Salud
Typography

A través del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), del Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) y de otras políticas públicas, las fuerzas que han venido orientando el Estado pretenden imponernos, como lo han hecho desde la Ley 100 de 1993, un Plan Nacional de Salud Rural (PNSR) basado en las lógicas, conocimientos y mandatos que emanan de un Poder capitalista obsoleto, colonial y patriarcal, que tiende a favorecer la visión, intereses económicos y esquemas de acción de las élites que lo constituyen, excluyendo la expresión de la voluntad del Pueblo soberano que el gobierno dice representar y debería servir y obedecer.



Nuestras críticas al PNSR y nuestras propuestas se fundamentan en lo siguiente:

1) El PNSR que se encuentra en proceso de elaboración por parte del gobierno, se limita a tan sólo 170 municipios, cuando la grave realidad de la salud rural se extiende a la totalidad de los 1.123 municipios del país, incluyendo los 8 Distritos especiales, las 20 áreas no municipalizadas y los asentamientos de campesinos, colonos e indígenas ubicados en las regiones de parques nacionales naturales y áreas de distritos integrados.

2) Se fundamenta en un modelo de ordenamiento de los territorios que pretende resolver el gravísimo problema del acceso de la población rural a los servicios de salud homogenizándolos sociodemográfica, temporal y espacialmente bajo la clasificación de mercados de “alta ruralidad” y de “zonas rurales dispersas”.

Esta clasificación, que es funcional a la sostenibilidad y gestión financiera del negocio de las instituciones privatizadas de aseguramiento y de prestación de servicios de salud, no tiene en cuenta las diversas territorialidades con las que los Pueblos indígenas, campesinos y afrocolombianos han constituido sus territorios desde tiempos ancestrales.

3) Mantiene una racionalidad económica que ha convertido al sistema de salud oficial, en un lugar de acumulación y gestión de los capitales empresariales, a costa del acceso y dignidad de la atención; y pretende hacer lo mismo con los sistemas de salud de los Pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

Ello a través del manejo rentístico de los fondos sociales y públicos del sistema mediante las EPS, el cierre de hospitales, puestos y servicios de salud, o su concentración en las cabeceras municipales, las reglas excluyentes de habilitación de la calidad de los servicios, y la sobreexplotación de los escasos trabajadores de la salud.

4) Persiste una concepción y práctica neoliberal de la salud pública que con la Ley 100 destruyó la Atención Primaria en Salud (APS), separó las acciones individuales de las colectivas, dejó de enfrentar las insalubres condiciones de vida y de trabajo de las comunidades, abolió la participación comunitaria, y mantiene al sistema de salud en un estado de desfinanciamiento crónico.

5) Sostiene una concepción socialmente injusta de la distribución de los bienes, recursos y servicios de salud, que no sólo conserva las desigualdades urbano-rurales sino, además, las inequidades al interior de los territorios, al condenar a la mayoría de la población a unos precarios o inexistentes servicios de salud, agua potable, saneamiento, alimentación, educación y vivienda.

6) Impulsa un enfoque diferencial de derechos que naturaliza la dominación racial y patriarcal y, como consecuencia, esconde la discriminación y exclusión social de Pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos, mujeres y comunidades LGBTI, y niega, desvaloriza o desprecia sus autonomías, soberanías, saberes y prácticas propias.

7) Promueve una noción de población que naturaliza como simple agregado de individuos, a lo sumo clasificables por características diferenciales de vulnerabilidad.

Esto oculta las relaciones de explotación, dominación y conflicto que emanan de sus desiguales y diversas relaciones sociales de género, clase y etnia, con lo cual niega su condición de sujetos colectivos que comparten una historia pasada y buscan construir un proyecto de futuro.

8) Aunque engañosamente pretende fundamentarse en la APS, lo propuesto por el gobierno mantiene una visión y una práctica biomédica, occidental y capitalista. Es un modelo que cosifica y parcela a las personas, familias y comunidades, fragmenta sus realidades y desintegra sus dinámicas colectivas.

