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No se puede manipular la información para colocar como los hechos más graves los ataques con piedra a unos CAI y los incendios y daños a bienes públicos que el asesinato por obra de la Policía de 14 personas, en su mayoría jóvenes que protestaban en Bogotá este 9 de septiembre.



Centenares de heridos y decenas de muertos como resultado de la brutalidad de agentes del Estado son el hecho notorio y síntoma de la degradación de políticas mal llamadas de seguridad ciudadana.

El Editorial de El Espectador ubica bien los términos del problema al señalar que (…) “se sumaron más de una decena de muertos y centenares de heridos. Y sin negar que los violentos civiles hicieron daño y que incluso las acciones contra los CAI y el transporte público mostraban poca espontaneidad, lo más aterrador fue ver a agentes del Estado actuando sin ley contra la ciudadanía. Vimos los videos: policías ocultando su identificación, atacando a periodistas y a gente que grababa, arrastrando a personas, soltando amenazas que no deberían estar en el vocabulario de un agente del Estado. Después del espectáculo deplorable que han dado los miembros de la institución en estos días, ¿no se tomarán medidas más allá de un ofrecimiento de disculpas?”

El gobierno, en palabras del Presidente Iván Duque para abajo, ha querido desviar la atención hablando sobre todo de los daños a los CAI y llamando a condenar un vandalismo que ya asigna a una conspiración del ELN y las disidencias de las FARC.

El jefe de la coalición de gobierno ya volvió al sonsonete con el cual acusa al terrorismo internacional y vincula los hechos vandálicos con el llamado al paro del 21S como obra del satánico Foro de San Pablo.

Esa retórica del vandalismo se apoya en datos de inteligencia sobre la existencia en Bogotá de bandas delincuenciales armadas y desde 1964 células del ELN, para acusar como terrorista a cualquier joven que proteste indignado y le tire piedra a un CAI en donde torturan ciudadanos o desde donde salieron los agentes preparados para atropellar y esos sí, vandalizar a los ciudadanos inconformes o a los vulnerables estigmatizados.

Lo que debe esclarecer es la forma como viene siendo entrenada y equipada la policía para la tarea de garantizar el orden público y el derecho a la protesta. Todo indica que desde la cúpula de la Fuerza Pública y con la anuencia del Presidente de la República se está entrenado a la policía para actuar contra la protesta como si se tratara de asonada, terrorismo y conspiración contra el Estado.

La autorización para llevar armas de fuego y armas de daño permanente, es una tácita autorización para matar, encubierta con la promesa de impunidad en procedimientos oscuros de justicia penal militar que también cobija a policías.

El rechazo a la quema de buses no puede ocultar el rechazo al vandalismo policial. Semejante autorización para matar en 2020 ya ha cobrado decenas de muertos en Colombia a manos de la Policía y todo se mantiene en la impunidad.

Bogotá D.C. 13 de septiembre de 2020

Fuente:
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/09/Bolet%C3%ADn-contra-el-vandalismo-de-la-polic%C3%ADa.pdf