Introducción
El Comité Ejecutivo Central con el apoyo del Departamento Ideológico Nacional, presenta y pública Cuadernos de Trabajo, un folleto de carácter pedagógico, sobre un tema y un debate de actualidad: la desobediencia civil. Es una herramienta de trabajo educativo, ideológico y político, que debe re-producirse y estudiarse de manera individual y colectiva por la militancia comunista en las células y en las organizaciones de masas sociales, populares y sindicales.
Este primer número hace parte una serie continuada que esperamos comience a llenar vacíos conceptuales, que contribuya a la actualización teórica y fortalezca la capacidad dirigente de los cuadros, activistas comunistas a nivel nacional en todos los procesos y espacios donde actuamos Cuadernos de Trabajo es para formamos, crecer y aportar en la profundización de los cambios hacia una revolución por la vida y la paz con justicia social.
La experiencia de luchas y resistencias de nuestro pueblo indica que la desobediencia civil, como instrumento jurídico formal establecido en nuestro marco constitucional, es insuficiente para conquistar derechos que cambien la vida de los millones de colombianos excluidos de la riqueza nacional. Al mismo tiempo se puede considerar valida como forma de asumir una oposición política inmediata ante los peligros de la posesión presidencial de un personaje con tan oscuras y en no pocos casos evidentes y comprobados de inhabilidades éticas, morales, penales y jurídicas Respaldamos este llamado de Iván Cepeda en tanto, lo consideramos un acto de carácter político, que acude al estrecho margen democrático que caracteriza históricamente al Estado Colombiano. Es nuestro deber exigir el respeto y la observancia de principios políticos consagrados en la Constitución de 1.991, al mismo tiempo que luchamos por superar esta constitución y llevar a Colombia a una sociedad plena de derechos, justicia, humanista, de solidaridad y sin explotación.
Precisado este preámbulo, como izquierda tenemos el deber y la obligación ética de ir más allá de la norma, de no renunciar al cambio radical del actual estado de cosas constitucionales, y superar con la organización, la movilización y la lucha del pueblo excluido, el estado burgués capitalista y neoliberal.
Departamento Ideológico Nacional Comisión Nacional de Educación
Contexto teórico
El iniciador de la teoría sobre la desobediencia civil fue el filósofo y escritor estadounidense Henry David Thoreau.
Es considerado el padre del concepto que desarrolló en su ensayo de 1849, originalmente titulado Resistencia al gobierno civil, en el que narra y justifica su negativa a pagar impuestos en protesta contra la guerra de México y la esclavitud, con ello, estableció los fundamentos de la desobediencia civil como una resistencia pacífica y consciente ante leyes injustas.
John Rawls profundizó y teorizó sobre este concepto en el ámbito de la filosofía política moderna. En su libro Teoría de la justicia, en el primer párrafo, abre el capítulo I de la obra con la idea central de su teoría, la primacía de la justicia sobre otros valores sociales y políticos.
“La justicia es la primera virtud de las instituciones socia-les, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría por muy elegante y económica que sea debe ser rechazada o revisada si no es verdadera; del mismo modo, las leyes e instituciones, por muy eficientes y bien dispuestas que estén, deben ser reformadas o abolidas si son injustas. Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en su conjunto puede pasar por alto. Por esta razón, la justicia niega que la pérdida de libertad para algunos se compense con un bien mayor compartido por otros. No admite que los sacrificios impuestos a unos pocos sean superados por la suma mayor de ventajas que disfrutan muchos. Por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la ciudadanía igualitaria se dan por sentadas; los derechos garantizados por la justicia no están sujetos a trueques políticos ni al cálculo de los intereses sociales.”
