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Por iniciativa de Colombia se convocó una cumbre de los ministros de Relaciones Exteriores de los países que hacen parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para el próximo martes 3 de diciembre en Bogotá.



Esta reunión busca hacerles seguimiento a las medidas adoptadas por los mismos países en contra de la República Bolivariana de Venezuela el pasado 23 de septiembre en Nueva York, con ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En esa ocasión se activó el tratado para incrementar las sanciones económicas y judiciales en su contra. Pero este mecanismo incluye también la opción de la intervención militar, que ni el gobierno de Estados Unidos ni el colombiano han descartado.

El compromiso del gobierno de Iván Duque para aislar y derrocar al gobierno del país vecino sigue siendo muy claro. Según Claudia Blum, la nueva canciller, Colombia seguirá apoyando el fortalecimiento del Grupo de Lima, creado para tal fin, para avanzar en la acción diplomática que permita crear las condiciones para que los ciudadanos venezolanos puedan “recuperar la democracia y la libertad”.

Este escalamiento de las acciones en contra del país caribeño sucede en un momento particularmente difícil para el gobierno colombiano y conflictivo para la región en su conjunto. Cuando han pasado apenas 15 meses desde el inicio de su mandato, el presidente afronta una movilización social desde hace varios días, sin precedentes en los últimos setenta años de la historia del país.

Todo arrancó con la convocatoria a un paro nacional por parte de las centrales obreras para el 21 de noviembre pasado, contra el “paquetazo” neoliberal.

Pero este llamado, que el gobierno y la extrema derecha trataron de impedir y desacreditar a toda costa, terminó convirtiéndose en una enorme movilización en todo el territorio nacional para exigir también la implementación integral del Acuerdo de Paz y el respeto a la vida de los líderes sociales, el cumplimiento de los acuerdos suscritos con las organizaciones de estudiantes, campesinos e indígenas y con las regiones más rezagadas del país.

A ello se suman las demandas de las organizaciones de mujeres y ambientalistas y de otros sectores. El gobierno ha respondido con una brutal represión, se ha negado a negociar y ha insistido más bien en un programa de diálogo nacional, que no consulta para nada las demandas de quienes están en las calles.

En el plano regional, varios gobiernos afrontan también luchas contra las medidas y los estragos de las políticas neoliberales. Basta ver las recientes estallidos sociales en Ecuador, Haití y Chile.

Por su parte, Donald Trump sigue sumido en graves disputas comerciales con China y la Unión Europea y ahora, en plena campaña de reelección, se encuentra ante la posibilidad de que se le adelante un proceso de impeachment, que podría llevar a su destitución.

Ante este difícil panorama en su país y en el continente, el imperio despliega sin ambages su versión más agresiva y su carácter más bélico y fascista.

Hace un par de semanas se concretó el golpe de Estado en Bolivia, en complicidad con la extrema derecha del país y la región y con el ignominioso Luis Almagro, convertido desde su llegada a la Secretaría General de la OEA en el principal agente de la política estadounidense en la región.

Además de los funcionarios y congresistas estadounidenses, reconocidos por sus posturas de extrema derecha, en la planeación del golpe, preparado desde hace meses, participó también el gobierno del presidente Iván Duque, como quedó en evidencia en unas grabaciones que dio a conocer por el gobernante destituido.

Pero la agresión contra los países de la región también se da más al norte, precisamente en su frontera sur. Hace pocos días la Casa Blanca confirmó su decisión de calificar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos.

Ello permitiría intervenciones militares de EEUU en territorio de México, sin autorización previa, con el pretexto de perseguirlos. “Cooperación sí, intervención no”, respondió López Obrador, quien ha mantenido una relación bastante conflictiva con el mandatario estadounidense.

Hay otros factores que hacen temer por la radicalización de las decisiones de Trump y sus aliados de la región frente a la República Bolivariana de Venezuela.

La estrategia de desacreditar y derrocar a su gobierno, intensificada durante este año, ha sido un fracaso. Después de que se autoproclamara como presidente interino y de hacer diversos anuncios y fijar plazos perentorios, Juan Guaidó ha perdido toda credibilidad, incluso entre sus mentores.

Su poder de convocatoria es nulo y algunos sectores de la oposición están negociando con el gobierno. En menos de un año, ha ido de escándalo en escándalo.

El fracasado intento de pasar ayuda humanitaria por la frontera con Cúcuta el pasado 22 de febrero le propinó dos golpes: el primero, las evidencias de su alianza, y la del gobierno colombiano, con el grupo paramilitar de los Rastrojos, que opera en la frontera.

El segundo, el escándalo por malversación de fondos recibidos para apoyar a los militares disidentes. Este episodio grotesco terminó con uno de ciencia ficción: la destitución del flamante “embajador” de su gobierno en Colombia por denunciar la corrupción de los allegados al autoproclamado mandatario.

Volviendo a la reunión convocada para el 3 de diciembre, debe recordarse que el TIAR fue firmado por los países del continente en Río de Janeiro en 1947, como un mecanismo para propiciar la defensa conjunta de los países signatarios en el marco de la Guerra Fría.

Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua se retiraron en 2012. Venezuela se retiró también de la OEA, pero este año se reconoció al representante del gobierno interino de Guaidó como su vocero ante este organismo.

Hasta ahora el TIAR no ha intervenido en ningún país del continente, pero en el contexto actual podría llegar a hacerlo. Resulta claro que se busca propiciar un incidente que justifique una intervención militar y este podría darse en la frontera con Colombia.

En este contexto, marcado por la exacerbación de las contradicciones políticas y sociales, resulta claro que Trump y sus aliados no descansarán hasta acabar con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Por encima de las diferencias que puedan existir con su gobierno, es fundamental preservar su derecho a la autodeterminación nacional. Los sectores demócratas y progresistas de la región deben entender que un conflicto bélico sería fatal para la región en su conjunto, pero en particular para Venezuela y Colombia.

(*) Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ACCE. Integrante de la dirección del Partido de Trabajo de Colombia, PTC

Addendum:
Para el martes 3 de diciembre se ha convocado un plantón para rechazar el TIAR, desde las 8 de la mañana en el Hotel Hilton (CORFERIAS), Carrera 37 # 24-29

Fuente:
https://labagatelaptc.blogspot.com/2019/12/el-gobierno-de-colombia-incendio-bordo.html