Las valoraciones sobre el Congreso constitutivo del Partido de las FARC no pueden limitarse a si nos gustó o no su nuevo  logo o la pertinencia de mantener sus siglas, aún con sus nuevos significados. Aunque válidas, estas preocupaciones se han impuesto sobre otras, de mayor calado, porque en algunos ha primado el "cálculo" sobre el marketing político, restando atención a la proyección disruptiva con la que surge esta organización ya en la legalidad, producto de su carácter y naturaleza. El papel histórico de las FARC no cabe en las elucubraciones de oficina de x o y intelectualoide, aferrados, por demás, a las experiencias (nada despreciables) de partidos morados de lejanas tierras.

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La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) abre una nueva etapa en el juego democrático, con su lanzamiento desde la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Más de cinco décadas después, las FARC asumen desde este viernes una nueva etapa de su existencia en Colombia, ahora desde el ámbito político bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

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Jaime Caycedo, Secretario General del Partido Comunista Colombiano envia un mensaje de lucha, enmarcado en la posibilidad de que las insurgencias pasen a hacer parte de la lucha política, exigiendo al Estado el cumplimiento de los acuerdos y las garantías de no repetición en términos de la violación sistemática de los Derechos Humanos.

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La creación del nuevo partido o movimiento de las FARC-EP es un punto culminante del proceso de solución por la vía del acuerdo y del compromiso. Significa el reconocimiento del carácter justo de la rebelión, de las razones de su reclamo ante la exclusión y el antidemocrático modelo de desigualdad política impuesto a la sociedad colombiana mediante la violencia de clase, ejercida por el poder bipartidista, desde el Frente Nacional.

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La aprobación por la plenaria de la Cámara del Acto Legislativo que prohíbe el paramilitarismo es un paso afirmativo en la vía de la No Repetición. Muestra el reconocimiento a una realidad que ha provocado miles de muertos, ha sido instrumento del genocidio como práctica social y que se ha adaptado a todas las variantes de la contrainsurgencia convertida en política permanente del Estado por décadas.

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