La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 que establecía que los municipios deberían realizar una consulta popular cuando se presentara un proyecto, ya sea minero, turístico u otro, que amenazara con crear un cambio significativo en el uso del suelo o diera lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio.

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