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El lunes 5 de Agosto fue presentado, en el Ministerio de Justicia, el “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos”, el cual es elaborado por el Sistema de monitoreo de cultivos ilícitos –SIMCI- para el periodo comprendido entre Enero y Diciembre de 2018. Dicho sistema es parte de un acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito –ONUDC-. Este reporte se constituye en la cifra oficial a la que se atiene el estado colombiano a pesar que de otros organismos como la Oficina Nacional de Drogas del gobierno de Estados Unidos también produce una información anual.



Del reporte SIMCI, se puede colegir:

    Los cultivos disminuyeron 2.000 hectáreas si se compara con el mismo periodo de 2017. Ahora existen en Colombia 169.000 hectáreas.
    2018 es el año en que se estabiliza, y empieza a reducir la tendencia de crecimiento de los cultivos, después de cinco años de aumentos hasta del 30%.
    El 62% de los cultivos de coca se encuentra concentrado en el 5% del territorio nacional, con la mayor extensión en casi los mismos municipios donde han estado hace unas dos décadas. De hecho, el 82% de la coca está en los mismos lugares donde históricamente estuvo.
    Se registró una especie de “compensación” entre los municipios que disminuyeron y otros que aumentaron. Valdivia y Tarazá en Antioquia aumentaron, igual que sucedió en El Tambo y Argelia en Cauca, o Sardinata y Gabarra en Norte de Santander.
    Lo mismo ocurrió al revisar los departamentos. Hubo aumentos en Bolívar, Norte de Santander y Cauca, pero se redujeron en Nariño, Putumayo, Guaviare, Chocó y Meta.
    La productividad en la transformación de coca para cocaína aumentó en los últimos cuatro años en un 21%, debido a “la edad madura de las plantas”, mejores prácticas agrícolas y a la siembra de variedades con mayor producción de hoja.
    El valor del kilo de clorhidrato se pagó en Colombia a $4.970.000 pesos lo que equivale a un aumento del 11.7% si se compara con el precio de 2017.
    Colombia habría tenido en 2018, una producción potencial de 1.378 toneladas de clorhidrato de cocaína.
    El 77% de los cultivos se ubican en zonas donde existe presencia de grupos armados ilegales.
    22 departamentos tenían cultivos de coca y 10 no tenían.
    Ocho departamentos tienen menos de 100 hectáreas, lo cual puede servir, dijo ONUDC, para tomar el ejemplo de Caldas, el cual fue declarado “libre de coca” después de un proceso de casi 10 años. (ver https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/libres-de-coca-algunas-lecciones-del-departamento-de-caldas-articulo-871738).
    El 47% de los cultivos de coca está sembrado en Parques Nacionales Naturales, Resguardos Indígenas o Consejos Comunitarios. Sin embargo se registró una reducción de más de 400 hectáreas en los PNN.

El Presidente Duque celebró la disminución de los cultivos. Señaló en rueda de prensa que “de no ser por sus políticas”, puestas en marcha desde agosto de 2018, la cifra que se estaría conociendo sería cercana a las 220.000 hectáreas. A su juicio, el éxito logrado se debe a la articulación institucional que su gobierno ha implementado y sobre todo a la Ruta Futuro, un documento de política contra drogas que lanzó en Diciembre de ese año. (si le interesa puede ver más aquí https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/181213-Gobierno-presento-Ruta-Futuro-politica-integral-enfrentar-problema-drogas-ataca-todos-eslabones-narcotrafico.aspx)

El Ministro de Defensa Guillermo Botero señaló que la erradicación forzada es la principal responsable del quiebre de la tendencia y que dicha dinámica deberá ser reforzada por las fumigaciones aéreas con glifosato, estrategia que podría ser retomada en breve por el Consejo Nacional de Estupefacientes, donde tales operaciones tendrían el respaldo del Fiscal General de la Nación (E), Fabio Espitia, quien así lo anunció en emisoras de radio. Según un video que circula en la web de la Presidencia, el Gobierno Nacional se ufana de haber erradicado “más de 82.000 hectáreas” en 10 meses[1], lo que implicaría que en 20 meses se podrían arrancar, usando métodos terrestres, casi la totalidad de la coca que reporta el  SIMCI.

Pero el asunto no es tan simple. En las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo, la Directora de Planeación Nacional Gloria Alonso señaló ante las comisiones del Congreso de la República que en las proyecciones de cultivos debían incluir los cultivos resembrados, por lo cual la meta trazada por este gobierno exigía siempre calcular una extensión superior a la realmente existente, dado que según la propia Policía Nacional, donde se erradica de manera forzada la resiembra llega al 35%. De tal forma que nunca se puede partir según lo dicho por el DNP de la cifra dada por el SIMCI, sino de ella más un 35%. Es como si a 31 de diciembre de 2018, no hubieran 169.000 hectáreas sino unas 228.000 realmente, cifra que surge al agregar la resiembra aceptada por el DNP.

