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Bogotá
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Como consecuencia del importante ascenso de la lucha social en la defensa de la vida y la paz, en procura de la construcción de una Colombia incluyente para todos y todas, la mano asesina del paramilitarismo se ha hecho sentir como parte de la estrategia de terrorismo de Estado a partir de la contención y control de los territorios.



La falsa implementación del Acuerdo de paz, ha sumergido al territorio Nacional en un proceso de reactivación paramilitar, de despojo y depredación ambiental, de violencia generalizada en la guerra por el copamiento de territorios con la perpetración de 71 masacres generalizadas en lo corrido de este año.

El incumplimiento absoluto ha llevado a que a la fecha, 236 ex combatientes firmantes de la paz hayan sido asesinados por su compromiso con la concreción de la paz con justicia social; esto ante los ojos complacientes de los sectores más retardatarios de la derecha criolla.

En este contexto general y conocido de asesinatos a líderes y lideresas sociales, defensores de Derechos Humanos, firmantes del acuerdo de paz, Bogotá se ha tornado en un escenario de zozobra para los liderazgos y procesos políticos y comunitarios. A los múltiples panfletos intimidantes, se suma la masacre aún no esclarecida de 14 personas hace dos meses en el contexto de la protesta social.

El pasado 4 de noviembre se conoció por redes sociales una amenaza colectiva por parte de las autodenominadas Águilas Negras – Bloque Capital a 11 militantes y dirigentes del Partido Comunista Colombiano que ejercen representación y liderazgo social y político en la Capital de la República y a nivel Nacional.

Bogotá no puede ser teatro de nuevas formas de control territorial y de estructuras neoparamilitares, que controlan las economías ilegales y que amenazan jóvenes y líderes sociales y comunitarios, ante el silencio de las entidades encargadas de proteger la vida y de adelantar las investigaciones pertinentes.

Como Partido Comunista Colombiano, integrantes de la Unión Patriótica y la Colombia Humana, rechazamos estos actos intimidatorios y exigimos del Gobierno Nacional el desmonte de las estructuras paramilitares que campean a lo largo y ancho del territorio Nacional, a la Institucionalidad del Distrito que se adelanten todas las acciones necesarias para la garantía de los Derechos Humanos y el otorgamiento de las respectivas medidas de seguridad y protección para los militantes comunistas amenazados que permitan preservar su integridad física y la vida; a los Entes de Investigación, que adelanten procesos jurídicos orientados al desmantelamiento de las bandas sucesoras del paramilitarismo en el Distrito Capital y que se juzgue y castigue a los responsables de la masacre cometida los días 9 y 10 de Septiembre, por parte de la Policía Nacional.

Estos no son hechos aislados, se suman a la larga lista de agresiones contra el movimiento social y político del Distrito. Las fuerzas retardatarias han entendido que Colombia ha llegado a un punto de inflexión histórica y que el anhelo de transformaciones profundas es una decisión del Pueblo colombiano. El Partido Comunista Colombiano, ante las amenazas de muerte y exterminio, siempre responderá combatiendo con la fuerza de la esperanza por una nueva sociedad, exigiendo el cumplimiento del derecho a la vida y haciendo de las calles su privilegiado escenario de movilización como expresión de resistencia popular; seguiremos coadyuvando con la organización de expresiones del movimiento social y juntando las rebeldías.
 
(*) Comité Ejecutivo Distrital
Partido Comunista Colombiano
Regional Mario Upegui Hurtado