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Salud
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El peligro no viene de China ni de Ecuador, el peligro son las políticas estatales que durante años han perpetuado un sistema de salud y seguridad social al servicio de las aseguradoras y del mercado, sin estabilidad laboral para el personal de salud, sin garantías económicas ni derechos sociales, sin un plan de contingencia para este tipo de emergencia sanitaria, a pesar de tener la experiencia de otros países.



A muchas personas les ha llamado la atención el hecho que, en los departamentos con mayor índice de pobreza, como Chocó, Amazonas, Putumayo, Guainía o incluso Nariño, no se han reportado casos de COVID 19. Frente a esto es importante evaluar si esta situación se debe efectivamente a la no existencia de casos, o si responde a la incapacidad del Estado para una detección oportuna.

Al parecer, la razón más importante para que no existan casos detectados, obedece a que los prestadores de servicios de salud no han adoptado efectivamente los protocolos de atención, dificultando la detección del virus, pues para que esta se autorice, las personas deben acreditar haber tenido contacto con personas provenientes de lugares donde se encuentra el brote o haber estado en contacto con un caso confirmado, hechos que no siempre son fáciles de confirmar, así la persona tenga síntomas que coinciden con los descritos para el COVID 19.

Debido a la precarización de los servicios de salud, estos al parecer han tomado medidas de contención para que la capacidad instalada no colapse y también para ahorrar recursos,hechos que ponen en riesgo a la población pues no permiten una detección oportuna y un adecuado tratamiento.

Lo más grave es que cuando estos casos salgan a la luz por la agudización de los síntomas, posiblemente será muy tarde, la no detección oportuna del virus aumenta la posibilidad de contagio y muerte de las personas más susceptibles.

De esta forma, los entes territoriales en salud tanto a nivel municipal como departamental (para evitar el caos instrainstitucional) podrían estar confinando a las personas a que enfrenten la posibilidad de morir en sus casas, debido a la centralización de las pruebas de laboratorio en Bogotá.

Por los anteriores motivos se exige de manera urgente:

● Articular de una manera más eficiente y gestionar los recursos para aumentar la capacidad de detección y respuesta.

● Realizar una rueda de prensa urgente, en donde desde la transparencia se exponga a la ciudadanía la capacidad de respuesta de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), los protocolos acordes a procedimientos para la realización de pruebas diagnósticas, las responsabilidades contractuales de las EPS, el presupuesto destinado y el personal disponible para atender la emergencia, en relación con la población existente y la proyección de la posible demanda.

● Establecer medidas efectivas de protección del personal de salud y de sus familias, que son los más directa y masivamente expuestos en razón de las particularidades de su trabajo, garantizar el equipamiento especial de bioseguridad al personal de salud de los servicios que así lo requieren. Esto, incluso ya solicitado, por parte de la corte suprema de justicia a nivel nacional.

● Priorizar acciones destinadas a la prevención comunitaria y la difusión efectiva de medidas educativas.

● Gestionar equipos de salud interdisciplinares para la atención domiciliaria, así como en las zonas de aislamiento, lugares o establecimiento adaptados para la atención de personas con mayor vulnerabilidad, como migrantes, habitantes de calle y adultos mayores en condición de abandono.

● Ya declarado el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria es necesario que se garanticen medidas efectivas de atención sanitaria para la población privada de la libertad, en relación a la situación de vulneración masiva y reiterada de los derechos fundamentales; como lo solicitan los senadores de la República en su declaración pública del 22 marzo 2020.

● Garantizar condiciones económicas dignas al sector del trabajo informal y adultos mayores trabajadores en el marco del aislamiento.

Es inaudito que frente a esta crisis mundial aún se esté asumiendo la salud como un servicio y no como un derecho, las instituciones gubernamentales deben tomar cartas en el asunto inmediatamente para resguardar la vida.

De igual manera se invita a la ciudadanía a visibilizar por redes sociales situaciones que puedan ser consideradas como negligencia para la detección temprana, atención de casos posibles y confirmados del virus.

Es momento de exigir al gobierno nacional unas condiciones reales para afrontar la crisis, la implementación de Atención Primaria e Integral en Salud APIS, el modelo de Salud Familiar, el fortalecimiento de la infraestructura pública y la no tercerización de la contratación de los profesionales de la salud.

Que no nos toque decidir quien vive y quien muere o dejar morir a nuestros seres queridos por falta de capacidad, es momento de tomar las medidas oportunas y hacer alianzas con otros países. La ciudadanía nos quedaremos en casa, el gobierno debe gestionar para la vida.

Marzo 23 del 2020