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¿Con la orden que Trump le dio al Presidente Iván Duque ahora sí se viene la lluvia de glifosato?: Si no hace bien su tarea contra las drogas Usted “será un presidente más” le dijo en la Asamblea de las Naciones Unidas cuando firmaban el “Llamado global a la acción sobre el problema mundial de las drogas”.



Pero desde mucho antes los emisarios de Washington le han venido dictando la tarea a las autoridades colombianas, colocando la reducción de hectáreas de coca, y de las remesas de cocaína, como la prioridad en las relaciones bilaterales y en toda la agenda nacional.

A la hora de los discursos todos hablan de la lucha contra las drogas en cada eslabón del negocio y del consumo, pero cuando se pasa a los recursos se llega a la escueta fórmula de perseguir la oferta, y en la oferta la producción de hojas de coca y a los pequeños cultivadores.

Entonces aparece la fumigación aérea con glifosato como la varita mágica para hacer de la erradicación forzada la estrategia maestra.

Ya el ministro Luis Carlos Villegas había corrido a hacer el show de los drones como la gran solución a ras de tierra y el heredero, Guillermo Botero, comenzó su gestión hablando maravillas del uso inofensivo de glifosato como herbicida en la agricultura.

A estos se sumaron rápidamente opinadores de la ultra que salieron a decir que la Organización Mundial de la Salud está equivocada al alertar sobre los riesgos cancerígenos del glifosato, y que el pronunciamiento de la Corte Constitucional que llevó a la suspensión de la aspersión aérea con glifosato puede tener un atajo y convertirse en autorización para fumigar otros dos millones de hectáreas.

Mejor dicho, vuelve y juega como ha ocurrido en los últimos cuarenta años con la utilización de químicos en la guerra área contra los cultivos y los cultivadores de coca y marihuana. [1]

La fumigación aérea con glifosato ya mostró su fracaso como todo método de erradicación forzada, como lo demuestran varios estudios sobre la relación costo beneficio.

El director de la ONUDC en Colombia (*), Bo Mathiasen, se ha ocupado de recordarlo en estos días cuando entregó el informe de monitoreo que registra un aumento de hectáreas de coca en 2017 y la cifra histórica de 177.000 hectáreas.

Mathiasen, en su tono diplomático anotó que “Aquí no estamos hablando solo de matas y plantas, sino de comunidades que viven en zonas donde por varias razones, la coca, la amapola y la marihuana acaban siendo el ingreso para las familias. Este es el gran desafío: cambiar la lógica de economía de estas familias que viven en esas zonas, que han sido golpeadas por el conflicto durante años”.

Pero en esta nota no voy a detenerme en este aspecto clave de la necesidad de un enfoque de reconversión de economías, ni de la inoperancia de la erradicación forzada que ha llevado en todas partes al desplazamiento de poblaciones, y a la siembra en otros lados de los cultivos objeto de erradicación.

Me limito a retomar alegatos sobre la bondad del glifosato, conocidos desde hace décadas, que hoy vuelven en los discursos de los defensores de la aspersión con glifosato.

“El principio de precaución se aplica cuando no hay certeza científica absoluta de ausencia de daño”

Sobre los efectos nocivos del glifosato en la salud venimos debatiendo desde los años ochenta citando estudios científicos. Decir que el glifosato no tiene riesgos para la salud y el ambiente, va en contra de advertencias del mismo Monsanto en los protocolos de uso en jardinería y a las más bajas concentraciones.

Ministro Botero: vuelva y lea la etiqueta del Roundup, o en otra de las decenas de marcas del glifosato, que venden en la tienda agrícola de la esquina y pregúntese porqué advierten que deben protegerse los ojos y la piel cuando se use, que toda la ropa debe ser de seguridad y se lava después de utilizarla una vez, que se debe retirar a toda persona y animal doméstico para ser aplicado; exigen que se tenga cuidado de guardar distancia con cuerpos de agua y habitat de peces, exigen que no se viertan aguas residuales de la mezcla o del aseo personal en causes de agua, que no ingresen personas al pedazo fumigado en varios días y no se permita el pastoreo antes de 21 días.

