Sindicalismo
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La situación de derechos humanos en Colombia durante el último año sigue desatando graves preocupaciones, entre ellas, la agudización de la persecución y la violencia contra líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos.



Según Sinderh, entre el 1 de enero y el 27 de agosto del año 2018, se tiene registro de 161 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia, entre las cuales se cuentan 14 homicidios, 6 atentados contra la vida, 134 amenazas, 4 hostigamientos y 1 allanamiento ilegal.

Se identifica el incremento de la persecución y la amenaza durante el último trimestre. Adicionalmente, se presenta un incremento en las acciones contra organizaciones sindicales como colectivo [1] pasando de 9 casos en el año 2017 a 35 casos en lo que va del año 2018.

A esto se suma un contexto poco favorable de incumplimientos en la implementación de los Acuerdos de paz y obstáculos que han impedido avanzar en los diálogos con el ELN.

Mientras que el Gobierno Colombiano en el informe Examen Periódico Universal presentado en mayo de 2018 señala avances en materia de derechos humanos, los movimientos y organizaciones sociales no presentan un balance tan alentador.

Al nuevo gobierno le esperan grandes retos en materia de garantía, protección y promoción de los derechos humanos, con especial atención los de aquellas personas que están siendo perseguidas y asesinadas por defender derechos laborales, territorios y medio ambiente, poblaciones, por exigir la restitución de tierras, apoyar la paz, denunciar la corrupción y liderar protestas y movilizaciones sociales.

Según el Programa Somos Defensores, en el transcurso del año 2018 han sido asesinados 90 líderes sociales [2], esta lamentable situación ha venido ocurriendo en distintas regiones del país, principalmente en aquellas zonas priorizadas por el postconflicto, donde la ausencia estatal y el vacío dejado por las Farc, permiten disputas territoriales, por minería ilegal, explotación maderera ilegal, agricultura extensiva, control social y organizativo[3].

Esta violencia también genera un ambiente de vulnerabilidad contra sindicalistas y sindicatos, en el 2018, el 89,4% de las víctimas de la violencia antisindical han sido líderes/as y directivos/as sindicales quienes venían defendiendo derechos humanos y laborales, exigiendo garantías para realizar su actividad sindical, haciendo denuncias, apoyando la paz, participando en huelgas y protestas.

Más grave aún, se alerta sobre el incremento de la violencia antisindical en los últimos tres meses, en este periodo se han registrado más de la mitad de los casos documentados en el 2018.

A la permanencia de la violencia antisindical, se suma la criminalización de la acción sindical, esto es, el tratamiento de orden público, judicial y punitivo hacia a la actividad sindical.

Más de tres décadas de violencia antisindical en Colombia.

La violencia antisindical impide o limita el ejercicio de la libertad sindical y la defensa de derechos por parte de las y los trabajadores/as. Más aún cuando se trata del caso colombiano, donde el sindicalismo ha padecido la persecución y la violencia que ningún otro movimiento sindical en el mundo ha vivido.

Según el seguimiento realizado por la ENS, desde el 1 de enero de 1973 hasta el 27 de agosto de  2018, se han registrado al menos, 14.771 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre éstas, 3.166 homicidios, 404 atentados contra la vida, 239 desapariciones forzadas, 7.269 amenazas de muerte y 1.900 desplazamientos forzados.

De los sindicalistas quienes han perdido su vida, 2.836 son hombres, 330  son mujeres y 921 son dirigentes sindicales. [4]

Y más allá de las estadísticas, encontramos casos graves. Por ejemplo, el 14 de junio de 2018 organizaciones y dirigentes, sindicales y sociales, de varios departamentos fueron víctimas de una amenaza colectiva por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.

Entre los directivos sindicales amenazados se encuentran Edgar Mojica de la CUT Nacional, Fernando Otálvaro y Diego Escobar de Asonal Judicial S.I, Hernán Arciniegas de CUT Valle, Germán Marín y Fernando Pérez de CUT Antioquia.

También fueron amenazadas las organizaciones Sintraunicol y Sinaltrainal. En la amenaza se refieren al apoyo de la dirigencia social y sindical al candidato presidencial Gustavo Petro, y el apoyo al proceso de Paz que “no puede avanzar más”.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, una lectura preliminar de lo ocurrido en lo que va de 2018 muestra que la amenaza, es el tipo de violencia que presenta mayor recurrencia, representada en el 83,23% del total de casos registrados, muestra la prevalencia de la violencia no letal, pero que, de igual manera, genera un ambiente de vulnerabilidad adverso para el ejercicio de la actividad sindical, así como para las agendas sociales y políticas ligadas a la misma.

