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La comunidad de Teorama responsabilizó al Ejército Colombiano de la ejecución extrajudicial de un joven y retuvo a un suboficial y cinco militares involucrados en el crimen.



La Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) emitió un comunicado donde señala que el 27 de junio “siendo aproximadamente las 10 de la mañana, fue asesinado el joven campesino Salvador Jaime Durán quien tenía 22 años de edad, esperaba ser padre de familia y era afiliado a la Junta de Acción Comunal de la vereda Filo Guamo parte baja”.

“De acuerdo a relatos de la comunidad, el joven se encontraba esperando a su señor padre en el lugar de los hechos, cuando fue impactado con varios disparos de arma de fuego, momentos después, su padre escuchó los llamados de socorro y acudió ante estos, percatándose que se trataba de su hijo, por lo cual, la comunidad del sector inició de forma inmediata la persecución de los presuntos autores materiales del homicidio”

“Luego de varios minutos de persecución lograron establecer que se trataba de 6 miembros del Ejército Nacional de Colombia”

El Sargento YUNDA perteneciente al Comando Operativo Energético número 1, unidad militar orgánica de la segunda división del Ejército Nacional que se encontraba a cargo de la unidad militar, negó inicialmente que los uniformados que intentaron huir de la escena del crimen fueran miembros del ejército.

Sin embargo, “tras varias preguntas de la comunidad admitió que sí estaban bajo su cargo, generando esto una gran contradicción y un evidente encubrimiento a los militares que presuntamente cometieron la ejecución”

“Dada esta situación, las comunidades bajo la figura de captura ciudadana procedieron a realizar un cerco humanitario en donde se les indicó a los militares el motivo de su aprehensión material, y así mismo, mediante el acompañamiento realizado por la personería municipal de Teorama, el señor alcalde de Teorama y la ASCAMCAT, se realizaron las comunicaciones correspondientes a los superiores militares, Fiscalía General de la Nación, Oficina de Derechos Humanos de la ONU para que se haga efectiva la judicialización de los militares y las demás acciones correspondientes en atención a que en la comisión de verificación adelantada, se pudieron encontrar elementos como vestigios de sangre, huellas, una prenda militar, residuos de alimentos y una escena del crimen en donde se puede determinar circunstancias de modo, tiempo y lugar”

“Nos permitimos exigir al Gobierno Nacional, y demás institucionalidad que representa el Estado colombiano, que se sirva realizar acciones encaminadas al respeto por la vida, la integridad, la paz y tranquilidad de las comunidades campesinas de la subregión del Catatumbo”

“Así mismo, solicitamos a la Comisión del Paz y derechos humanos del Congreso de la República hacer las actuaciones correspondientes en cuanto audiencias públicas, comisiones de verificación y demás relacionadas y en el mismo sentido a los organismos multilaterales en el alcance de sus facultades teniendo en cuenta los efectos negativos de las denominadas Zonas Futuro” que “como política de guerra han dejado 4 ejecuciones extrajudiciales en lo que va de 2020” precisa ASCAMCAT

El ejército señaló en un comunicado que sus tropas adelantaba operaciones de seguridad y "fueron atacadas ocasionando un intercambio de disparos". Versión que la comunidad niega.

En menos de 24 horas, otros tres líderes sociales fueron asesinados en diferentes regiones de Colombia: Ovidio Baena, Yoanny Yeffer Vanegas y un gobernador indígena del Chocó.

Ovidio era líder de la Unión Sindical Obrera de la industria del Petróleo (USO), y militante de Colombia Humana - UP.

“Otro militante de Colombia Humana asesinado. Ovidio Baena, dirigente de los trabajadores petroleros fue asesinado en Macayepo, Montes de María. La armada se niega a reconocer que Montes de María está siendo tomada por el paramilitarismo del clan del golfo y San Onofre”, denunció en su cuenta de Twitter el senador Gustavo Petro.

Tenía 68 años y había ido a su finca para hacer allí la cuarentena, evitando enfermarse de Covid-19, pues era hipertenso.

La Organización Indígena de Colombia (ONIC) reportó que el gobernador indígena de Agua Clara, en el Bajo Baudó (Chocó), estuvo desaparecido durante dos días y el sábado fue encontrado sin vida y con signos de tortura.

Finalmente las comunidades del Guaviare y sur del Meta responsabilizan al Ejército de la muerte del líder social Yoanny Yeffer Vanegas, quien apareció  con impactos de bala en inmediaciones de la vereda Picalojo en el sitio conocido como el cruce de Choapal.

Era oriundo y habitante de la vereda Puerto Cachicamo, y participó en las manifestaciones pacíficas desarrolladas entre el 20 de mayo y el 16 de junio, destacándose por su liderazgo y compromiso.

Esas manifestaciones campesinas fueron reprimidas violentamente por parte del Ejército y el ESMAD de la policía, arguyendo que se trataba de “una asonada organizada por los grupos guerrilleros que existen en esta región”

De igual modo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, afirmó que en la reunión del 11 de junio del 2020 en Tres Esquinas habían estado “los representantes de los grupos guerrilleros”, con lo cual señaló a todos los manifestantes y voceros campesinos como integrantes directos de grupos al margen de la ley.

Con esto el gobernador los convirtió en objetivo militar para engrosar las listas de los falsos positivos de las fuerzas armadas, y justificó los atentados contra sus vidas.

Los asesinatos sistemáticos de excombatientes de las Farc-ep, Indígenas y líderes sociales son fruto de la complicidad por acción y omisión del régimen Duque/Uribe.

Su respuesta ha sido afirmar con cinismo que lo que pasa “no es tan grave”

El 3 de marzo la Ministra del Interior Alicia Arango en la Mesa por la Vida celebrada en Puerto Asís (Putumayo) aseguró que era mucho más grave el fenómeno del robo de celulares que el de asesinatos de líderes sociales, y al día siguiente se lamentaba ante los medios porque “todos chillan por los líderes sociales y no por otros muertos”, expresando el desprecio y desagrado que le merecen a la burguesía y los terratenientes las personas que dedican su vida a la defender los derechos de las comunidades marginadas.

Frente al genocidio patrocinado por el régimen Duque/Uribe la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siempre acuciosos para denigrar del legítimo Gobierno Venezolano, guardan cómplice silencio.

Video relacionado:
Siguen los asesinatos de activistas colombianos
https://www.youtube.com/watch?v=LW1ohjEF2xI

Fuentes.
http://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/38-meta/12149-asesinato-de-lider-campesino-en-el-meta
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/12077-colombia-debe-proteger-la-vida-de-los-lideres-sociales-y-respetar-acuerdos-de-paz