Sindicalismo
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La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo -USO- manifiesta su consternación y rechazo frente a la ola sistemática de crímenes en contra de cientos de líderes indígenas, afro, campesinos y sociales en Colombia. No tiene justificación alguna, que en su gran mayoría estos crímenes se den en zonas de control absoluto de las Fuerzas Militares y de policía.



Nuevos hechos de terror ocurrieron el pasado sábado 10 de agosto, cuando fueron asesinados dos guardias indígenas y otros cuatro resultaron heridos mientras se movilizaban en un vehículo colectivo en la vía que comunica a los municipios de Toribio y Caloto, en el norte de departamento del Cauca, a acompañar la Feria del Café y fueron atacados con disparos de fusil.

Las víctimas son Kevin Mestizo Coicué y Eugenio Tenorio, mientras que las personas heridas corresponden a Leonel Coicué, Sandra Milena Pacue, Edinson Eduardo Rivera y Julio Taquinás Pilcué. Este es el segundo atentado contra la Guardia Indígena en menos de 24 horas.

Luego de la firma del Acuerdo de Paz, 159 indígenas fueron asesinados y en lo corrido del gobierno del presidente Duque ya son 97 los indígenas asesinados; además en el último año los Pueblos Indígenas de Colombia han sido objeto de graves vulneraciones a los Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos, especialmente después de las Mingas desarrolladas en los meses de marzo y abril en distintas partes del territorio; luego que el presidente se negó a reunirse con las comunidades aborígenes, los ataques, amenazas y asesinatos se han incrementado de manera acelerada.

La realidad es que hoy estamos frente a un Gobierno corrupto que se muestra “incapaz” de frenar el asesinato de líderes sociales en el país. Los indígenas están siendo asesinados porque reclaman sus tierras y se oponen al negocio de la Coca en sus territorios. Los insumos químicos llegan a esta región en grandes volúmenes, la cocaína y la marihuana se mueven y pasan libremente por regiones fuertemente militarizadas, mientras las rutas del narcotráfico son controladas militar y económicamente por los carteles del Clan del Golfo y Sinaloa, bajo la mirada cómplice del Estado Colombiano.

El país observa horrorizado la incapacidad e indiferencia del gobierno para poner fin a este baño de sangre, al mismo tiempo que la bancada del Centro Democrático ataca el proceso de paz y la JEP, estigmatiza las movilizaciones sociales y anuncia proyectos de ley para liquidar los derechos de la gente. La incidencia de la comunidad internacional parece insuficiente ante esta matanza sistemática y el sistema judicial permanece impávido y temeroso de actuar contra los beneficiarios reales de esta violencia institucional.

Llamamos urgentemente a la sociedad en general, a la comunidad internacional, a los medios de comunicación, a todos los sectores políticos a unir fuerzas y movilizarnos, si es necesario diariamente, a favor de vida y el derecho a vivir en paz y con dignidad.

Comisión Nacional De Derechos Humanos y Paz “U.S.O”  
Bogotá, 12 de agosto de 2019.