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Un numeroso grupo de generales en retiro, entre ellos un ex ministro de Defensa, ex comandantes del Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Consejo de ex directores de la Policía Nacional, le hicieron llegar la semana pasada una carta al presidente Juan Manuel Santos en que le plantean la oposición a varios aspectos medulares del Acuerdo de La Habana, porque según ellos colocan en peligro la seguridad nacional. Entre los firmantes, llama la atención, que está el general Jorge Enrique Mora Rangel, quien hizo parte de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional y aprobó el texto del Acuerdo Final en sus dos versiones, antes y después del plebiscito del dos de octubre del año pasado.



La carta aunque “amarra los perros” al final de la misma y le plantea al mandatario que intervenga para no ser calificados sus firmantes de “enemigos de la paz”, no hace ninguna alusión al logro del acuerdo y al hecho histórico que este signifique el fin por vía de la negociación de una aguda confrontación de más de medio siglo que no se resolvió en el campo de batalla. Los firmantes son generales derrotados porque fueron incapaces de dirigir a sus tropas a la victoria y ahora saltan al terreno político para oponerse, porque es el fondo oculto de la protesta, al acuerdo que le puso punto final a la guerra.

En el primer punto cuestionan la existencia de las Zonas y Puntos de Transición y Normalización donde los combatientes de las FARC-EP harán la dejación de las armas y los preparativos para el tránsito a un partido político de presencia nacional y pública. Los militares no ocultan su frustración porque querían presentar a los guerrilleros en largas filas para entregar las armas como si hubieran sido derrotados. Caen en un grave y malintencionado error histórico al decir que con las zonas puede acontecer lo mismo que con las llamadas repúblicas independientes en el pasado, que “tanto daño causaron a la integridad territorial de la nación”. No eran tales, así las llamó la entonces caverna extremo derechista para justificar la agresión armada, urdida desde Washington, para acabar la resistencia campesina a la violencia estatal y latifundista. Dicha agresión metió al país en una guerra de muchas tragedias y de más de medio siglo de duración, que ahora llega a su fin mediante un acuerdo pacífico, político y social.

El meollo de la carta es la resistencia que tienen los generales a la Justicia Especial de Paz. Protestan por lo que llaman el trato diferencial, pretenden es blindarse de las investigaciones de la JEP y de la verdad histórica por las responsabilidades que tienen en tantas violaciones de los derechos humanos. Aspiran a la seguridad jurídica. Sienten temor por la verdad, porque el principal violador de los DD.HH. ha sido el Estado, así como infractor del DIH.

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