Además, excluye o elimina los alcances integradores, armonizadores y solidarios de los saberes y prácticas de los Pueblos, desde sus culturas ancestrales.

9) Se apoya en un régimen antidemocrático de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas subsumido en la jaula de hierro de una normatividad neoliberal que impide la participación autónoma y creativa de los Pueblos en la definición de las acciones, administración de los recursos y servicios, y en su vigilancia y control efectivos.

10) Continúa tratando el espacio social de los territorios y el del campo de la salud, como si estuviese constituido por agentes y actores sociales sin intereses contrapuestos entre ellos; y como si no existieran contradicciones entre sus respectivos intereses particulares y las necesidades comunes de la población rural.

11) Postula la coordinación y conciliación de los intereses de esos agentes y actores desde las Entidades territoriales, pero todos sabemos que las autoridades de salud de tales Entidades no tienen competencia para regular un sistema privatizado.

Muchas de dichas autoridades están cooptadas por las élites locales dominantes para saquear los recursos públicos y sociales, garantizar la solidaridad entre sus intereses privados, y escamotear o propiciar las respuestas a las necesidades de los Pueblos en función de la rentabilidad de sus negocios.

12) El gobierno no acepta que en los territorios rurales los intereses económicos y rentistas de EPS e IPS, sus concepciones y prácticas de aseguramiento y de cuidado, son contrarios a la garantía del derecho a la salud, como se ha demostrado hoy en esta audiencia, y como también se ha probado con la fallida implementación de la Ley Estatutaria de Salud, la no puesta en práctica del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI), y la no definición ni ejecución, con la debida participación protagónica de los Pueblos, de los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial (PDET) y del PNSR de los Acuerdos de Paz.

Lo que sucede en los territorios rurales es un verdadero e intolerable estado de cosas inconstitucional de violación sistemática del Derecho a la Salud, que no puede ser resuelto en el marco de la racionalidad de mercado, colonial y patriarcal del sistema de salud actual.

Por eso, una concepción alternativa de un verdadero PNSR, que debe extenderse a todos los municipios del país, requiere articular los territorios y el sistema de salud, y los otros servicios públicos y sociales, alrededor de un nuevo Eje de poder en el sector.

Ese poder debe ser construido desde abajo, con los trabajadores, las capas medias, los campesinos, las mujeres, las diversidades, las comunidades afrocolombianas y los Pueblos indígenas.

Su tarea debe ser, restituir a los Pueblos su derecho a la participación deliberante para rescatar el sistema de salud de las manos de los intereses lucrativos privados, hacer realidad el Estado social de derechos y la diversidad étnica, sexual, de género y cultural de la nación, como lo establece la Constitución Política de 1991.

Propuestas:

1) Rechazar la actual propuesta del gobierno sobre el PNSR y propiciar la elaboración de otra alternativa, para toda Colombia, realmente participativa y con enfoque territorial, en la medida en que éste es, ante todo, un tema político que requiere de la expresión de la voluntad popular.

2) Desarrollar un estudio nacional de la situación de la Salud Rural, bajo la conducción y supervisión de una Comisión Independiente de Expertos que cuente con participación autónomamente definida de las comunidades y Pueblos de los territorios rurales.

3) Impulsar, desde abajo, un proceso de transformación radical del actual SGSSS que recupere su carácter público, participativo, territorializado, soberano, intercultural y de acceso universal.

4) Organizar, desde los territorios y en un tiempo no mayor a un año y medio, una Cumbre y Movilización Nacional Agraria, Indígena, Campesina y Popular por la Salud Rural.

Foto.- Twitter

(*) Dr. Román Vega Romero, profesor de la Universidad Javeriana y miembro del Movimiento por la Salud de los Pueblos.

Intervención en la Audiencia Pública sobre Salud Rural, Congreso de la República de Colombia, noviembre 6 del año 2019