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La realidad es aquello que no se puede desconocer. Se la puede impostar, disfrazar y ocultar. Pero está ahí y algún día reivindica sus fueros. Como las correntías a las que se les cambia el cauce, siempre guardan el recuerdo del original, y algún día lo retoman.



Y esta introducción para tratar de lo que contra toda previsión y muy en especial la del Constituyente de 1991, se convirtió en una peligrosa “fiera suelta” que amenaza y aniquila a cualquier desprevenido ciudadano de cualquier condición : la Fiscalía General de la Nación. Y remitiéndonos  más al objeto de este artículo, a la persona que hoy se desempeña como Fiscal General de la Nación.

Siempre nos ha parecido sospechoso -¡y en qué grado!-, que una persona, “común y silvestre” así sea preparada y talentosa, sin aristocracia en su origen y que no es heredero siquiera de una pequeña fortuna que lo haya proyectado en el mundo social o político, resulte alcanzando el nivel de encumbramiento al que hubiera aspirado un curtido político o un hijo de las castas que han gobernado este país. Y ello no en uno, sino en  cuatro gobiernos, haciéndose tan imprescindible, que fue ministro  de dos sucesivos cuyos  presidentes se detestaban. Y para más   veras, para llegar a esas eminencias contó también con el respaldo de las cumbres el poder judicial y legislativo ¿Qué poder imperial hay entonces detrás de Martínez Neira?

Respondiendo a  la anterior pregunta, de más está decir que desde luego la embajada norteamericana, aunque no sabemos por qué escabrosa vía, forma contractual, o bajo qué -¿inconfesable?- contraprestación. Esto, además de ser  una  obviedad en un país con el oficialmente admitido nivel de sumisión frente a los Estados Unidos –desde cuando  el presidente Marco Fidel Suárez  ya en 1914 fijó la doctrina “Respice Polum” como guía de la política exterior de la nación-,  dependencia que permite que por ejemplo el ascenso a generales de la República deba pasar por la criba de esa embajada, así como que no pocos llamados a calificar servicios tengan igual origen. Y a esta relación del Fiscal con ese poder que ya nadie duda es imperial, se le aúna otro nada desdeñable: el del grupo empresarial –industria, banca, medios y obras públicas entre otros- más poderoso del país, la Organización Sarmiento Angulo, de la que el hoy Fiscal  Martínez Neira es entraña.

Lo anterior quizás sea parte apenas de la explicación de la importancia excepcional de este personaje, para quien el anterior presidente el Premio Nobel Juan Manuel Santos consideró imperioso crearle un ministerio de mayor jerarquía que todos los demás, “Superministro” se lo denominó. Tan de verdad superior, que los ministros del Despacho debían tratar con él los  asuntos de su cartera que fueran del resorte presidencial.  Distinción que además de la sin igual colección de ministerios, superintendencias, embajadas, decanaturas,  juntas directivas públicas y privadas incluida la del Banco de la República, y ahora la todopoderosa -más bajo su  omnímodo mandato- Fiscalía General,  le da  a Martínez el privilegio que parece don de salir  indemne de los escándalos que también lo han rodeado.

Porque el actual Fiscal General de la Nación que con mano de hierro criminaliza,  lincha mediáticamente y ordena violentas acciones militares contra los bienes de personas imputadas a veces acompañadas del grosero espectáculo  de su destrucción  –v. y gr. supermercados de la familia Mora Urrea acusada de “ser testaferros de las Farc”-, mano que acompaña de la exigencia a los jueces de imponer la excepcional medida de encarcelamiento a toda suerte de imputados con el sambenito  de constituir un peligro social, ese Fiscal General repetimos,  ha estado de alguna manera comprometido en  escándalos de corrupción. Más graves en todo caso –dejando a salvo el ruido cotidiano del vulgar amarillismo-, que aquellos con los que los medios un día sí y otro también estimulan el morbo del consumidor de novedades.

Ejemplo de lo dicho son los casos de Odebrecht, socia de una firma del Grupo Aval de Sarmiento Angulo del cual Martínez Neira ha fungido como su principal abogado; asociación que recaía en la obra conocida con la Ruta del Sol. Hasta ahí, nada reprochable. Lo grave es que Odebrech reconoció ante la justicia norteamericana que para obtener dicho contrato pagó  sobornos por Once millones de dólares a funcionarios colombianos. Y éso se supondría, compromete al Grupo Aval ya que tal pago no tendría por qué salir de las arcas de uno solo de los socios, si el beneficio obtenido era para los dos.

Otro caso, igualmente reciente, es el crédito del Banco Agrario –oficial- en cuantía de Ciento veinte mil millones de pesos,  a la firma Navelena –propiedad mayoritaria de Odebrecht-, cuyo pago está en cuestión. Hasta ahí, tampoco, nada que reprocharle a Martínez Neira. Lo grave es que ese crédito fue concedido irregularmente por el banco oficial a través de la financiera Corficolombiana, del mismo Grupo Aval, bajo la asesoría del hoy Fiscal. No es de poca significación que el presidente de la financiera esté  en prisión por esa gestión. 

