Personal médico,  enfermeras y demás trabajadores de la  salud, acompañados de pacientes y familiares realizaron una fuerte protesta en horas de la mañana del miércoles 08 de febrero en las instalaciones del Hospital Simón Bolívar para  rechazar el traslado de la unidad de pediatría ordenado por la Secretaría de Salud Distrital.

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 Cada que concluye un año todas las entidades, empresas y organizaciones hacen el balance respectivo de… ¡cómo les fue!

En nuestro caso, el sector salud se puede resumir en tres palabras, para las que no se necesita demasiado estudio ni análisis: el 2016 deja a la salud en Colombia incertidumbre, iliquidez y frustración de los hospitales públicos y en general de los prestadores. Lo más grave es que el usuario es el que está llevando la peor parte de toda esta crisis.

El común denominador de las disposiciones oficiales se puede traducir en que las medidas del gobierno lastimosamente estuvieron enfocadas a proteger progresivamente a las EPS. Esas mismas posiciones unas por encima de la mesa a través de resoluciones y decretos y otras, por debajo, con oídos sordos e indiferencia, van en contravía del pago de la cartera que solo para el caso de las empresas sociales del estado ya supera los 7 billones de pesos y todo el sector, los $14 billones.

El grado de iliquidez ha llevado a los hospitales públicos a reducir en forma alarmante las plantas de personal, lo que sin duda viene reflejándose en el desmejoramiento de la calidad de los servicios, una atención esencial enfocada a salvar vidas. El compromiso de algunas gerencias por mantener las instituciones abiertas, están ocasionando peligrosos apalancamientos en proveedores y contratistas, muchos de ellos personal de salud encargado de la atención a la población.

Finalmente, en cuanto a la frustración de la salud pública, para simplemente hacer una analogía que puede dibujar un poco la sensación de las ESE en el 2016, se puede ejemplificar con el desengaño que sintió el Ministerio de Salud con la ni siquiera discusión de los impuestos a las bebidas azucaradas en el Congreso, debido al poder de los grandes grupos económicos que financian de frente muchas campañas en el legislativo.

Esa es la misma impresión que sienten los hospitales públicos con el nivel de efectividad en el lobby de las EPS en las instancias del estado, las cuales logran que todos los días se dilate el pago de las deudas hasta configurar carteras de imposible recaudo. Mientras tanto, las empresas sociales del estado impotentes miran desde la barrera.

¡El 2016, un año que ojalá no se repita en el que llega!

La cartera Hospitalaria, un problema mayúsculo

La cartera de salud en Colombia, así no lo admitan las autoridades gubernamentales, es un problema mayúsculo que tiene a las instituciones en serias dificultades de iliquidez, con las consecuentes dificultades para garantizar una adecuada prestación de los servicios de salud a la población y en la que no se vislumbran soluciones a corto plazo. Al menos a esa conclusión se llega al analizar el último informe oficial con fecha septiembre de 2016 en donde las deudas totales con los hospitales públicos llegaron a los $7 billones 068 mil millones, un billón 16 mil millones de pesos más que en el mismo período de 2015, es decir, un incremento de 19,63%.

Las cifras, reportadas por las IPS públicas, validadas y presentadas por las Direcciones Territoriales de Salud al Ministerio de Salud y Protección Social, indican que la cifra superior a 360 días es el más grave: $3 billones 381 mil millones, una cartera que contablemente es de difícil recaudo, por no decir imposible, siendo casi la mitad de todas las deudas, lo que valida nuestro calificativo de catastrófico.

La preocupación para el gremio es grande dado que no se observan soluciones en el corto plazo las consecuencias, ya son evidentes: más empresas sociales intervenidas, incremento del número de instituciones en riesgo fiscal y financiero y mayores liquidaciones a la vuelta de la esquina en el 2017.

Del total de la cartera radicada los rubros más significativos son los de régimen subsidiado con $4 billones 282 mil millones y régimen contributivo con $ 1 billón 234 mil millones, entre otros.

Las cinco carteras más altas, en su orden, las tienen los hospitales públicos de Bogotá, $1 billón 70 mil millones; Antioquia, $882 mil millones; Valle del Cauca, $431 mil millones; Cundinamarca, $385 mil millones, y Tolima, $310 mil millones.


Los hospitales que están en el “purgatorio”

El riesgo fiscal y financiero es un programa obligatorio al que debe someterse un hospital, según la Resolución 2509 de agosto 29 de 2012, so pena de incurrir en una sanción consistente en la intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Es algo así como el “purgatorio” de las instituciones prestadoras de salud en el que no están en el cielo, pero tampoco en el infierno. No obstante, el nivel de riesgo (bajo, medio o alto) los acerca más o menos a su intervención por parte de la Supersalud, que es el paso casi previo a la liquidación administrativa.

Para la presentación del programa de saneamiento fiscal y financiero se tiene un plazo de 60 días calendario, contados a partir de la fecha de expedición de la respectiva resolución.

El 2016 también fue un año en el que aunque se redujo el número total de entidades en riesgo, su volumen sigue siendo preocupante.

Si bien se disminuyó de 539 a 500 hospitales, al analizar que cerca de la mitad del sector está en evidente peligro, se demuestra la crisis del sistema. El incremento más significativo se evidenció en las ESE con riesgo bajo de 169 a 197. En riesgo medio se incrementó de 61 a 64 hospitales, y en riesgo alto, es decir, el más grave de todos, se pasó de 184 a 186 empresas sociales del estado.

En cuanto a la radiografía departamental de peligro, la zona del país con mayor número de hospitales con algún tipo de riesgo en las tres categorías es Antioquia con 126 ESE, le sigue Boyacá con 105; Santander con 82; Nariño con 68, y Valle del Cauca con 53 empresas sociales del estado en riesgo bajo, medio o alto.


Ocho hospitales públicos siguieron intervenidos por la Supersalud

El 2016 cierra con un número de hospitales públicos intervenidos mayor al registrado en años anteriores, tal como lo había anticipado en su momento, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado, ACESI.

El reporte oficial de la Superintendencia Nacional de salud confirma que en el 2016 que concluye en apenas unos días mantuvo intervenidos administrativamente en forma forzosa a ocho importantes instituciones de salud que atienden a cientos de miles de colombianos.

Varias de esas intervenciones se registraron en años anteriores, pero la decisión del organismo de control se mantuvo a lo largo del presente año.

Entre ellas, se registra la ESE Manuel Elkin Patarroyo de Inirida, Guanía, que se cumplió en abril pasado. Allí, el organismo de control ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la entidad, con el fin de liquidar administrativa a este hospital estatal.

Posteriormente fue en junio, en donde se intervino la ESE Hospital San José de Maicao, Guajira. Seguidamente en julio el Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó, Chocó, y hace apenas unas semanas, en noviembre, el turno fue para la ESE Hospital Universitario del Caribe en Cartagena, Bolívar.

En el 2015 se ordenó la intervención del Hospital Departamental de Cartago, el Hospital San Jerónimo de Montería y  el de Villavicencio. En 2014, el turno fue para la ESE Federico Lleras Acosta, los cuales siguen en manos de la Supersalud con fines de liquidación, de no recuperarse administrativamente.

Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, Directora Ejecutiva Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI)

 

Movimiento Colombiano de Solidaridad con  Cuba

 Este 31 de enero de 2017 se cumplieron 55 años de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA). Catalogada por el Canciller de la Dignidad, Raúl Roa García, como el «ministerio de colonias yanqui», que fue el instrumento perfecto para condenar el marxismo-leninismo y el comunismo, defendiendo su "incompatibilidad" con el sistema interamericano.

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