Cuando se trata de glifosato concentrado las precauciones son mayores y en todo caso se advierte sobre la toxicidad y el peligro para la salud de las sustancias que se mezclan como surfactantes que ayudan a fijar el herbicida en el tallo de las plantas. [2]

Tanto que dice saber el ministro Botero sobre este asunto debería llevarlo a mencionar la distinción de uso en aspersión de cultivos ilícitos, que se hace con alta concentración y en una mezcla peligrosa con POE y Cosmo – Plus y, por otro lado, el uso en la maduración de cultivos de caña, sorgo, soya y demás que utilizan muy bajas concentraciones y siguen protocolos estrictos.

¿Sabe el ministro que a pesar de esas precauciones la OMS clasificó ese uso en la agroindustria en la lista 2 A de sustancias con riesgo cancerígeno?

Monsanto alegó todo el tiempo, y ahora lo repite Bayer el nuevo dueño de esa empresa, que siguiendo todas las precauciones, se logra un efecto cero en contra de la salud y del ambiente, incluidos los suelos.

A los centenares de estudios científicos opuso otros tantos contratados o que recibieron su apoyo para descalificarlos por falta de rigor.

El giro de la situación se dio en 2015 cuando la OMS ordenó cambiar la clasificación del glifosato y pasarlo al grupo 2A como parte de la lista de productos potencialmente cancerígenos.

Para esta medida la OMS en un consejo de expertos de varios países, consideró las últimas investigaciones del IRC y su correspondencia con estudios de otros centros científicos.

Por esto no se limitó a constatar la posible relación con el linfoma No Hodgkin, sino que decidió darle una calificación más amplia como potencialmente cancerígeno. La respuesta de Monsanto volvió a lo mismo: habló de “ciencia basura” la de la Organización Mundial de la Salud.

Como están en cuestión ventas globales de 700.000 toneladas/año, la controversia sobre potenciales daños a la salud está al rojo vivo. Ahora la vocería del debate en contra de la clasificación de la OMS la ha asumido la empresa Bayer respaldada por algunas autoridades en Alemania.

La Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) clasificó al glifosato como no cancerígeno, en tanto los centros de investigación en Francia y otros países sustentan las restricciones e incluso prohibiciones de uso de este agrotóxico.

El Parlamento Europeo ha pedido considerar la prohibición de estas sustancias, y la Comisión Europea se ha dada plazo hasta el 2022 para tomar una decisión final.

Y se han publicado en dos años numerosas investigaciones en EEUU y Argentina, entre otros, que alertan de potenciales daños a las abejas y a la salud humana.

La corte constitucional evaluó varias fuentes:

La sentencia T-080/17 de la Corte Constitucional de Colombia retoma las recomendaciones del Ministerio de Salud, que se basaron en el pronunciamiento de la OMS, para pedir la suspensión del uso del glifosato para la aspersión aérea de cultivos ilícitos.

La sentencia comienza señalando que “El glifosato es una sustancia que tiene la potencialidad de afectar la salud humana como probable agente cancerígeno y, también, de forma muy peligrosa, el medio ambiente” pero se limita a la prohibición de la aspersión aérea de cultivos ilegales con esa sustancia, sin mencionar otros usos que fueron la base del pronunciamiento de la OMS.

Además, la decisión de la corte no se basó sólo en esos estudios pues hace una larga relación de otros efectuados en varios países que concluyen sobre los efectos negativos de la exposición al glifosato que llevan a lesiones genéticas, en el ADN de mamíferos, daños en células placentarias humanas y también impactos negativos en el ambiente incluidos suelos y especies acuáticas.

La Corte también menciona estudios desde la contraparte, que pretenden desvirtuar a los que advierten sobre los riesgos del glifosato para la salud y el ambiente, y con base en unos y otros llega a la conclusión que es obligado invocar el principio de precaución, en particular en la utilización contra cultivos ilícitos que conlleva riesgos adicionales por las altas concentraciones, uso de otras sustancias tóxicas en la mezcla y procedimientos de difícil manipulación.

No sobra recordar el alcance del principio de precaución citado por la Corte en la mencionada sentencia:

El principio de precaución se aplica cuando el riesgo o la magnitud del daño generado o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual generalmente ocurre por la falta de certeza científica absoluta acerca de las precisas consecuencias de un fenómeno, un producto o un proceso. (ST-080/17).

La interpretación del Ministro de Defensa supone que si se utilizan drones a baja altura en terrenos controlables, o se recurre a la aspersión en avionetas con nuevos métodos, se cumplen los criterios establecidos por la Corte.

Pero parece que el Ministro no entiende los requisitos que puso la S T086/17 sobre necesidad de estudios científicos que den la certeza absoluta de no daño.