Ahora bien, cuando la erradicación forzada se efectúa con aspersiones aéreas, el nivel de resiembra alcanza más del 70%, siendo Tumaco el caso más estudiado por la DEA, la Policía y la Universidad de los Andes. Un asunto escandaloso desde el punto de vista de la eficiencia en el gasto de recursos públicos. Las fumigaciones aéreas fueron “patrocinadas” en el pasado por los Estados Unidos, aun así la mayor parte de la inversión se hacía con recursos del presupuesto nacional. En caso de retomarse dicha técnica, es sabido que no habría el mismo grado de cooperación de Washington, registrado en la época del Plan Colombia, por lo cual éstas tendrían que hacerse con cargo al bolsillo de los contribuyentes colombianos.

Mientras que en una respuesta de la Dirección de sustitución al Congreso en 2018 el costo de fumigar una hectárea sube a $72.000.000 millones de pesos, algunos analistas calculan que fumigar con glifosato, desde el aire una hectárea, cuesta cerca de $36.000.000 millones sin el componente de seguridad. Componente que consiste en helicópteros de acompañamiento, brigadas en tierra de protección, recopilación de información previa, entre otros aspectos. Y todo ello sin hablar de los riesgos en materia de salud, ambiente, impactos sociales, culturales, económicos e institucionales que dichas operaciones conllevan. Es bien conocido que las fumigaciones causan destrucción de cultivos de pancoger, afectan la seguridad alimentaria, generan desplazamiento forzado, entre otros efectos, sin que se pueda olvidar que no impiden la resiembra, que solo afectan al campesino cultivador y que son muy costosas.

Pero las fumigaciones y la erradicación forzada en general distraen al Estado de cumplir con sus deberes. De acuerdo a los principios rectores del desarrollo alternativo, en la brega por reducir los cultivos de manera sostenible, se debe considerar una secuencia correcta, la cual implica ofrecer primero a los cultivadores el acceso a mercados para sus producciones lícitas, el acceso a tierras, la seguridad para sus territorios, así como facilitar su participación en los procesos que se emprendan. Esa lógica secuencial fue la que tuvo en cuenta el Acuerdo de paz, aceptando que mientras la única política sea la de privilegiar la eliminación de las plantas sin una estrategia integral de intervención, cualquier esfuerzo es inútil, pues la experiencia muestra que luego de las erradicaciones hay resiembra, grupos armados se disputan dicha economía y las poblaciones sufren vulneraciones a los derechos humanos.

Al respecto de la resiembra, el director de la ONUDC en Colombia Pierre Lapaque, ha recordado que en los programas de sustitución voluntaria, como el PNIS (creado al amparo del Acuerdo de Paz), ésta no supera el 0,6% según las visitas de verificación que hacen sus técnicos a campo, y conforme un monitoreo especial que realizaron a 1.500 predios en siete municipios que están inmersos en dicho programa. El PNIS, solo avanzó en una fase inicial diseñada por el Gobierno Santos, la cual consiste en un Plan de Atención Inmediata con el que el Estado compensa a las familias que toman la decisión voluntaria de arrancar sus propios cultivos de uso ilícito. Pero sufrió un estancamiento, por cuenta de la administración Duque, que tiende a languidecer todas las instancias y compromisos del Acuerdo Final de paz.

El Presidente de Indepaz, Camilo González[2], ha criticado el hecho de que el presente gobierno ha dedicado la mayor parte de su tiempo a cuestionar a los funcionarios responsables de los temas de postconflicto en la era de Santos, pero transcurrido un año no cumple con las obligaciones que tiene con cerca de 100.000 familias campesinas que se sumaron al PNIS, y tampoco abre inscripciones para otras 100.000 familias que quieren sumarse a los pactos de sustitución individual de cultivos. La retórica oficial, según la socióloga Aura Maria Puyana[3], se ha limitado a manifestar en público que le “van a cumplir” a quienes erradicaron la coca, pero no dicen cuándo, ni han dispuesto los recursos para proyectos productivos con dichas familias, ni mucho menos se aprestan a proveer una integral transformación de los territorios con coca.

