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(Extractos) (…) Dilan Cruz fue asesinado por el Esmad mientras participaba de las protestas del 23 de noviembre, en Bogotá.



Empiezo desde aquí porque este hecho inaceptable y profundamente doloroso (lo digo desde un estremecimiento ético-político, sin sentimentalismo) tiene que ver estrechamente con parte de las consideraciones que quiero plantear (...)

Este eje de reflexión tiene que ver con la manera en que, por mucho tiempo en Colombia, se ha estigmatizado, perseguido, criminalizado y reprimido la protesta social e incluso cualquier práctica manifiesta de abierto disenso. Y esto ha sido evidente, de nuevo, y quizá de manera más patente, por la enorme convocatoria de las protestas que se han dado ahora, a fines de noviembre (…)

Empecemos, primero, por algunas formas de devaluación de la protesta que se han expresado en diferentes espacios, en los que se forma y circula opinión pública en el país, y que se hacen patentes en enunciados como estos:

“En lugar de protestar, a trabajar”, “La protesta tiene que regularse para que no afecte las actividades diarias”, “A quien protesta se le deberían descontar los días de trabajo”.

Estos enunciados emergen de una racionalidad gubernamental que, al economizar todas las esferas de la vida y reducir todas las prácticas y los agentes a empresas y emprendimientos, desde una lógica de inversión centrada únicamente en alcanzar la eficiencia y la productividad (…)

Este economicismo despolitizante no sólo conduce a la desvalorización de la protesta social sino que, de la mano con esto, tiende a estigmatizarla, dado que esta se identifica con una disrupción que amenaza la estabilidad y seguridad de los ambientes de inversión que, a la luz de esta lógica, interesa, ante todo, asegurar.

Por eso, se anticipa el riesgo de la protesta y los eventuales efectos de desorden, violencia, disturbios que ésta puede producir. Sabemos que esta anticipación del riesgo se radicalizó con visos autoritarios en Colombia en las últimas semanas (…)

Me interesa destacar cómo en nuestro contexto la anticipación del riesgo, que podría traer la protesta, se transformó en un proyectado anuncio de que ésta sería violenta, y cómo esta conjetura sobre la supuesta violencia inminente de la manifestación “justificó” la militarización de las ciudades, y ha traído consigo un comportamiento represivo contra la movilización en general (…)

En un régimen democrático una fuerza antidisturbios no se puede convertir en una fuerza antiprotesta, como ha venido sucediendo con el Esmad; ni mucho menos los representantes de un gobierno democrático pueden “justificar” crímenes de Estado, que sistemáticamente se vienen produciendo contra personas que disienten, haciéndolos ver como “accidentes” o “efectos colaterales indeseados” (…)

El miedo apunta a deshacer una creciente repolitización (…)

Este miedo puede hacer de la protesta su objeto, al nutrirse de prejuicios que muchas personas del común han venido albergando contra la movilización social igualitaria, al considerarla destructiva, inconveniente e improductiva, y una amenaza para su seguridad, y la de sus propiedades (grandes o pequeñas).

Prejuicios que a veces se oyen en las calles, cuando la gente exclama: “muchachos ya paren el paro, que la cosa se les salió de las manos” o de manera más radical: “esos que protestan son unos vándalos que crean desorden y merecen ser controlados” (…)

Quisiera presentar algunos argumentos, que apuntan a confrontar esta desconfianza frente a la protesta social (…)

1. En primer lugar, es clave explicitar que la protesta que es más perseguida, y de la que he venido hablando, es la protesta igualitaria, esto es, aquella que cuestiona un estado de cosas por las formas de desigualdad que éste reproduce y, que se torna entonces disruptiva de un cierto statu quo.

La protesta regresiva, contra la expansión de derechos o ciertas formas de subjetividad transgresiva, tiende a ser respetada y protegida por las fuerzas del orden, ya que además obedece a normativas sociales muy establecidas. Es obediente, frente a la desobediencia que escenifica toda manifestación política disruptiva.

