El sistema judicial colombiano, aún no ha podido dar respuesta a lo sucedido con las familias campesinas que, en  estos 75 años de guerra interna, ellos han sido víctimas de una sistemática política de violación de sus derechos civiles y humanos.  Del despojos y desplazamiento que han sufrido y sufren de sus tierras y que van a parar a manos de los terratenientes y de los narco-paramilitares, con la complicidad de los agentes del estado.

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