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Internacional
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Peligroso Código del silencio cubre a la corrupción descarada en Monómeros. Denuncias de venta de maquinaria como chatarra y una disputa interna entre líderes políticos venezolanos y del Centro Democrático en Colombia, saca a la luz una vendetta de corrupción. Alerta por empleados con Covid-19 que no han sido tratados adecuadamente. ¿Qué papel cumple Santiago Uribe Vélez en todo esto?



De la mano del autoproclamado gobierno interino de Venezuela, y gracias al beneplácito del gobierno colombiano y la Cámara de Comercio de Barranquilla, funcionarios y empresarios vinculados a grupos políticos regionales de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos S.A. habrían venido presuntamente saqueándola, llegando incluso a vender como chatarra maquinaria en buen estado, según han denunciado fuentes de la misma Junta Directiva de la empresa y del sindicato de trabajadores.

No obstante las evidencias, son pocos quienes se atreven a hablar por la existencia de un código de silencio "garantizado" presuntamente por personas cercanas al partido Centro Democrático y al senador Álvaro Uribe Vélez, quien (según una fuente de la junta directiva) habría delegado a su hermano Santiago para que se encargue de cumplir el acuerdo entre el gobierno interino de Guaidó y los políticos locales.

Pese a que la ONU reconoce como legítimo gobierno de Venezuela al liderado por Nicolás Maduro, y que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró como inconstitucional a la Asamblea Nacional y nula la elección de Juan Guaidó como su presidente, tanto el gobierno de Colombia como la Cámara de Comercio de Barranquilla avalan la Junta Directiva y el Gerente nombrados por Guaidó en Monómeros, quienes tomaron posesión forzosa de la empresa en febrero de 2019, tras la inadmisión en Colombia del gerente de la empresa nombrado desde Pequiven, matriz de Monómeros en Venezuela.

En adelante, y como un medio para garantizar la "gobernabilidad", los directivos de Monómeros han sido aliados de grupos políticos colombianos, quienes a cambio de jugosos contratos han logrado incluso que la Cámara de Comercio de Barranquilla los reconozca.

Esa junta, conformada por 5 miembros principales y 5 suplentes, hoy liderada por Carmen Elisa Hernández y a la que Guaidó llama "Junta Ad-Hoc", ha tenido múltiples cambios en los últimos meses, todos de acuerdo a la lucha de poder interna que se vive en la empresa, sin mencionar la docena de cambios en la gerencias y subgerencias de la empresa.

Varios de sus directivos han denunciado presiones por parte de políticos venezolanos miembros de la oposición para que se suscriban contratos con determinadas personas y empresas, como quedó en evidencia tras una denuncia de Humberto Calderón Berti, ex representante de Guaidó en Colombia, quien señaló haber sido testigo de reuniones en la sede de Monómeros entre directivos de la empresa y  parlamentarios venezolanos de la Comisión  de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, y donde Calderón dijo sentir "repulsión" por la "extorsión de la que son víctima los directores de la empresa".

Dos semanas después de estas afirmaciones, Guaidó decidió reemplazar de forma poco decorosa a Calderón Berti como su representante en Colombia.

Los malos resultados son tan evidentes que ya los empleados comienzan a temer por el futuro de la empresa, y en los mentideros políticos y empresariales se habla del "desmantelamiento" de Monómeros como la tarea que tendrían asignada los directivos actuales de parte del mismo Juan Guaidó.

En 2019, según el balance del ejercicio anual de la empresa, Monómeros arrojó pérdidas por 25.792 millones de pesos. Sin embargo, la Junta AdHoc, en una compleja labor de maquillaje financiero, autorizó en la Asamblea de Accionistas que se utilizaran las reservas que por valor de 30.694 millones de pesos tenía Monómeros para compra de equipos y modernización tecnológica, además de 6.983 millones reservados por resultados acumulados de años anteriores, para tapar el hueco que deja el primer año de administración de los delegados y directivos de Guaidó.

