En 1947, el Tratado interamericano de asistencia recíproca, TIAR y luego la creación de la OEA, en 1948, comprometieron a Colombia y a América Latina unilateralmente en el campo de la “guerra fría”. El Estado policíaco, la violencia oficial y el pretexto anticomunista desde el poder dieron carta blanca a un proyecto genocida continuado, destinado a destruir la organización comunista, impedir su funcionamiento, promover su ilegalización, silenciar sus medios de expresión, eliminar a sus dirigentes y/o condenarlos a la estigmatización, al extrañamiento físico y simbólico y al destierro.

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El Partido Comunista Colombiano (PCC) y la Juventud Comunista Colombiana (JUCO) presentaron el pasado 27 de septiembre a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe preliminar sobre el genocidio político vivido, documentando 525 asesinatos y desapariciones forzadas para pedir el esclarecimiento de la verdad histórica y judicial.

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