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El huracán en San Andrés y Providencia y las fuertes lluvias en todo el territorio nacional nos afectó a todas y todos como sociedad, pero no nos impactó de la misma forma. Las periferias geográficas y sociales del país han sido, son y serán las más afectadas por los efectos del cambio climático y es cuando caen las preguntas a cántaros: ¿Qué estamos haciendo concretamente para la mitigación y prevención del riesgo a favor de las y los más vulnerables?



A finales de octubre, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) pronosticó efectos intensos del fenómeno de la Niña con altas probabilidades de precipitación y tormentas, tales como las que ocurrieron entre el 2010 y 2011 [1]. Un mes más tarde, la reacción llega demasiado tarde con la titánica labor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre (UNGRD) de socorrer un país bajo el agua.

Lo ocurrido en el archipiélago colombiano es una catástrofe sin precedentes, que en palabras de la lideresa Arelis Howard de Providencia y Santa Catalina ante el Congreso de la República requiere de acciones contundentes e inmediatas. La posibilidad de un nuevo huracán demanda una evacuación de las islas a través de un corredor marítimo, que permita la salida de los damnificados así como la llegada de socorristas y voluntarios.

En plenaria de la Cámara aprobamos esta semana el proyecto de ley del turismo, como una medida inicial para la reconstrucción en el archipiélago, medida que deberá resguardarse de no quedar en las manos de grandes cadenas hoteleras bajo la ya absurda lógica neoliberal de priorizar el mercado como regulador social. Acompañamos el llamado de Arelis a reconocer los saberes y prácticas ancestrales del pueblo raizal. Ante la prevención de estos desastres naturales, debemos fortalecer las iniciativas comunitarias y ecológicas de turismo, que cuidan el manglar porque saben muy bien que el manglar les cuida.

Cúcuta, Chocó, La Guajira, San Andrés y Providencia, Dabeiba, entre otros tantos territorios, además de compartir los estragos de la ola invernal que ya suma más de 60 mil familias damnificadas, comparten el hecho de estar en la periferia social y espacial de Colombia, en la orilla del progreso a la espera agobiante de un Estado que prioriza salvar multinacionales o importar alimentos, que ayudar a quienes más lo necesitan.

No esperemos repetir tragedias como las de Salgar, Mocoa o el mismo Armero, que 35 años después aún reclaman el compromiso de un Estado que ordene los territorios en función de la vida y la seguridad de las personas.

En Bogotá el pasado jueves llovió en una hora lo que podría llover normalmente en un día, generando inundaciones poco vistas en las localidades centrales de la ciudad. Que el nuevo POT en discusión con la ciudadanía sirva de referente de planificación espacial en torno al agua y no de la especulación inmobiliaria y el crudo negocio de cementar la vida.

Que la gestión del riesgo no sea para quien pueda pagarla, sino para las comunidades que construyen una coexistencia con el entorno natural en que viven, quienes son las que generan espacios de resiliencia ecológica y cultural como en el Alto Fucha, en Bosa o en Ciudad Bolívar. Que los esfuerzos de la ciudadanía organizada se reconozcan e incluyan en la agenda pública, como las huertas urbanas, pacas digestoras y la defensa de humedales, bosques, quebradas: la defensa de la vida.

Según cifras del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC), solo el año pasado 23,9 millones de personas en el mundo fueron víctimas de desplazamiento forzoso por motivos relacionados al cambio climático [2]. Cifra que resalta la necesidad de coordinar acciones en lo regional como lo sería la ratificación del acuerdo de Escazú, en lo nacional con un gobierno que ponga la vida en el centro de la discusión política y en lo local con una planificación incluyente para las comunidades más expuestas a estas devastaciones.

Mesas de planificación territorial entre las comunidades e instituciones altamente vinculantes, participativas y horizontales, como la propuesta para la reconstrucción de Providencia, deberán ser una apuesta política a nivel nacional, de una sociedad que debe aprender de sus errores. Estamos bajo pandemia y aún nos queda una amenaza mayor e incierta como lo es el cambio climático; esta es una apuesta de país a la que no podemos darle la espalda.

Un antiguo y bien conocido proverbio dice, que el aleteo de la mariposa puede provocar un huracán al otro lado del mundo, explicando lo impredecible que puede resultar el comportamiento del clima. Otro igual de sabio dice que un gobierno prevenido vale por dos. Si no hay prevención para resguardar la vida es por voluntad política, no por culpa como dirían por ahí, de “la maldita niña”.

Notas:
[1]https://news.un.org/es/story/2020/10/1483212 ↑
[2]https://elpais.com/publi-especial/vidas-nuevas/desplazados-por-el-cambio-climatico/ ↑

21 de noviembre de 2020
Tomado de cuartodehora.com