Es decir, en el balance del primer año de la Junta AdHoc delegada por el gobierno de facto en cabeza de Juan Guaidó, no solo arrojó pérdidas, sino que se autorizó que se gastaran los ahorros reservados para la actualización tecnológica de la empresa, condenando a Monómeros a la obsolescencia, quizás para venderlo todo como chatarra.

Las dudas sobre porqué la Cámara de Comercio de Barranquilla, que se supone es el guarda de la fe pública en materia comercial y empresarial, avaló y considera como legítima la junta directiva "AdHoc" en Monómeros, cuando este es considerado un gobierno que no es reconocido por la Asamblea General de la ONU, comienzan por una resolución, cuando se analizan más específicamente ciertos contratos.

En 2018, el entonces gerente de Monómeros era Pedro José Lugo, quien estuvo al frente de Monómeros desde septiembre de 2013 hasta junio de 2019, período en el cual otorgó contratos al grupo empresarial MERCO por un valor de alrededor de 30 millones de dólares.

El grupo MERCO es propiedad del empresario Reginaldo Pérez, quien a su vez era miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio cuando se solicitó el registro de la nueva junta directiva designada por Juan Guaidó, y a quienes entregó Pedro Lugo su poder como gerente. Es decir, el empresario Reginaldo Pérez era contratista de Monómeros y directivo de la Cámara de Comercio cuando este avaló los cambios del "gobierno interino".

Lugo fue el gerente de Monómeros que facilitó el desembarco de los delegados de Guaidó, quien gestionó efectivamente el registro de la nueva junta directiva ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, y quien funcionó como representante legal de Monómeros en una primera etapa de la toma de Humberto Calderón Berti, quien denunció las extorsiones de que estaban siendo objeto por parte de los políticos de la oposición venezolana.

Pero las coincidencias no paran ahí. Pedro José Lugo, el gerente amigo de Pérez, firmó el 10 de diciembre de 2018 un contrato con la empresa INSAPRO SAS cuyo objeto era la maquila de yeso agrícola, comprometiendo a Monómeros al pago de dicho contrato durante tres años.

La empresa fue creada en marzo de 2016, apenas dos años y medio antes de la firma del contrato, y su fundadora es María Claudia Pérez Sanabria, hija del empresario Reginaldo Pérez, contratista de Monómeros a través de MERCO y director de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

El gerente saliente Pedro Lugo terminó fungiendo como representante legal y socio de INSAPRO SAS apenas unos meses después de su salida de Monómeros. Es decir, una puerta giratoria perfecta.

Como no hay matrimonio por conveniencia que dure tanto, la disputa al interior de Monómeros terminó por afectar al empresario Reginaldo Pérez, pues la nueva junta directiva terminó por no contratar más a MERCO y ahora contrata por un precio 58% más costoso a la empresa NORPAK, para la realización de la misma labor que antes hacían las empresas de Pérez. A todas éstas, la verdadera pregunta es por qué Monómeros contrata la actividad de carga pudiendo realizarla con sus propios equipos y personal, y la respuesta es reveladora: voracidad por la chatarra.

El otro afectado por la vendetta interna es el mismo Pedro José Lugo, quien luego de ser facilitador de la toma de poder de la empresa Monómeros por parte del gobierno de facto liderado por Juan Guaidó, ahora es víctima de una severa persecución penal y administrativa por parte de la misma Junta AdHoc a la que él ayudó a llegar.

Como así le paga el diablo a quien bien le sirve, el exgerente ha sido denunciado por la actual administración de Monómeros ante la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades por (presuntamente) tomar decisiones más allá de sus facultades, extralimitarse en sus funciones, saltarse al comité ejecutivo y celebrar contratos sin la autorización de la Junta AdHoc mientras fue gerente de la empresa.

Chatarra millonaria

Otra denuncia respecto del accionar de la Junta AdHoc designada por Guaidó y avalada por la Cámara de Comercio de Barranquilla, es la venta como chatarra de piezas de maquinaria de Monómeros.

