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Internacional
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Lo sucedido en Estados Unidos no es único. Trump cantó «fraude» cuando ni se habían comenzado a contar las boletas enviadas por correo, y hasta celebró su «victoria» en la Casa Blanca en un acto que dejó varias decenas de contagiados con el coronavirus. Ahora, el guión, con otros actores, se pretende llevar a Venezuela, donde el próximo 6 de diciembre habrá elecciones parlamentarias.



Los mismos entes externos de la «democracia», llámese Grupo de Lima, OEA, Departamento de Estado norteamericano o Unión Europea, además de reconocer a un «presidente autoproclamado» en un mitin con unas decenas de personas,  dieron la espalda a un Gobierno legítimo elegido de forma democrática y por mayoría popular, y ahora no quieren reconocer el proceso electoral por el que tanto clamaron.

Son factores externos y alguno que otro personaje interno, asalariados de Washington, cuya cara más visible es la de Juan Guaidó, obsesionado con la salida de Maduro y el declive de la Revolución Bolivariana. Saben, los unos y los otros, que sería imposible aceptar semejante humillación a la democracia y tan vulgar injerencismo en los asuntos internos de un país.

En los últimos días, Guaidó, ante la incertidumbre de quedar desamparado tras la derrota de Trump, se ha propuesto aparecer ahora, en los próximos comicios parlamentarios de la República Bolivariana, como «supervisor» de las mesas electorales, en busca de un «fraude» que ya vaticinó.

Sabiéndose en los finales de su carrera de autoproclamado presidente, presiente que el piso se le derrumba, y decidió no participar con su agrupación política y algunos de sus seguidores llamados de «la oposición» en los próximos comicios, y ahora concentran su energía en desprestigiar la cita a las urnas.

Está claro que la lógica de la oea y la de su secretario general Luis Almagro no podía ser otra, por cuanto, qué se puede esperar de quienes organizaron y validaron el golpe militar contra Evo Morales y el Movimiento al Socialismo el pasado año, en Bolivia.

¿Qué valor moral y político se le puede conceder a quien se autoproclama presidente, a los que organizan y ejecutan golpes de Estado o asumen la genuflexión como costumbre de actuación, cumpliendo al pie de la letra lo que le ordenen desde la cuna imperial que intenta volver a aplicar la Doctrina Monroe contra nuestros Pueblos?

Quizá sea el tiempo para que América Latina y el Caribe (unidos), se propongan enterrar a la OEA y sus vestigios de entidad antidemocrática, conspiradora y, principalmente, contraria a las naciones a las que supuestamente representa.

Por qué no preguntarnos si el momento que vive nuestra región es el de fortalecer a una organización más joven, pero con mucha más moral y aval solidario para con los países del continente: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde pueden estar todos, no importa la ideología que sustenten o el sistema de gobierno que tengan.

La otra entidad que cuestiona los comicios en Venezuela es la Unión Europea que, lamentablemente, insiste en la política de sanciones contra la Revolución Bolivariana y su presidente legítimo, Nicolás Maduro.


Adendum:
Desde el año 2016, la OEA asumió un rol de injerencia y agresión diplomática contra la República Bolivariana de Venezuela en múltiples formas. La elección de Luis Almagro marcó una orientación alineada a las directrices de la política exterior estadounidense sobre Venezuela. La idea de instrumentalizar el organismo multilateral como eje de presión internacional consistía en forzar el aislamiento externo del país y amplificar el asedio multiforme en su contra.

Con esta estrategia de aislamiento, la OEA se perfilaría como un espacio idóneo para institucionalizar medidas coercitivas unilaterales, y también como un ente por donde las agresiones diplomáticas, económicas y las presiones diplomáticas podían blanquearse, siendo presentadas a modo de extensión de una “gestión multilateral” supuestamente preocupada por la situación en Venezuela.

El tratamiento de la OEA durante el año 2016 fue sumamente agresivo y se mantuvo en escalada hasta que la República Bolivariana de Venezuela oficializó su salida del organismo en abril de 2019, dos años después de haber solicitado el retiro de su membresía.