Dice la Corte: “(…) resultaría más adecuado que la política pública de erradicación de cultivos ilícitos se reglamente vía ley ordinaria. Esto implicaría mayores procesos de discusión, de control y de participación por parte de la sociedad civil en la construcción de una política con mayor enfoque social que tenga como objetivo la protección la salud de las poblaciones humanas y el medio ambiente. En consecuencia, una nueva legislación que atienda a los parámetros aquí señalados, necesariamente debería estar precedida de estudios científicos y de consulta previa antes de su aprobación en el Congreso”.

Ojo Presidente Duque: La Policía Nacional ha estado experimentando con otra molécula pero parece estar lejos de tener estudios que den certeza científica absoluta y pasen la prueba ante la comunidad del conocimiento.

Estudios científicos son aquellos que cumplen con los estándares nacionales e internacionales de método y control entre pares, y no conceptos de amigos o de agencias y laboratorios interesados en el negocio.

Allí tiene como asesor al profesor Daniel Mejía que hizo con Adriana Camacho un serio estudio sobre el tema y parece que no se dejan presionar por la DEA ni por las zanahorias y garrotes de Trump.

En ese estudio revisaron historias clínicas en zonas impactadas por la aspersión aérea con glifosato y concluyeron que “que la exposición al glifosato utilizado en las campañas de aspersión aérea de cultivos de coca aumenta la probabilidad de sufrir trastornos en la piel (problemas dermatológicos) y los abortos”. [3]

Tener estudios científicos que permitan contradecir el principio de precaución, y declarar basura a las clasificaciones de la OMS no es asunto de un día para otro.

En 1992, cuando salió el Código de Plaguicidas (y herbicidas como el glifosato), aprobamos que se harían estudios epidemiológicos para monitorear su impacto en la salud y hasta la fecha están en veremos.

Y a propósito de la ya recitada Sentencia T-080/17, no se debe olvidar la recomendación de realizar con rigor la consulta para el consentimiento previo, libre e informado cuando se trata de acciones de erradicación en territorios colectivos, y tampoco ignorar que la Corte pidió:

“incluir la participación de un representante de las comunidades étnicas del país en el Consejo Nacional de Estupefacientes, de manera que este órgano pueda contar con la perspectiva de las comunidades que son quienes más han sufrido con la ejecución de las políticas de erradicación de cultivos ilícitos”.

La conclusión de este alegato es que en la lucha contra el narcotráfico y la reducción de cultivos de coca hay mejores alternativas que volver por encima de todo a la aspersión aérea con glifosato, y que es tortuoso el camino de forzar a la Corte a volverse cómplice de la estulticia glifosatomaníaca.

(*) ONUDC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Notas
[1] http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/08/Memoria-historica-de-las-fumigaciones.pdf
[2] https://www.ypf.com/ProductosServicios/Documents/ficha-de-seguridad/glifosato.pdf
[3] http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/Adriana_Camacho_Daniel_Mejia_Consecuencias_aspersiones_caso_colombiano_2013.pdf

Addendum:
Iván Duque no es el títere de Uribe, porque desde hace tiempo encarna su visión de extrema derecha. Duque es un títere de Trump, el criminal de cuello blanco, convertido en su “nuevo mejor amigo”, y por ello, aparte de su obediencia ciega en el tema del glifosato y el narcotráfico, se dedica a preparar la guerra contra Venezuela, con la bandera de la “crisis migratoria”.

“Olvida” que producto del deterioro de la calidad de vida, la droga y la guerra, han emigrado desde Colombia más de 12 millones de personas, y cerca de la mitad de ellos a Venezuela.

Y que, por ejemplo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en 2017 emigraron como personas de interés a Canadá 4 colombianos por cada venezolano.

Gráfica.- Fotomontaje Semana

Fuentes:
https://prensarural.org/spip/spip.php?article23542
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=247283
http://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/6128-seis-corruptos-y-violadores-de-ddhh-los-acusadores-de-maduro-en-la-cpi
https://www.unodc.org/colombia/es/index.html
https://lasillavacia.com/duque-no-seria-el-titere-de-uribe-porque-ya-encarna-su-vision-66389
https://lasillavacia.com/duque-el-nuevo-mejor-amigo-de-trump-66965
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/5870-el-nuevo-mejor-amigo-de-ivan-duque-es-un-criminal-de-cuello-blanco