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Entrevista con Aída Avella
La presidenta nacional de la Unión Patriótica habla de las preocupantes cifras de ataques y asesinatos contra activistas sociales y de las semejanzas que, asegura, existen entre estos crímenes y el exterminio de su partido hace más de 20 años.



La senadora por la Lista de la Decencia y presidenta nacional de la Unión Patriótica, Aída Avella.

Que no existe unidad sobre la definición de líderes sociales, que tampoco hay cifras unificadas de asesinatos, ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos, que las medidas de protección han sido insuficientes y que, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía, pocos avances se han dado para determinar quiénes están detrás de los crímenes, son varios los reclamos que desde sectores políticos y sociales le han hecho al Gobierno ante lo que parece un incontrolable fenómeno que se sigue expandiendo por el país.

En el Congreso, el tema fue abordado el miércoles de esta semana en un debate de control político en el que los representantes de la Fiscalía y los ministerios del Interior y de Defensa expusieron las medidas que hasta el momento se han tomado para tratar de frenar las muertes y brindar mayores garantías de seguridad a quienes defienden procesos sociales en los territorios. Aun así hay quienes consideran que la política general está desarticulada.

Así lo asegura la senadora por la Lista de la Decencia y presidenta nacional de la Unión Patriótica, Aída Avella, quien sostiene que lo que está ocurriendo con los líderes sociales se asemeja mucho al exterminio de la UP. Insiste en la necesidad de un encuentro con el presidente Iván Duque para abordar el tema en todas su dimensiones y que se deje de estigmatizar la labor de los activistas, pues a raíz de eso algunos intentan justificar las muertes.

¿Por qué no han servido las medidas adoptadas para proteger a los líderes sociales?

El Estado tiene un conjunto de normas e instituciones a nivel interno que no se articulan para la protección y prevención de ataques contra los defensores de derechos humanos. La política de protección no es integral, es desarticulada y no produce los resultados esperados. Como consecuencia de esta falta de efectividad es notable la violencia contra los defensores durante los 20 meses después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Todos los sectores están realmente victimizados. Hablo de la gente que en este momento está defendiendo la tierra, los que están a favor de la sustitución de cultivos, los indígenas.

¿Cuál es la situación de los miembros de la UP?

Últimamente han aparecido brotes contra la Unión Patriótica. Hace unos días distribuyeron por los lados de Soacha una amenaza horrible. Esto es la continuación del asesinato de Jéfferson Andrés Arévalo en Puerto Rico (Meta), que era un sobreviviente de la Unión Patriótica y cuya madre había sido asesinada por ser de la UP. Y del asesinato de Jorge Eliécer Roa Patiño en Miraflores (Guaviare). Él también había sobrevivido al gran genocidio, se había ido para Brasil y llevaba pocos meses viviendo en Guaviare.

¿Por qué habla de similitudes entre el asesinato de líderes sociales y lo que fue el exterminio de la Unión Patriótica?

La inmensa preocupación que tenemos en este momento es que tienen exactamente el mismo método, hay una sistematicidad notable en todos esos crímenes. Esto lo hicieron durante el genocidio de la Unión Patriótica, porque había listas de la gente que había que asesinar, y yo creo que en este momento hay de nuevo listas, por ejemplo, de los líderes que viajan de un departamento a otro.

¿Y quién estaría detrás de los crímenes?

Tiene que haber una estructura nacional como también la había en el caso de los crímenes contra la UP. Todos los testimonios de los jefes paramilitares y de algunos que estuvieron financiando el genocidio nos demuestran que hubo muchos agentes del Estado vinculados al exterminio, y yo creo que en este caso también hay agentes del Estado, aunque no sabría cuántos. Lo cierto es que hay casos muy indicativos, por ejemplo en el Cauca, donde resultó capturado un policía activo involucrado en el asesinato del líder indígena Luis Joaquín Yandi Camayo.

¿Les preocupa el papel de la Fuerza Pública?

Lo que más preocupa es que es precisamente en zonas altamente militarizadas en donde más ocurren asesinatos. Hablemos del Cauca, por ejemplo. No creo que haya otro departamento con más militares que ese, sin embargo, en municipios como Miranda y Caloto los criminales reparten y distribuyen amenazas puerta a puerta sin que al parecer nadie los vea. ¿Cómo es posible que eso suceda en zonas donde la Fuerza Pública tiene altísima presencia? Ellos lo tienen que explicar. Lo mismo sucede en la zona del Bajo Cauca y Norte de Santander. Curiosamente son esos los departamentos en los que más casos de líderes sociales asesinados se han registrado en los últimos meses. Uno se imagina que con tanta presencia de la Fuerza Pública no puede haber asesinatos. Y el caso de las amenazas en Soacha demuestra que las grandes ciudades no están exentas.

De hecho, se conoció recientemente una amenaza atribuida a las Águilas Negras en la que figuraban usted y otros congresistas...

Las amenazas que han salido son una advertencia clara. Esto ya se sufrió en Colombia, ya sabemos cómo son sus estructuras, ya tenemos conocimiento de cómo actuaron, con los testimonios de los paramilitares. ¡Por favor: están haciendo exactamente lo mismo de hace 20 años!

¿Y esas inquietudes se las han trasladado al Gobierno Nacional?

Aquí hay una situación que el presidente tiene que abordar. Nosotros estamos pidiendo, como Unión Patriótica, una reunión con él exclusivamente para hablar de los asesinatos de líderes sociales, entre ellos varios militantes de la UP.

¿Cree que ha habido deficiencia en la respuesta estatal para atender el fenómeno?

No solamente se ha desconocido lo que se está viendo en la realidad, sino que además tratan de desviar la atención para justificar lo que pasa. Dicen que los matan por celos, que es asunto de faldas, que eran simples riñas. Cuando asesinan a un líder le han hecho un seguimiento, un estudio de su vida, saben cuántos hijos tiene, dónde vive, su mujer a qué hora llega, dónde trabaja, etc. Eso no lo puede hacer todo el mundo; las posibilidades de elaborar planes así no las tiene cualquier grupo de sicarios a los que les pagan $200.000 para que maten a alguien. Aquí hay una estructura nacional muy grande, que tiene dinero para hacer seguimientos, la capacidad de pagar sicarios o incluso de matar ellos mismos.

¿Hay ambiente en el nuevo gobierno para empezar a abordar el tema en sus dimensiones?

Pues ya hemos visto algunas respuestas del ministro de Defensa, que creo que hubiera quedado mejor ubicado como ministro de Comercio Exterior porque eso es lo que él sabe. En la administración pública la gente no puede dedicarse a aprender en un ministerio; eso es muy delicado. Por eso tenemos que hablar con el presidente. Tenemos todo el derecho de exigir que por favor no maten a la gente porque ya sabemos quiénes los matan y cómo los matan. Es exactamente la reproducción del genocidio de la Unión Patriótica, con otros nombres, pero con iguales actores. Unos que financian, otros que ayudan y otros que protegen a los que están quitándole la vida a la gente.

Foto: Gustavo Torrijos - El Espectador

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