El interés de emplear la OEA como un instrumento de intervención diplomática partía de objetivos tanto tácticos como estratégicos. En primera instancia, se buscaba proyectar el “carácter internacional de la crisis venezolana” para legitimar la interferencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte del Gobierno de los EEUU y de sus países socios en la escena latinoamericana.

En un segundo plano, el uso político de la OEA otorgaría “legitimidad hemisférica” a las operaciones de “cambio de régimen” de la oposición venezolana, dotándolas de reconocimiento y ampliando su marco operativo a escala internacional.

En un tercer momento, la OEA sería convertida en un espacio útil para emprender una campaña de tutelaje político y diplomático de Venezuela, con el propósito de doblegar y desconocer sus instituciones apuntalando la política exterior estadounidense y su retórica abiertamente golpista desde el organismo. Se trataba de crear un bloque de países sólidos, alineados y comprometidos con el “cambio de régimen” promovido por los EEUU.

En un cuarto plano, la configuración de la OEA como un ente de asedio perpetuo contra la República Bolivariana de Venezuela presionó por el aislamiento internacional de la República, una estrategia que se encargó de profundizar los efectos económicos y sociales de las medidas coercitivas unilaterales que el Gobierno de los EEUU comenzaba a imponer con fuerza y regularidad, en un intento por hundir la economía venezolana, quebrar su capacidad importadora y desconectar el sistema financiero de la República del sistema de pagos y transacciones financieras internacionales dependiente de la esfera de influencia de los EEUU.

Bajo estos cuatro rasgos, al que debe incluirse el linchamiento diplomático permanente y la aplicación de un conjunto de resoluciones ilegales que sirvieron para proyectar a la OEA como el supuesto gran árbitro de la situación venezolana. En 2016, en el contexto de las movilizaciones y acciones violentas de los partidos y movimientos opositores para presionar por la realización de un referéndum revocatorio, opción que fue socavada tras un conjunto de irregularidades en la presentación de los requisitos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, orientó sus acciones hacia la aplicación de la Carta Democrática del organismo.

Luis Almagro y los países plegados a la campaña de “cambio de régimen” no encontraron el consenso suficiente para la aplicación de un instrumento que habría supuesto la imposición de medidas de agresión comercial, económica, financiera y diplomática, abriendo paso a la expulsión de la República Bolivariana de Venezuela del organismo. Muestra de ello fue una resolución aprobada en junio de 2016, donde la opción del diálogo para la resolución de las controversias obtuvo mayor respaldo que la postura favorable a la aplicación de la Carta Democrática.

Para avanzar en la imposición ilegal del instrumento, Luis Almagro presentó un informe de 132 páginas que intentaba ilustrar la situación venezolana desde una perspectiva parcializada y con una marcada intencionalidad política. En el informe, se intentó proyectar al Gobierno Bolivariano como una entidad alejada de los principios democráticos, convirtiéndolo en responsable, además, de la crisis económica generada por una combinación agresiva de factores y variables de especulación interna, sabotaje empresarial, sequía de divisas por la caída internacional de los precios del petróleo y, todo aquello, emulsionado por el inicio de las agresiones financieras y comerciales en reacción a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los EEUU.

Durante el año 2017, y en el contexto de una nueva revolución de colores planificada para desplegar un ciclo de violencia armada con rasgos mercenarios, la OEA escaló en su estrategia de asedio, otorgando legitimidad a la narrativa opositora sobre la supuesta ruptura del orden constitucional a manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la decisión tomada de cara a determinadas funciones parlamentarias, inhabilitadas por la situación de desacato originada en 2016 en el marco del choque de poderes iniciado por los partidos opositores.

En abril fue aprobada una resolución que calificaba la situación como una violación del orden constitucional, marcando una clara interferencia en los asuntos internos de Venezuela. La OEA, impulsada por Almagro, utilizó el contexto de revolución de colores para incrementar el asedio amparándose en una instrumentalización interesada de la cuestión de los derechos humanos.

