Nacional
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La Constituyente de Exiliados Colombianos, víctimas directas del conflicto a causa de los crímenes de Estado por acción y omisión, rechazamos de manera vehemente la intensión del partido de gobierno Centro Democrático y, sus aliados en el Congreso de la República, de reformar el Acto Legislativo No. 1 de 2017 que hace parte de la Constitución Política de Colombia y que crea las disposiciones para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.



Específicamente la parte concerniente a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, donde se pretende crear secciones y salas especiales con grupos de magistrados, que trabajaran de manera separada para juzgar a las Fuerzas Militares, la Policía y agentes del Estado. De llegarse a aprobar esta iniciativa, se desvirtúa de manera tajante la Justicia Transicional y estaríamos ante:


1. Total impunidad, pues los magistrados serían elegidos por órganos del Estado que han sido parte directa e indirecta del conflicto y que en resumidas cuentas, vendrían a ser “juez y parte” de dichos procesos, para garantizar que los miembros de la Fuerza Pública y agentes del Estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, puedan eludir la acción de la justicia.  

2. Los derechos de las víctimas del Estado colombiano, incluidos nosotros los exiliados, en número superior al millón de personas, nos veríamos lesionadas y burladas, al desvirtuar completamente el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Las víctimas de Estado tenemos el legítimo derecho a una justicia imparcial de conformidad con el compromiso adquirido en la JEP.  

3. Incumplimiento por parte del Estado Colombiano al Acuerdo de Paz firmado y su implementación. Así como las obligaciones internaciones por ser el Acuerdo incorporado en una resolución del Consejo de Seguridad de las naciones Unidas y en concordancia con el Derecho Internacional Humanitario. A esto hay que agregar, igualmente, el incumpliendo al compromiso público que hizo recientemente el presidente Iván Duque en su gira por Europa de implementar el Acuerdo de paz, para lo cual evidentemente pidió financiamiento.  

4. Hacemos un llamado  a la  alta representante de la Unión Europea para asuntos extranjeros, la subcomisión de derechos humanos del parlamento europeo, a los gobiernos que tienen relaciones diplomáticas con Colombia, a la ONU, a la Corte Penal Internacional, y en general a la comunidad internacional a que se pronuncie ante la falta de compromiso del gobierno de Colombia con las miles de víctimas de Estado,  al incumplir el compromiso de implementar el Acuerdo de paz  firmado y contra el  gran pacto de impunidad  que se pretende aprobar en el congreso de Colombia para que las fuerzas Militares, de policía y agentes del Estado sean absueltos  de los graves crímenes cometidos durante décadas.

Europa, noviembre 3 de 2018