Para el público que desconoce las particularidades del caso, la noticia de que un expresidente sea juzgado por corrupción en una nación latinoamericana —donde la impunidad suele ser la regla— podría parecer un avance. Sin embargo, un proceso judicial en el que los fiscales y jueces han actuado de forma parcial, sin apego a la legalidad y violando las garantías del inculpado constituye una enorme amenaza para la democracia, y un acontecimiento que —en pleno año electoral— será motivo de incertidumbre y crispación entre los brasileños.

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