2. De hecho, si la protesta social igualitaria tiende a ser desvirtuada y muchas veces perseguida, desde formas de compresión muy codificadas, es porque necesariamente despliega formas de desobediencia: frente a ciertas normas, formas de gobernar, marcos, legales, decretos o prejuicios sociales con los que se muestra en desacuerdo o inconforme.

Y para manifestar este descontento desobedece normativas de tránsito, horarios laborales establecidos, códigos normalizados de conducta.

Además, como bien lo destacó Arendt, en su texto “Sobre la desobediencia civil” (1971), a pesar de que los regímenes democráticos tienen que garantizar el derecho a la protesta en sus marcos legales, ésta siempre los excede de uno u otro modo si apunta a transformaciones genuinas de un estado de cosas sancionado jurídicamente, bien sea para crear nuevos derechos, cuestionar unos existentes, ampliarlos; o bien sea para confrontar políticas públicas legalizadas o instituciones establecidas, que pueden contradecir derechos constitucionales o normativas previamente establecidas.

Este, por ejemplo, es el caso de la movilización actual, y sus reclamos de acabar con el Esmad (en tanto que está atentando contra el derecho constitucional a la protesta) y de hacer cumplir la implementación del acuerdo de paz (legalmente sancionado).

Por lo tanto, son las movilizaciones igualitarias las que permiten que cambios verdaderos se puedan dar; son ellas las que obligan a que un orden de cosas establecido tenga que cambiar, ya que éste por sí mismo sólo reproduce sus dinámicas, incluso en las transformaciones desde adentro que contempla.

3. Asimismo, las formas de protesta hacen valer que el conflicto social es irreductible. Disuadirlas y neutralizarlas sólo trae consigo más violencia, ya sea por la violencia estatal que se tiene que desplegar al reprimirlas y perseguirlas, ya sea por las formas de reactividad y paranoia que esta represión puede desencadenar en quienes protestan.

Más aún, un régimen que impide el disenso (…) no puede esperar el asentimiento de sus ciudadanos, ni que éstos lo respalden afirmativamente, sino que tendrá que apelar cada vez más al miedo y a formas de violencia, para contrarrestar su impotencia. Pero por esta vía este régimen, según Arendt, no hace sin sembrar, poco a poco, su autodestrucción.

4. Por lo anterior es falso que las protestas igualitarias traigan inestabilidad. Al contrario, como ya lo entreveía Maquiavelo, un régimen se hace más estable, y más aceptado entre sus ciudadanos si puede encontrar la manera en que el conflicto social, en todo caso irreductible, se exprese (…)

5. La protesta también permite contrarrestar prácticas culturales e identidades sociales que se han vuelto incuestionadamente hegemónicas y que tienden a cerrarse contra aquellos que exceden sus fronteras de pertenencia (…)

6. Además, y por varias de las razones que he mencionado, el derecho a la protesta acoge como una actitud importante el poder desobedecer. Esto es fundamental porque cuando una sociedad se acostumbra a la obediencia incondicional, y se normaliza de acuerdo con un código de conducta que no admite la actitud crítica, puede llegar a ser capaz de las peores cosas. Así lo demostraron muchos ciudadanos de la Alemania nazi (…)

7. (…) El derecho a la protesta expresa un meta-derecho fundamental. Esto quiere decir que se trata de un derecho que le da sentido a todos los demás derechos: el derecho a tener derechos, el derecho a poder exigir que se puedan reclamar derechos cuando estos se niegan. Sin este metaderecho no tienen ningún sentido (…) los derechos humanos.

De modo que, a la luz de estos planteamientos, un régimen que impide el derecho a la protesta atenta fundamentalmente contra los derechos humanos (…)

26 de noviembre de 2019

(*) Filósofa. Profesora asociada Universidad de los Andes

https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/sobre-el-derecho-a-la-protesta-y-los-peligros-de-su-estigmatizacion/79217