Plantea un ideal para que esta práctica política pueda tener desarrollos deseables y resultados benéficos en las sociedades. Rawls previene que el ejercicio de la desobediencia civil solo es posible en una sociedad “casi justa”, ¿Colombia lo es? Aunque en el cuatrienio que termina del gobierno el cambio, hay avances importantes y palpables de justicia social, es claro que faltan muchos años y muchas políticas públicas para que nuestra sociedad sea considerada una sociedad verdaderamente democrática Rawls, enfatiza que deben cumplirse los siguientes requisitos: Primero, debe existir consolidado un régimen constitucional, (una constitución) que garantice el derecho y el ejercicio práctico del derecho, es decir, no solo formal, sino real, a ser desobediente. Segundo, debe haberse construido una concepción de justicia aceptada por la mayor parte de la población y una sociedad capaz de defenderla, es decir que debe haber una concordancia entre lo que dice la constitución y lo que sucede en la vida real de la ciudadanía.
Tercero, la sociedad donde se hace uso de la desobediencia civil, debe estar liderado por gobierno democrático que se haya instituido legítimamente ¿Pasó el 21 de junio pasado?
Otras características expuestas por J. Rawls, la definen como un instrumento de oposición a las leyes consideradas injustas y que actúa como mecanismo de corrección a las anomalías del sistema político que violan el marco normativo y constitucional consagrada como pacto o consenso social. John Rawls, agrega que es un acto público, consciente, no violento y que quien lo ejerce debe aceptar las consecuencias legales.
Actualmente, nuevos y destacados pensadores como Ronald Dworkin, Jürgen Habermas y, más recientemente, Candice Del mas o Avia Pasternak, ampliaron y aplicaron el concepto, a los debates sobre democracia real o formal, a la situación social de las minorías, a los procesos de globalización enfatizando en la justicia global y las democracias contemporáneas, asumiendo, en el caso de Habermas la desobediencia civil como una forma de resistencia comunicativa proponiendo interpelar y movilizar activamente la opinión pública para revitalizar la democracia.
Llama la atención que teóricos como Candice Delmas, Avia Pasternak, se plantean radicalizar la teoría de Rawls, diferenciándose de sus estrictos requisitos, planteando que la desobediencia civil no siempre debe ser cortés o estrictamente no violenta, y que puede justificarse incluso en regímenes no democráticos (el problema es saber que entienden estos teóricos como regímenes no democráticos).
Breve contexto jurídico constitucional
No existe un artículo concreto en la CPN que reglamente de manera precisa la DC, sin embargo, como sabemos, el universo de normas colombianas no se agota en la Constitución Política Nacional – CPN, sino, que de este conjunto de normas hacen par-te del bloque de constitucionalidad que integra los convenios, tratados y protocolos internacionales, consagrados en el artículo 93 de la CPN, uno de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos – DH(1.948) , que en su preámbulo Justifica que los pueblos tienen derecho a rebelarse contra un régimen autoritario y violatorio de los derechos humanos.
La Corte Constitucional- CC, ha emitido 4 sentencias que desarrollan la desobediencia civil, como la T-944 de 2001, la T-571 de 2008 y T-603 de 2012, y la C-600 de 2019, lo que le da un sopor-te solido jurídico y legal a la desobediencia civil. Incluso, La Corte Constitucional, en la Sentencia T-571 de 2008, en esta última sentencia, se da una rareza jurídica, una especie de alucinación constitucional, en la que la Corte asimila la desobediencia civil a la resistencia. Dice la Corte después de citar a Rawls, “De lo anterior se desprenden igualmente, dos características definitorias del ejercicio del derecho de resistencia: su carácter no violento, y la necesidad de que pretenda la pública exaltación de principios constitucionales establecidos”.
La desobediencia como táctica revolucionaria
Uno de los aspectos esenciales que debemos comprender a cabalidad cuando de desobediencia civil se trata, es que ella, es un instrumento táctico, valido en determinadas coyunturas, que afianza las reformas, pero no se constituye en método para transformar el sistema. Lenin, por ejemplo, en el contexto de la Revolución Rusa de 1905, promulgó el “boicot activo” a la Duma (el parlamento) como una táctica crucial en el momento que vivía la lucha de clases en Rusia. Lenin explicaba que para que el boicot tuviera éxito, no bastaban las palabras; requería “una lucha directa contra el antiguo régimen, una sublevación contra él y la des-obediencia en masa”. Esta desobediencia masiva a las leyes del zar no era un fin en sí mismo, sino un paso necesario para debilitar al régimen y empujar a las masas hacia la revolución.