Según denuncias de miembros del sindicato, que coinciden con lo dicho por un miembro de la Junta Directiva que no está de acuerdo con lo que sucede en la empresa, la actual gerencia con autorización de la Junta AdHoc, firmó un contrato con la empresa Green Metal para el desmantelamiento de las plantas 5, 7 y 9 de la empresa, ubicadas en Barranquilla, y la clasificación y venta de los componentes de la misma como chatarra.

De acuerdo al contrato, se retiraron 2 mil toneladas de acero inoxidable y 1.100 toneladas de acero al carbono; sin embargo, la denuncia se refiere a que la cantidad real de material de esas plantas es de por lo menos el doble de lo contratado y pagado, por lo que surge la duda respecto de qué pasó con el pago por la diferencia y por qué no se reportó la cantidad real.

Adicionalmente, en contra de las sugerencias técnicas, la Junta AdHoc ordenó el gasto en marzo pasado de por lo menos 600 millones de pesos en la compra de dos trenes para la automatización del proceso de empacado en la planta 12, también ubicada en Barranquilla, proceso que como era de esperarse y lo habían advertido los técnicos falló, razón por la cual los equipos están inactivos y en desuso.

En ese intento, la producción disminuyó, pues despidieron al personal que tenía a su cargo el proceso, pero tras el fracaso fue necesario recontratarlos para reactivar la producción. Lo que se preguntan los trabajadores viendo los equipos arrumados es si no se trató de un hecho premeditado para venderlos luego por chatarra, teniendo en cuenta que en su mayoría son de acero al carbono.

Un silencio apostólico.

Es tan fuerte el código de silencio que impera en Monómeros, que el pasado 13 de abril el senador José David Name Cardozo publicó una columna denunciando que esa petroquímica estaba "siendo despedazada por sus directivos" (ver https://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/978-hay-que-rescatar-a-monomeros-senador-jose-david-name).

Name denunció millonarios gastos, incluso en comidas y meriendas, para mantener a los miembros de la Junta Directiva y urgió al gobierno de Iván Duque para que retomara el control de la empresa teniendo en cuenta la importancia regional de la misma en la generación de empleos e ingresos para los atlanticenses.

En su columna, Name Cardozo hace un análisis que trasciende lo ideológico y sitúa la importancia de Monómeros como una de las 100 empresas más grandes de Colombia. Sin embargo, en un hasta ahora no explicado giro del senador, un par de semanas después se retractó de lo dicho y nunca más ha vuelto a referirse al tema.

Pero Name Cardozo no es el único que prefiere no hablar de lo que sucede en Monómeros. Miembros del sindicato que piden el anonimato han denunciado que en la empresa van más de 102 casos de Covid-19 entre los trabajadores, sin que exista un manejo adecuado de la situación, y que cuando levantaron la voz para pedir elementos de bioprotección y un cerco epidemiológico acorde a la situación, no sólo no fueron escuchados sino que fueron advertidos que el apoyo local para la "Junta AdHoc" era Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, y quien es investigado por concierto para delinquir, conformación de grupos paramilitares y masacres. Todos prefirieron callar.

Al final, tal y como se comenta en los corrillos empresariales y políticos, los delegados de Juan Guaidó que por la fuerza administran a Monómeros con el beneplácito del gobierno colombiano y participación de miembros del partido político de gobierno, parecen estar logrando su objetivo: desmantelar pieza por pieza un valioso activo de todos los venezolanos, pues Pequiven como empresa estatal es la dueña de Monómeros.

La empresa es crucial para la economía de Colombia, pues Monómeros representa entre el 20 al 30% del total del mercado de los abonos del país, por lo que su desmantelamiento afectaría directamente los costos de la producción agropecuaria.

Adicionalmente, Monómeros genera alrededor de 800 empleos directos y unos 1.300 indirectos en el departamento del Atlántico, por lo que la preocupación de los empleados por los bandazos de la junta directiva es apenas entendible.

Por ahora, la empresa Monómeros en manos de los delegados del "gobierno interino" solo está abonando la corrupción de los grupos cercanos a Juan Guaidó tanto en Venezuela como en Colombia.

30 de julio de 2020

Tomado de tejiendoterritorios.co