Durante el último año, gran parte de los sindicalistas y sindicatos víctimas de amenazas estaban llevando a cabo procesos de defensa de derechos, de la paz y de los territorios, reclamando restitución de tierras y apoyando la campaña presidencial de la Colombia Humana.

Estos son algunos de los casos que así lo ilustran, seis directivos y un trabajador sindicalizado del Valle del Cauca fueron amenazados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia- AGC el 15 de enero de 2018.

La amenaza que también fue dirigida a Sintraunicol, Sutimac, Asonal Judicial, Sintramunicipio, CUT Valle, CUT Cauca, la CTC, la CGT, relaciona las víctimas con la pedagogía por la paz y el respaldo al nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Además, el 29 de marzo de 2018 fue enviado a la sede sindical de Sintraviescols en Cali, un ramo de flores con una cinta y el nombre del sindicato, con una tarjeta que contenía la foto de 4 dirigentes del sindicato.

Por otra parte, en lo corrido del 2018 se han registrado 27 violaciones cometidas contra mujeres sindicalistas, el 85,19% de estas víctimas son mujeres que ejercen roles en la dirección y el activismo sindical. Durante este periodo, ¿Quiénes han sido las mujeres víctimas de violencia antisindical?

Más de la mitad son docentes, por ejemplo, en Viterbo, Caldas, el 25 de enero de 2018 fue amenazada María Victoria Martínez Grisales, docente y activista del Sindicato Educadores Unidos de Caldas, Educal.

En Antioquia, Nariño y Guajira también se han presentado amenazas y asesinatos de docentes sindicalizadas. Otras mujeres víctimas han sido trabajadoras y lideresas rurales, mujeres directivas sindicales, y una asesora de trabajadores informales.

Por ejemplo, Olga María Perilla Bautista representante de la Mesa de Víctimas del municipio de Maní, Casanare, presidenta de Asoprovicma e integrante del Comité Ejecutivo de la CGT seccional Casanare, recibió amenazas contra ella y su familia el 19 de febrero de 2018.

Además, de agresiones contra mujeres que se presentaron en el marco de la defensa de derechos laborales, se destaca el caso de Irma Beatriz López Suarez, abogada y asesora sindical de la CUT seccional Valle y Asolaborales, fue víctima de un atentado el 11 de abril de 2018 en Cali, Valle. También persisten las intimidaciones contra mujeres familiares de dirigentes sindicales.

Adicionalmente, en julio, el GAULA desactivó una banda de sicarios denominados “Los Magníficos”. Uno de sus miembros era exintegrante de la Sijín quien fue designado por la Unidad Nacional de Protección como reemplazo de los escoltas permanentes de los esquemas de seguridad de varios líderes sociales, sindicales y un periodista de Antioquia.

Uno de los afectados fue el expresidente de la CUT Antioquia, Carlos Julio Díaz quien se desempeñaba como director de la Escuela Nacional Sindical.

Es un hecho muy grave y preocupante la infiltración que se hizo de los esquemas de seguridad de líderes sociales, lo cual pone en alto riego a las organizaciones de derechos humanos, a los sindicatos y a los trabajadores vinculados a éstas. Estos sucesos no han sido aclarados por la Unidad Nacional de Protección – UNP.

En 2018 persiste el incremento de la violencia contra el activismo y la dirigencia sindical, mientras que para el 2017 este tipo de casos alcanzaron el 84,16%, en agosto de 2018 alcanza el 89,44% del registro total.

Esta característica podría guardar una relación con la proliferación de la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos, pues según la ONU la expresión “defensor de los derechos humanos” describe a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos,[6] y es justamente, la labor que han venido realizando sindicalistas y sindicatos que hoy son víctimas de la violencia: defendiendo derechos humanos, laborales y de las víctimas, protestando contra políticas estatales, trabajando por la protección del medio ambiente y los territorios, exigiendo garantías para la libertad sindical y apoyando la paz.

Esta focalización de la violencia contra líderes y directivos sindicales es muy grave, pues conlleva la vulneración de derechos individuales y colectivos, impidiendo el libre ejercicio de la libertad sindical y generando daños e impactos en los procesos y las organizaciones.

Estos son solo algunos de los casos que permiten mostrar lo que ha venido sucediendo, el 9 de abril de 2018 los trabajadores afiliados a Sinaltrainal presentaron un pliego de peticiones a la Multinacional Nestlé de Colombia, mientras la empresa se negaba a negociar, en mayo de 2018 fueron asesinados tres afiliados a Sinaltrainal en el Valle del Cauca. Gilberto Espinosa, quien había sido amenazado en febrero, fue asesinado el 13 de mayo de 2018. Luis Eduardo Domínguez dirigente y Cristian Lozano trabajador de base fueron asesinados el 23 de mayo en Andalucía, Valle.