La OEA jugó un papel clave en blanquear, encubrir y, en última instancia, legitimar las acciones de violencia desplegada por grupos mercenarios entrenados, financiados y dirigidos por los principales partidos opositores. La OEA ya no sólo perseguía la expulsión de Venezuela del organismo, objetivo que nunca se abandonó realmente, sino que, ahora, en el marco de la agitación política y la violencia armada de factores opositores, exigía la celebración de “elecciones generales”, ampliando el radio de impacto de la narrativa opositora que impulsaba las protestas violentas.

Almagro presentó una actualización de su primer informe en un intento por mantener la agenda de asedio multilateral con el empuje suficiente. Aunque hubo inmensas presiones, la OEA no consiguió la aplicación de la Carta Democrática, como tampoco el consenso necesario para presentar la amenaza creíble de la expulsión.

El apoyo también fue insuficiente, en junio de 2017, para exigir la reversión de la propuesta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente realizada por el presidente Nicolás Maduro. Los EEUU y sus países aliados no lograron hacer avanzar su propuesta de ruptura y quiebre de la institucionalidad venezolana y ello significó un duro golpe para la gestión golpista de Luis Almagro.

Cuando el ciclo de revolución de colores y violencia finalmente se diluyó frente a la convocatoria y celebración de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, el espacio de la OEA se vio desautorizado e inefectivo para cristalizar los objetivos del “cambio de régimen” planificado por los EEUU.

A mediados de 2018 hubo un nuevo intento de expulsar a Venezuela del organismo, lo que se vio como una maniobra desesperada para sostener la visibilidad del organismo como una parte sustancial del conflicto político venezolano. Además, faltaba poco tiempo para que Venezuela oficializara su retiro del organismo, lo cual restó efectividad política al intento de expulsión ilegal y a la fuerza.

Visto en retrospectiva, y aunque la OEA tuvo un papel clave en la masificación de la violencia y en el respaldo institucional al “cambio de régimen”, en términos generales su estrategia fracasó. Los objetivos inicialmente planteados como la aplicación de la Carta Democrática, la expulsión de Venezuela del organismo y el tutelaje de la República para doblegar sus instituciones, forzándolas a aceptar las demandas del “cambio de régimen”, no se cumplieron.

La OEA, en varios momentos, realizó sesiones de su Consejo Permanente a espaldas de Venezuela, cabildeó resoluciones opacas y extralimitó sus competencias institucionales al forjar un expediente de intervención diplomática contra Venezuela. Estas prácticas ilegales y lesivas del derecho internacional vigente, y de los propios principios rectores del organismo, concluyeron en la inhabilitación del ente como un espacio de interlocución y diálogo que contara con el respaldo de las instituciones venezolanas.

En términos generales la OEA, en su intento de aislar a Venezuela y de tutelarla, terminó aislándose de la situación política venezolana, perdiendo credibilidad frente a los actores políticos locales y consolidándose, de cara a la opinión pública, como una entidad dependiente de los EEUU, con escasa autonomía para presentarse como una opción de interlocución válida en la escena latinoamericana.

El desmantelamiento de la estrategia de la OEA obligó a un cambio de estrategia. Los países asociados a la campaña de “cambio de régimen” de los EEUU, sin capacidad para articular un consenso mayoritario a lo interno del organismo para cristalizar los objetivos de la estrategia, formaron el autodenominado “Grupo de Lima”, un espacio ad hoc que vino a sustituir a la OEA, configurando un nuevo espacio de injerencia externa, dependiente de los EEUU, pero ahora desde una postura informal y sin mayor incidencia en el campo internacional. A partir de allí movieron su teatro de operaciones a las Naciones Unidas y, especialmente, al Consejo de Derechos Humanos.

Tomado de granma.cu y La Verdad de Venezuela contra La Infamia. Datos y testimonios de un país bajo asedio