Los anteriores eventos podríamos decir, pueden  constituir o no actos de corrupción. Sus singularidades, esa zona gris entre la asesoría jurídica a una empresa y lo que ella ejecute entre los prolegómenos del asunto asesorado y su ejecución, puede favorecer a Martínez. Es el beneficio de la duda que él  no reconoce a sus procesados-perseguidos, notoriamente cuando son opositores a ese establecimiento que tanto lo ha encumbrado, fineza que devuelve haciéndose su más feroz defensor.

Pero por los días que corren,  han salido a relucir algunas conductas grabadas en el historial reciente de Martínez Neira, que como marca indeleble lo acompañan y  develan rasgos de una sinuosa personalidad. Dichas conductas, que en caso de no tener inmediata y convincente explicación impondrían  la también inmediata renuncia del Fiscal General, son las siguientes:

-Según documentada denuncia del periodista Gonzalo Guillén, el Fiscal Martínez Neira a través de una sociedad de papel en Panamá, es propietario de un apartamento en Madrid que valdría la extravagante suma de 3.2 millones de euros. Hasta ahí nada grave. Lo que sí, que ese bien no lo estaría declarando como patrimonio en el exterior cuál es su incuestionable obligación, con la consiguiente defraudación al fisco. Una tal conducta por una persona de interés del Fiscal, daría lugar a cargos por concurso de hechos criminales. Y veríamos el desgarrarse de vestiduras de su  delegado solicitando la privación de libertad dada “la peligrosidad del imputado”. Vamos a ver qué tan en consecuencia obra en este caso.

- Uno de los eventos de corrupción más grandes en la historia reciente del país, es el relacionado con la disputa civil  entre el concesionario por muchos años en Colombia de la firma Hyundai, y la matriz coreana. Pues bien, en el marco de ese litigio se decretaron unas medidas cautelares inéditas en ese tipo de procesos, lo que obligó a la marca coreana a conciliar indemnizando a su antiguo concesionario. Por esa actuación, hoy están en prisión el Juez que decretó tal medida, varios funcionarios judiciales y  los abogados del beneficiario. Pues bien, el  abogado Alex Vernot, recientemente capturado como abogado del actor comprometido, ha denunciado que cuando se decretaron las medidas fraudulentas,  quien fungía como apoderado del demandante  era…..el hoy Fiscal General Néstor Humberto Martínez. Sin palabras.

- El Fiscal ha sido además un feroz enemigo del Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. A esa causa ha dedicado tanto los poderes que tiene, como los que no. Gestiones ante las Cortes y el Congreso amén de ataques generosamente recogidos por  los medios, ha empleado para desvirtuar los puntos centrales del Acuerdo. Uno de ellos, la Jurisdicción Especial para la Paz a la que tratado de desconceptuar y anular, pretendiendo que sea una dependencia de la Fiscalía.

El golpe  más  rudo de Martínez al Acuerdo de Paz en su propósito de hacer realidad el desiderátum uribista de “hacerlo trizas-, fue la captura del antiguo dirigente guerrillero y uno de los principales negociadores en La Habana, el escritor y polifacético artista Jesús Santrich. Captura con fines de extradición a pedido  de la embajada de los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. La razón dada por el Fiscal General  ante la conmoción que produjo un hecho que equivalía al rompimiento del Acuerdo de Paz,  fue la existencia de “pruebas contundentes e incontrovertibles” de que Santrich, después de suscrita la paz, “había continuado en el negocio del narcotráfico”.

Pues bien, después de fuerte debate entre el Fiscal Martínez y la Jurisdicción Especial para la Paz por la competencia para asumir el caso, la Corte Constitucional zanjó la discusión: la JEP tenía facultad para conocer y valorar las pruebas contra el ex comandante guerrillero. Y aquí fue donde quedó en cuestión la credibilidad y  transparencia de Martínez. Habiendo debido reiterarle la JEP la exigencia del envío de las pruebas contundentes e irrefutables contra Santrich, Martínez se vio precisado a responder que no tenía  ni conocía absolutamente nada de ellas…. Y como evidencia de su talante y al servicio de quién está, manifestó  que esas pruebas sólo las conocía la Corte del Estado de  Nueva York, pero que en ellas confiaba ciegamente. Con lo cual quedó acreditada una de las hipótesis aquí planteadas sobre el personaje: el halo protector que lo cubre, la flamante embajada norteamericana en Bogotá.

Lo cierto, es que estos estos tres escándalos  en el curso de las últimas semanas, ha desatado una ola de indignación entre los sectores jurídicos y democráticos del país,  expresada en  un reclamo generalizado: la necesidad y el apremio de la renuncia del Fiscal Martínez Neira.

Alianza de Medios por la Paz
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