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“En el cumplimiento de La Paz vamos más rápido de lo que se cree”, señaló Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización.



Dejando a un lado otras discusiones como la situación de Santrich, las objeciones a la JEP o si se va a hacer trizas o no el acuerdo de paz, en las últimas semanas la controversia entre Gobierno y oposición se ha centrado en un tema más de fondo: qué tanto ha avanzado, ya en los territorios, la implementación del acuerdo de paz.

A propósito del primer año en el cargo del presidente Iván Duque, las entidades encargadas de la implementación del acuerdo, encabezadas por el alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, presentaron su balance sobre el cumplimiento de los acuerdos.

El viernes pasado, por su parte, dirigentes de la oposición, incluidos los representantes Juanita Goebertus, José Daniel López, David Racero, Catalina Ortiz, Roy Barreras, Angélica Lozano, Iván Cepeda y Luis Fernando Velasco, entre otros, presentaron un informe en el que hacen su propio balance, en el que, a diferencia del balance oficial, el Gobierno no sale bien librado.

 “En el cumplimiento de La Paz vamos más rápido de lo que se cree”, afirmó este lunes Archila, mientras que la representante Juanita Goebertus, una de las voces más reconocidas en el tema de implementación de los acuerdos, dice que “la implementación está colgada”.

Estos son algunos de los puntos sobre los que Gobierno y oposición discrepan en relación con la implementación.

Recursos para la paz

El gobierno asegura que la inversión en materia de construcción de paz será de $9,8 billones de pesos en 2020, destinados a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la reforma rural integral, la reparación de víctimas, la puesta en marcha de proyectos productivos, la reincorporación de los excombatientes, y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

La oposición, por su parte, alega que no es cierto que estos recursos se estén destinando a proyectos de paz, pues el 41% de ellos corresponden a proyectos de política social en general que no están focalizados a los territorios afectados por la violencia.

Según la representante Goebertus, estos recursos incluyen proyectos de educación superior y de política pública de salud, que de todos modos se hubieran invertido aún sin implementación del acuerdo de paz.

Seguridad de excombatientes

Sobre este tema, el alto consejero para la estabilización, aseguró que frente a los 3.500 excombatientes que están en los Espacios Temporales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ha habido cero incidentes, y que frente a los otros 8 mil exmiembros de las Farc que están en el resto del país, las investigaciones han mostrado que en su mayoría han sido víctimas de ataques de grupos ilegales.

 Aseguró que hay una decisión del presidente de reforzar las medidas de seguridad para protegerlos y aclarar los crímenes en su contra.

Los dirigentes de oposición, en su informe, argumentan por el contrario que el asesinato de 56 excombatientes de las Farc entre agosto de 2018 y julio de 2019 se suma al asesinato de 68 líderes sociales desde que el presidente Duque llegó a su cargo. Aseguran que en las zonas en donde se lleva a cabo la implementación del acuerdo ha habido un incremento en el número de homicidios y esto está ligado a la falta de presencia estatal, pues en los 170 municipios PDET, el 76% no cuentan con miembros del CTI, el 36% no tienen Fiscales y solo hay 6 jueces por cada 100 mil habitantes.

Sustitución de cultivos ilícitos

El gobierno sostiene que el acuerdo de paz nunca prohibió el uso de las fumigaciones como herramienta para luchar contra los cultivos ilícitos y que es necesario combinar todas estas opciones, incluida también la sustitución voluntaria, para que la estrategia funcione.

Según el consejero Archila, hay zonas del país en donde el Gobierno no tiene que tratar con campesinos que cultivan coca por supervivencia, sino con cultivos industrializados.

Para la oposición, las fumigaciones deberían ser la última opción, según el acuerdo de paz, y cada vez que se utilice deberían ser autorizadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Mientras que Archila califica como un desastre el Estado en que recibió este gobierno el programa de sustitución de cultivos ilícitos, denominado PNIS, la oposición advierte que la administración Duque tampoco ha ofrecido una alternativa distinta y que de las 99.097 familias que se vinculó al programa, el 94% cumplieron con la erradicación voluntaria, pero solo el 0,7% han tenido acceso a proyectos productivos.

Archila responde que este Gobierno ha invertido más que cualquier otro en la sustitución.

Víctimas

Según el Gobierno, la reparación de las víctimas se ha fortalecido, en especial en materia de reparación colectiva.

El balance que hace la Unidad para las Víctimas es que en este año se implementaron 593 acciones de los planes integrales de reparación colectiva en todo el país, 30% más que en el año anterior, y que se han llevado a cabo 53.581 reparaciones individuales, por $399 mil millones.

La oposición, asegura que el número de víctimas indemnizadas por año se redujo en 56% frente al periodo de Juan Manuel Santos, y lo más grave es que en más de 9 años, solo se ha reparado a un poco más del 12% de las más de 8 millones de víctimas.

“Al ritmo al que vamos nos tomaría más de 62 años culminar el proceso de reparación”, asegura el informe de los líderes opositores.

Gráfica.- Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización y Consolidación, presentó en un balance sobre cómo va la implementación de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc.
/ Foto: Archivo El Nuevo Siglo

La Opinión