Por último, las mediciones de la extensión sembrada de cultivos de uso ilícito poco le están diciendo al país y conllevan una desviación del foco de atención que debería situarse en el tráfico de drogas y sus conexiones con la economía legal y los poderes territoriales. De hecho cada año, los medios de comunicación atienden el lanzamiento de estas cifras, pero a los pocos días el tema queda relegado a las acciones de la fuerza pública, las cuales se presentan de manera aislada. Las cifras sobre cultivos son apenas una parte del conjunto que representa el mercado de drogas. Es aceptado ya en la política pública, que pasó el examen de la Corte Constitucional, que los cultivadores son población vulnerable, que los cultivos existen por razones socioeconómicas y deficiencias del Estado y que la primera opción que se les debe ofrecer es la oportunidad de vincularse al programa de sustitución al tiempo que el Estado cumple con sus deberes para con esos ciudadanos en los territorios afectados.

Las mediciones sobre la cocaína producida brindan un poco más de elementos para el análisis, siendo aún insuficientes, puesto que una mirada de conjunto sobre la cadena de valor sigue estando ausente, al igual que los diferenciales que obtienen las organizaciones de tráfico, las cuales a su vez se lucran a gran escala y tienen una alta capacidad de corrupción en tanto su producto es ilegal y perseguido. Las cifras sobre cultivos y volumen de cocaína exportable[4] ya no pueden verse país por país de manera aislada, sino que estamos obligados a mirar la totalidad de los países productores. Decir que en Colombia aumentó la productividad de cocaína y que por tanto nuestro país tiene más volumen de exportación no indica nada, si no se observa en unión de las dinámicas de Bolivia y Perú.

Las incautaciones de cocaína, pasta y base decrecieron en comparación con 2017. En la región, Estados Unidos sigue incautando apenas el 10% de lo que incauta o ayuda a incautar Colombia. Mientras tanto en este país los puertos siguen funcionando sin un programa de revisión de containers que promueve la misma UNODC. Las acciones contra el lavado de activos son ridículas y la administración de los bienes incautados al narcotráfico es deficiente. Los dineros del narco siguen sirviendo para “correr la cerca” de la frontera agrícola a costillas de los bosques nativos para grandes acaparadores de tierras, y la contrareforma agraria de los últimos 30 años merced a estos dineros, que fue empujada por ejércitos privados, continúa. En suma, la “responsabilidad compartida” frente al tráfico y demanda se diluye en reuniones de autoridades y políticos. Más fácil por tanto les resulta a los gobiernos de poca imaginación y escaso compromiso social, arreciar su persecución de las “matas” por ser éstas un objetivo fijo, así, aun cuando se fumigue, la “mercancía” seguirá saliendo del país en busca de un mercado asegurado.

Duque no debería celebrar nada. La extensión nacional con cultivos de coca, amapola y marihuana sigue casi intacta y los cultivos siguen en los mismos lugares de siempre. Saber dónde están no debería impulsarlo a gastar presupuesto inútilmente sino a concentrarse en atender aquellos territorios empezando por garantizar derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, animando su vinculación a un programa nacional que pudiera mostrar resultados progresivos y sostenibles en el tiempo.

Desde la sociedad civil tampoco hay que celebrar. Cada año quedamos atrapados por los reportes de una u otra agencia. Durante unos pocos días los analistas se devanan la cabeza buscando explicaciones al comportamiento de los cultivos. La devaluación del peso, la caída del precio del oro, la crisis invernal, las sequías, el aumento del uso de tecnologías en la agroindustria, la crisis de empleo del agro legal, la falta de acceso a mercados para la producción de alimentos, el impacto de los tratados de libre comercio, y el mercado global de drogas se encuentran detrás de lo que ocurre en el campo de los agricultores de coca, amapola y marihuana, pero el gobierno se niega a hablar de estos temas. Para Duque y su gente solo existe el narcotráfico y el terrorismo como enemigos de “su madre patria”, justificación para su anhelado retorno a las aspersiones aéreas, las cuales, como diría Maydany Salcedo, una líder de Piamonte Cauca, no sirven para acabar el narcotráfico pero sí “para joder al campesinado”.

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[1] Entre 2018 y los primeros seis meses de 2019, se habrían erradicado 98.395 hectáreas, es decir mucho más que la mitad de todo lo existente que calcula el SIMCI.
[2] Ver http://www.indepaz.org.co/balance-enganoso-no-coiciden-ni-las-fechas-ni-los-numeros-de-la-nueva-guerra-anticoca/
[3] Ver https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/casi-47-de-cultivos-ilicitos-esta-en-parques-naturales-y-resguardos-indigenas-2892764
[4] Entre 2018 y los primeros seis meses de 2019, fueron incautadas en Colombia 693 toneladas de base, pasta base de cocaína y cocaína pura, según el Informe SIMCI y el Ministerio de Defensa.

Pedro Arenas, autor es cofundador de la Corporación Viso Mutop, fue Alcalde de San José del Guaviare y Representante a la Cámara.(*)

Revista del Sur