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Análisis del artículo 200 del Plan de Desarrollo y del borrado de decreto del Ministerio de Trabajo.



Lamentablemente el Plan de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) tiene vida jurídica y, tal como lo advirtió el movimiento sindical, tiene artículos que afectan en gran medida a las y los trabajadores.
Por ejemplo, el artículo 200 del PND establece que el Ministerio del Trabajo puede suspender o terminar, por mutuo acuerdo, un procedimiento administrativo sancionatorio por violación de normas laborales. La terminación por mutuo acuerdo se generará si el empleador investigado reconoce el incumplimiento e implementa un plan de mejoramiento laboral con plazos razonables y no superiores a un año. En el momento en que este plan se cumpla, se dará por terminado el procedimiento administrativo sancionatorio.

Este artículo 200 se piensa reglamentar mediante un proyecto de Decreto, que ya ha sido puesto a consideración de la ciudadanía por parte del Ministerio del Trabajo. Desde la ENS vemos que tanto este artículo como el proyecto de Decreto tienen errores y omisiones que pueden perjudicar a las y los trabajadores. Atenta contra la función de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de normas laborales.

Analicemos en detalle algunos artículos del proyecto de Decreto, para ver cómo incumplen las obligaciones establecidas en el Convenio 81 de la OIT sobre inspección del trabajo al excluir  deliberadamente a los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

Desequilibra la labor de inspección y control

El artículo 2 del proyecto de Decreto considera que para hacer más eficaz el componente de prevención en la labor de Inspección, Vigilancia y Control que ejercen las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, se implementará como estrategia “lograr compromisos eficaces de los empleadores, para mejorar el cumplimiento de normas laborales y de seguridad social”.

El artículo 4 considera que la suscripción del plan de mejoramiento se genera cuando el empleador investigado reconoce el incumplimiento de las normas laborales o de seguridad social y garantiza la implementación de medidas. Por tanto, los trabajadores no tienen ningún papel en la generación y suscripción del plan de mejoramiento. Ni siquiera los sindicatos tienen derecho a ser notificados cuando se suscribe el plan, o cuando se determine el eventual incumplimiento (artículo 7).

Según el artículo 5 del proyecto de Decreto, el plan de mejoramiento carece de consideración frente a los trabajadores víctimas de la vulneración de derechos laborales. No establece medidas específicas para que los trabajadores que interponen querellas puedan ser parte del procedimiento y ostentar un rol clave en la prórroga en el término de la orden de suspensión de la actuación administrativa.

El artículo 6 omite incluir a los trabajadores en el monitoreo del plan de mejoramiento y la evidencia de un posible incumplimiento reportado al Ministerio del Trabajo, para así poder dar lugar al levantamiento de la suspensión.

Al omitir asignar un papel específico a las víctimas de la vulneración de derechos laborales, esta normatividad podría introducir un desequilibrio en el sistema de inspección vigilancia y control, toda vez que el Ministerio de Trabajo sería juez y parte al momento de generar el plan de mejoramiento y su monitoreo ( Ver Recomendación 081 sobre la inspección de Trabajo) Tampoco se establecen medidas de reparación por el daño causado a los trabajadores y sus organizaciones cuando la violación a normas laborales está asociada al ejercicio de derechos de naturaleza individual o colectiva.

Por último, destacamos que el proyecto de Decreto estipula, en su artículo 3, que el ámbito de aplicación inscribe las averiguaciones preliminares y procedimientos administrativos sancionatorios por violación de normas laborales o de seguridad social. En tal sentido, sería necesario e imperativo que se establecieran medidas preferentes a implementar en caso en que el incumplimiento de la normatividad laboral relativa a la seguridad y salud en el trabajo, ponga o pueda poner en peligro inminente a los trabajadores, toda vez que en estos casos la suscripción de un eventual plan de mejoramiento podría vulnerar en mayor medida los derechos humanos.

Ana María Amado Correa. Directora Área de Defensa de Derechos(*)

9 agosto, 2019

Agencia de Información Laboral