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Las consecuencias de la pandemia son amplificadas por un sector sanitario sujeto al capital financiero.

La pandemia generada por el Covid-19 crece de manera virulenta acercándonos peligrosamente al pico de contagio sin que aún se hayan tomado las decisiones sanitarias y económicas necesarias para enfrentar la pandemia y evitar el empobrecimiento y el hambre en cerca de 20 millones de colombianos.



La pandemia puso en evidencia la precariedad de los sistemas sanitarios privatizados ligados al capital financiero. En nuestro caso las deudas de las EPS a hospitales y clínicas son cercanas a los 9 billones de pesos, a lo que se suma los bajos salarios del personal sanitario, la desprotección de las poblaciones rurales y de los pobres de las ciudades por falta de infraestructura, tecnología y recursos humanos sanitarios, que cuando existen, se concentran en las personas de mayores ingresos de las ciudades.

Este modelo altamente discriminadora atenta contra el derecho a la salud de las y los colombianos, por lo que es necesario sacarlo definitivamente de la órbita del mercado y con ello poder corregir las falencias señaladas.

Lamentablemente el gobierno reacciona tardíamente colocando en peligro la vida del personal sanitario y de los colombianos.

Medidas económicas y sociales que acentúan la dependencia exterior.

Por otro lado las limitaciones y dependencia productiva se han mostrado protuberantes, como el déficit en la balanza de cuenta corriente, la poca creación de riqueza, el creciente desempleo y el abultado servicio de la deuda, han hecho tan evidente nuestra dependencia externa a tal punto que debemos importar las mascarillas, medicamentos y equipamiento médico, que con una sana protección arancelaria y promoción real de la investigación y desarrollo podríamos producir en parte en nuestra patria, incluso los prototipos de respiradores producidos por las universidades colombianas que cuestan un 30% menos que en el mercado internacional siguen en la tediosa y burocrática fila de espera del INVIMA.  

A lo anterior se suma que nos han convertido en importadores netos de fertilizantes y semillas para producir alimentos. A pesar de ello los campesinos colombianos proveen el 70% de los alimentos a la nación, lamentablemente por las limitaciones logísticas y la caída en la demanda, muchos de ellos están perdiendo sus cosechas.

En lugar de apoyo reciben del gobierno Duque un decreto que elimina los aranceles para la importación de granos y otros alimentos.

La mitad de la población activa sin ingresos.

Concomitante a la dependencia y limitaciones productivas está el creciente desempleo, con 5 millones de parados al mes de mayo (20%) además de 5 millones de inactivos nuevos, la mitad de fuerza laboral sin ingresos.

Desde la Bancada Alternativa que reúne entre otras a los partidos y fuerzas del Foro de Sao Paulo, hemos impulsado con otros parlamentarios la propuesta de Renta Básica de Emergencia (RBE) de un salario Mínimo (250 USD) para cerca de 8 millones de familias colombianas, lamentablemente la coalición de gobierno impidió el debate y el gobierno asigna mediante su programa focalizado 46 USD para una población de 3.5 millones de personas.

De manera vergonzosa y poco transparente el gobierno anunció gastos por cerca de 117 billones de pesos en razón a la pandemia, más del 10% del PIB, lo cual ha sido denunciado por centros de investigación y la misma bancada alternativa, las cuentas no alcanzarían a un los 25 billones de pesos.

Desde las fuerzas de la oposición consideramos que existen las fuentes de financiamiento para paliar la situación de los colombianos más pobres y afectados por la pandemia, mediante la eliminación de las exenciones tributarias al gran capital, la renegociación de la deuda externa, la repatriación de una parte de las reservas internacionales del país e incluso un préstamo de la Banca Central al Estado. A todas ellas el gobierno se ha opuesto.

Al contrario de nuevo el gobierno anuncia una nueva reforma tributaria para el próximo año, que por la orientación del ministerio de hacienda se anuncia más gravosa para los sectores populares.

Incremento de la violencia política, autoritarismo de poder y puesta en peligro de los Acuerdos de Paz.

Una de las facetas preocupantes que se está produciendo con la emergencia sanitaria, es el autoritarismo, el recrudecimiento de la violencia política y la guerra.

La declaración de la emergencia sanitaria ha llevado a la semiparálisis del sistema de justicia y del Congreso, dejando literalmente todo el poder público en manos del ejecutivo y sin control político, autoritarismo que se reproduce mediante decretos en gobernaciones y alcaldías que restringen las libertades de movilización social, fuertemente reprimidas a lo largo del territorio nacional. Además de ello y con motivo de la emergencia se ha impuesto la modalidad de contratación directa por las entidades estatales, lo que ha está produciendo horrorosos esquemas de corrupción en la compra de los kit alimentarios, la contratación de UCIS a las clínicas privadas entre otras, que ya han sido denunciadas por la Contraloría General de la Nación.

A pesar de las restricciones a la locomoción la violencia política no da tregua, la cuarentena inició con la masacre de 27 presos en la cárcel modelo que exigían condiciones sanitarias preventivas del COVID-19; durante la pandemia han asesinado cerca de 35 líderes y lideresas sociales y los firmantes de la paz acumulan 200 asesinados.

El gobierno insiste en el desmantelamiento del Acuerdo de Paz mediante la simulación de las cifras, dejando sin recursos a los programas de reincorporación y sustitución de cultivos de uso ilícito.

Por último y no menos grave, es la actitud genuflexa del gobierno Duque con el gobierno de E.E.U.U, en el ámbito interno desarrolla su fracasada guerra contra las drogas, que inhabilita la sustitución voluntaria de la hoja de coca, genera más violencia contra el campesinado y prepara el despojo de sus tierras con potencial minero o agroindustrial, argumentando razones de seguridad.

*Iván Duque, tras su encuentro con John Bolton. Foto: Tomada de Twitter @IvanDuque
En el ámbito externo es ya confirmado por el exasesor de seguridad Bolton que el territorio colombiano ha sido ofrecido por Duque para las maniobras de provocación yankee contra el pueblo de Venezuela, con ejercicios militares a lo largo de la frontera y el patrocinio a operaciones militares encubiertas por ex militares venezolanos, dirigidas por el títere Guiadó y asesores militares norteamericanos.

Consideramos que la comunidad internacional debe actuar para denunciar y evitar una intervención militar en Venezuela.

La reactivación de la movilización social.

A pesar de difícil situación es necesario anotar que la Bancada Alternativa, ha logrado cohesionarse frente a los principales debates políticos del país, que la movilización social se está reactivando lentamente, que hay varias iniciativas en curso como los plantones organizados por el Comité Nacional de Paro (CNP), las acciones de los obreros del petróleo ante la iniciativa gubernamental de privatizar empresas del grupo Ecopetrol, la Marcha por la Vida de los líderes y lideresas sociales que inició el 25 de mayo y las protestas del movimiento feminista ante la ola de feminicidios y particularmente contra la violación de una menor indígena de 12 años a manos de 9 integrantes del ejército nacional.

Debemos detener la fuga hacia delante del gobierno de Duque, que representa la violencia política, el autoritarismo, el corporativismo, la entrega de la soberanía y amenaza a la paz regional.

La crisis nacional, sanitaria, económica, política, humanitaria y moral requiere de un desenlace democrático e impone la más amplia convergencia de corrientes políticas y sociales con un programa de cambios y métodos de acción comunes para su realización.

Gráfica.- Pobreza en Colombia. Foto: Universidad de los Andes