Sindicalismo
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Bogotá.- La Junta Directiva de SINDICONCEJO expresa su más enérgica protesta por el injusto e ilegal despido de dos de sus integrantes, la compañera Flor María Vargas, Fiscal y el compañero Jairo Jiménez, Secretario de Actas, quienes gozan de fuero sindical y estabilidad laboral reforzada dada su condición de pre pensionados.



La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, integrada por el Concejal Daniel Palacios (Presidente), Xinia Navarro (primera Vicepresidenta) y Lucia Bastidas (segunda vicepresidenta), mediante Resolución No. 0540 del 26 de septiembre de 2018 declaró insubsistentes a nuestros compañeros, desconociendo los Acuerdos Colectivos de los años 2013 y 2015 y en especial el Acuerdo Colectivo 2018 firmado por la actual Junta Directiva del Concejo con las organizaciones sindicales el 12 de julio de 2018, en donde se pactó que la Mesa Directiva garantizará la estabilidad laboral reforzada a funcionarios que se encuentren en condición de pre pensionados, padres y madres cabeza de familia o que cuenten con fuero sindical, como es la situación de los compañeros Flor Vargas y Jairo Jiménez, que tienen estas tres condiciones.

La Mesa Directiva al despedir a nuestros compañeros desconoció el derecho al fuero sindical de que gozan como miembros de la Junta Directiva de SINDICONEJO.

Cualquier decisión sobre el fuero sindical debe provenir de una decisión judicial. La institución del fuero sindical es de origen constitucional y no se puede desconocer en ningún caso porque se estaría desconociendo el derecho de asociación y la autonomía sindical, derechos consagrados en la Carta Magna, en Convenios de la OIT ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

SINDICONCEJO, siempre ha defendido la carrera administrativa y respeta los derechos de quienes ganaron el concurso, pero igualmente exige respeto por los derechos de los empleados provisionales que gozan de especial protección constitucional en su condición de pre pensionados, a quienes no se les puede violar sus derechos al mínimo vital y a la igualdad, como lo señala con claridad la Corte Constitucional en varias de sus sentencias relacionadas con la estabilidad laboral de los pre pensionados.

La Corte Constitucional en Sentencia C-326 de 2014, señala con claridad que al tomar decisiones relativas a la provisión de cargos de carrera administrativa, las autoridades nominadoras deben obrar en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales en forma razonable, ponderada, y habiendo procurado no desconocer los derechos fundamentales de quienes se habrán de ver afectados por sus actos, para así no desencadenar resultados injustos que pueden ser evitados.

Igualmente, en la Sentencia SU-446 de 2011, la Corte afirma que cuando surja la obligación de nombrar de la lista de elegibles a quien superó las etapas del concurso, en un cargo de carrera ocupado en provisionalidad por un sujeto de especial protección como los pre pensionados, en aplicación de medidas afirmativas dispuestas en la Constitución Política (art. 13 numeral 3º), y en la materialización del principio de solidaridad social (art. 95 ibídem), se debe proceder con especial cuidado previendo dispositivos tendientes a no lesionar sus derechos.

Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia 88001233300020160006001, Abr. 20/17, concluyó que cuando el cargo ocupado por una persona próxima a pensionarse es ofertado en un concurso de méritos entran en tensión los derechos del aspirante que superó el concurso para acceder al cargo y la protección de los derechos del pre pensionado, por lo que no es posible resolverse únicamente a favor de alguno. Por el contrario, se debe realizar una ponderación de los derechos que no afecte el núcleo esencial de ninguno de los dos, de tal manera que debe efectuarse un examen objetivo de las circunstancias del caso.

La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, desconoció estas decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, pues no previo ningún dispositivo ni presentó ninguna alternativa para no lesionar los derechos de nuestros compañeros al mínimo vital, quienes son personas en condiciones de debilidad manifiesta que dependen económicamente de los únicos ingresos que reciben como empleados del Concejo y que por su edad (más de 58 años) no tienen ninguna posibilidad de conseguir un nuevo trabajo.

Exigimos a la Personería de Bogotá, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación iniciar una investigación sobre el despido de nuestros compañeros quienes gozan de fuero sindical y estabilidad laboral reforzada en su condición de pensionados.

La Mesas Directivas de Concejo de Bogotá no puede seguir aplicando la práctica de despedir y que los afectados demanden, desconociendo que tienen la obligación de prevenir el daño antijurídico, prácticas que le han costado al Distrito el pago de sumas millonarias, ya que en varias ocasiones funcionarios del Concejo con fuero sindical despedidos ilegalmente han ganado las demandas.

Firmado: Junta Directiva de Sindiconcejo