En la región de la Costa Caribe también se ha presentado la violencia antisindical, el 2 de marzo de 2018 fue amenazada la dirigencia de Sintracoolechera por parte del Bloque Sierra Nevada de las Autodefensas Unidas de Colombia, que los declaró objetivo militar acusándoles de izquierdistas.

Se suma también la violencia homicida contra sindicalistas que defienden el medio ambiente, luchaban contra la minería ilegal y son líderes indígenas, el caso más doloroso es el de Holman Mamian docente de la Institución Educativa Santa Rita sede El Ventiadero del municipio de la Vega, Cauca, y afiliado a la Asociación de Institutores de Cauca, Asoinca.

Según Sinderh, en este periodo la violencia contra sindicalistas y sindicatos se ha presentado en 18 departamentos.

Los que registran más casos son Valle y Cauca, concentrando el 55,9% del total. Otras de las regiones más afectadas han sido Bogotá, Antioquia, Atlántico y Caldas. Teniendo en cuenta la existencia del sub registro y las cifras aún provisionales para el año 2018, se puede indicar la agudización de la violencia antisindical en la región del Suroccidente.

Adicionalmente, en lo que tiene que ver con la dinámica sectorial de la violencia antisindical, algunos de los sectores más golpeados en el periodo reciente, han sido la educación, la agricultura, otros servicios donde se agrupan directivas de las centrales sindicales, trabajadoras de la seguridad, trabajadoras penitenciarias y trabajadores de organizaciones sociales; y otros sectores como el minero y el de la salud.

Es necesario precisar la existencia del sub registro por dificultades en el acceso a la información, principalmente, con relación a los casos de docentes sindicalizados.

La reactivación de la violencia en las zonas rurales sigue siendo una constante y es una expresión que podría tener una relación con las dinámicas de la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos.

De manera particular, en el departamento del Cauca donde la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos se ha tornado más fuerte, todas las víctimas pertenecientes a sindicatos y asociaciones campesinas, también están vinculadas a distintas plataformas de derechos humanos y de defensa del territorio.

Es decir, su activismo no solo está supeditado al plano sindical, sino que hay una articulación con procesos políticos y populares. Uno caso significativo es el de Huber Ballesteros, Directivo Nacional de Fensuagro y de la CUT, reconocido defensor de derechos humanos y miembro de varios procesos sociales en el Cauca que ha sido amenazado en tres ocasiones en lo corrido del 2018, por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC-.

Por último, sobre la información relacionada con los presuntos responsables de la violencia cometida contra sindicalistas se tiene que en lo corrido del año 2018 prevalecen los casos en los cuales se señala a paramilitares como responsables, con el 56,52% de los casos.

Por ejemplo, han sido reiterativas las amenazas individuales y colectivas por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia; otras fueron perpetradas presuntamente por las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, Bloque Sierra Nevada y en el Cauca, las llamadas Águilas Negras.

Este resulta ser un factor de alarma, principalmente, porque aumenta la vulnerabilidad y el riesgo que corren hoy los líderes sociales, sindicales, populares, campesinos, reclamantes de tierras, ambientalistas y defensores de derechos humanos en general.

A pesar del crecimiento de éstos hechos de violación de los derechos humanos persiste una alta impunidad y falta de eficacia de los organismos judiciales de investigación y de las autoridades responsables de la seguridad y de la integridad de los líderes y defensores de derechos humanos.

Notas:
[1] Este tipo de violaciones se dirigen contra la organización sindical en su conjunto.
[2] “Van 90 líderes sociales asesinados en 2018 según la ONG Somos Defensores”,  El Colombiano, Julio 13 de 2018, En: http://www.elcolombiano.com/colombia/cuantos-lideres-sociales-han-asesinado-en-colombia-durante-2018-DF8997104 [Consultado Julio 14]
[3]Procuraduría General de la Nación, “Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia, Abril de 2018, En: https://www.procuraduria.gov.co/iemp/media/file/page_files/Violencia%20sistem%C3%A1tica%20contra%20defensores%20de%20derechos%20territoriales%20en%20Colombia.pdf  [Consultado Junio 25].
[4] Sistema de Información de Derechos Humanos, Sinderh, Escuela Nacional Sindical.
[5] Nota metodológica: Las cifras correspondientes al año 2018 son provisionales ya que se encuentran en proceso de recolección, contrastación y validación.
[6] Naciones Unidas Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. “Los defensores de los Derechos Humanos. Protección del derecho a defender los Derechos Humanos”. Folleto informativo N° 29. En: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29sp.pdf [Consulta Noviembre 05 de 2014].

(*) AIL: Agencia de Información Laboral.

Fuente:
http://ail.ens.org.co/noticias/violencia-antisindical-en-2018-crece-la-arremetida-contra-activistas-y-la-dirigencia-sindical/