porque varios diputados opositores habían ganado fraudulentamente el escaño, por lo que la Corte Suprema los desaforó, sin embargo, desacatando dicha sanción, el presidente del Congreso Ramos Alud, los juramentó, con el propósito de tener las dos terceras partes y tal como anunció, promover la destitución del presidente Nicolás Maduro Moro, pero sus planes fracasaron, no pudieron recabar las firmas para el revocatorio y entre el año 2016 y 2017, aceleraron los planes desestabilizadores.

En estos dos años mencionados, se aumentaron las presiones, incluyendo sanciones financieras, graves desabastecimientos alimenticios y médicos, guerra económica, caída del precio del petróleo y, obviamente, también errores de funcionarios públicos, todo lo cual fue un acumulado y milimétricamente concebido en el Plan Maestro del Comando Sur.

El Plan concebía crear las condiciones desestabilizadoras y el gran caos, ambientado con las brutales  y perversas “guarimbas” dirigidas y orientadas por la embajada de los Estados Unidos en Caracas, a través de los sectores terroristas de la Mesa de Unidad Democrática, los que hipócritamente conversaban con el Gobierno venezolano en República Dominicana,  la puesta en práctica del Plan,  explica la insólita decisión de la Mesa de Unidad Democrática de retractarse de los acuerdos de paz alcanzados en República Dominicana, donde aceptaban participar en las elecciones presidenciales del 20 mayo.

 
Los 19 votos alcanzado en la 48 Asamblea de la OEA al final es una derrota para Estados Unidos, Venezuela está fuera de la OEA, por voluntad propia y aunque fueron tres los países que votaron en contra y 11 abstenciones, algunos muy vergonzantes, no cabe la menor duda de que las presiones brutales a que han sido sometidos los llevaron a no aceptar votar en contra, pues también saben que ceder les traerá un alto costo político interno.

Ahora si quieren intervenir, militarmente bajo la cobertura de una acción “humanitaria”, no tendrán el argumento de la Carta Democrática, lo tendrán que hacer descaradamente y en este Plan está muy comprometida Colombia según lo ha manifestado públicamente su Presidente y otros altos funcionarios luego de las reuniones sostenidas con el Almirante Kurd W Tipp, Jefe del Comando Sur.

Cualquier aventura en Venezuela, Estados Unidos y sus aliados enfrentaran  el repudio y la solidaridad internacional y el riesgo de que una chispa prenda la pradera.  Legalmente tendrán que asumir la grave la violación de la Carta de las Naciones Unidas y muchos Gobiernos deberán explicar las razones que los llevaron a violar  los Acuerdos de la CELAC, de mantener a la América Latina y del Caribe como zona de paz.

Como dijera nuestro José Martí: “Toca a la prensa encaminar, explicar, enseñar, guiar, dirigir; tócales examinar los conflictos:”

 (*)  Periodista, politólogo y analista internacional.
La Habana, 8 de junio del 2018.