La situación presente del sistema general de pensiones y los indicadores de sostenibilidad del mismo, evidencian que el modelo de la ley 100 de 1993 está lejos de haber dado respuesta a los problemas pensionales del país. Por el contrario, se proyecta que cada vez más personas dependerán del financiamiento estatal, o no tendrán el derecho a una pensión de vejez, en el caso en el que el Estado no la garantice.

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