Salud
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El Pacto Nacional por la Salud y la Vida, suscrito por más de 140 organizaciones sociales diversas de todo el país, ha solicitado al Congreso de la República el archivo del proyecto de ley N° 10 de 2020 – Senado, “Por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del sistema de salud”, firmado por la mayoría parlamentaria afín al gobierno nacional y en trámite legislativo con mensaje de urgencia por parte del presidente Iván Duque.



El gobierno y los medios de comunicación confunden a la sociedad colombiana con eufemismos. Se dice que “se acaban las EPS”, cuando solo se les cambia el nombre a “Aseguradoras en Salud” (AS) y se les organiza un oligopolio para mejorar su rentabilidad.

Se habla de mejorar la “salud pública”, pero se les quita gobernabilidad a los entes territoriales. Se habla de “trabajo digno” en salud, pero se mantiene la tercerización laboral.

Se anuncia la garantía del “derecho fundamental a la salud”, pero se mantiene la lógica de la rentabilidad financiera de aseguradores y prestadores que ha sostenido las desigualdades territoriales, de etnia, de género, generación y, sobre todo, de clase social en materia de salud.

Es necesario aclarar que estas intermediarias no son aseguradoras, sino administradoras costosas de los recursos públicos de las cotizaciones y los impuestos que se les traslada mensualmente con la figura de unidad de pago por capitación (UPC) por cada afiliado.

Su constante búsqueda de rentabilidad financiera explica las barreras para el acceso efectivo a los servicios de salud que se requieren, la acumulación de deudas con los prestadores, el abandono de las áreas rurales, la crisis de la red pública hospitalaria, la precariedad laboral y la desprotección de los trabajadores de la salud, como quedó evidenciado con la pandemia.

Si realmente se quiere resolver la desigualdad acumulada en salud, las pésimas condiciones de trabajo en el sector y garantizar el derecho a la salud de manera universal, reconociendo la diversidad territorial y cultural del país, es necesario eliminar la intermediación financiera y recuperar la administración pública, democrática y territorial de los recursos del sistema.

Desde allí se podrá construir un verdadero sistema de salud, público, único e integral, sin barreras de acceso, capaz de prevenir antes que curar.

Por lo anterior, los firmantes del Pacto Nacional por la Salud y la Vida hacemos un llamado a la sociedad colombiana, que sufre día a día la falta de acceso efectivo y oportuno a los servicios de salud necesarios, para acompañar esta iniciativa.

Exijamos, desde nuestras posibilidades y por medio de la movilización creativa, pacífica y diversa, el archivo de ese proyecto de ley, tanto a los congresistas elegidos desde las regiones diversas del país, como al Gobierno Nacional.

Una vez archivado, es necesario abrir un proceso de discusión amplia y democrática sobre el cambio de rumbo en salud, a partir de la valoración de las múltiples alternativas que existen en el mundo para superar la desigualdad en salud y reconocer la diversidad cultural, pensando en construir las mejores condiciones para el cuidado de la salud y la vida, más que en la rentabilidad del negocio de la atención de la enfermedad.

(*)Pacto Nacional por la Salud y la Vida
 
Pacto Nacional por la Salud y la Vida