Para Lenin, la reflexión central sobre la desobediencia civil está enmarcada en la revolución y la lucha de clases. No la concebía como un acto de protesta dentro del sistema, sino como una herramienta para desestabilizar y derrocar el orden establecido, distinguiendo entre su uso táctico antes de la revolución y su su-presión total una vez que los bolcheviques tomaron el poder. En suma, desde la tradición del pensamiento leninista, para los comunistas, la desobediencia civil, además de ser un derecho constitucional en el actual estado burgués, es ante todo una cuestión de táctica y es legítima, en tanto aporta a debilitar el poder tradicional y a fortalecer el proceso revolucionario.
Para Antonio Gramsci la función de la desobediencia civil es, construir una contra hegemonía popular, partiendo de una de sus tesis centrales: El poder de las clases dominantes se asienta no solo en la fuerza de las armas, sino también a través de ideas y valores. La batalla cultural cobra en Gramsci, gran valor ideológico y político como método de construcción de un nuevo bloque histórico de poder popular.
Partiendo de las tesis gramscianas, en lo que algunos denominan marxismo heterodoxo y post habermasiano, autores como Oscar Mejía Quintana, Michael Hardt y Antonio (Toni) Negri han explorado visiones complementarias a la liberal, como La desobediencia civil como praxis simbólica, como acción simbólica de la protesta y relacionada con el papel de la resistencia de las multitudes expresadas como sujetos políticos descentralizadas y globalizadas.
Desobediencia civil y resistencia en la experiencia colombiana
La desobediencia civil se manifiesta como una forma de acción social que, en presencia de hondas contradicciones sociales características de la lucha de clases representa la insumisión y la protesta de vertientes inconformes con el estado de cosas dominante. Frente a regímenes antipopulares y medidas que degradan las condiciones de vida de las masas o evidencian modos de segregación, persecución política, racismo, estigmatización de diversidades, la desobediencia puede inscribirse en el rango de las expresiones de la resistencia, como un método de lucha. Al respecto, citamos algunas definiciones de Michael Randle, activista por la paz en Gran Bretaña:
“La resistencia civil es un método de lucha política colectiva basada en la idea básica de que los gobiernos dependen en últimos términos de la colaboración, o por lo menos de la obediencia de la mayoría de la población, y de la lealtad de los militares, la policía y los servicios de seguridad civil. O sea que está basada en las circunstancias reales del poder político. Funciona a base de movilizar a la población civil para que retire ese consenso de pro-curar socavar las fuentes de poder del oponente y de hacerse con el apoyo de terceras partes. Sus métodos abarcan la protesta y la persuasión hasta la no cooperación social económica y política y por último hasta la intervención no violenta. Las manifestaciones, huelgas de hambre y organización de peticiones son algunas de las acciones características que se asocian a la protesta y la persuasión. Las huelgas, las jornadas de trabajo lento, los boicots y la desobediencia civil figuran entre los métodos de no colaboración. Y las sentadas, ocupaciones y la creación de instituciones de gobierno paralelas cuentan entre los de intervención no violenta. Dos características importantes de la resistencia civil tal como la definimos aquí son que se trata de una acción colectiva y que evita cualquier recurso sistemático a la violencia”
Dentro de este enfoque, la experiencia histórica del último me-dio siglo permitió al Partido Comunista Colombiano construir una táctica para adelantar una actividad legal y abierta sistemática, orientada a conquistar espacios, formas de organización, movilización y acción en territorios y con sectores de la actividad económica, laboral, cultural, educativa en una denodada lucha por la libertad política y los derechos de las y los trabajadores, pobladores urbanos, rurales, maestros, artistas y activistas culturales, estudiantes y profesionales, pequeños y medianos empresarios, en una sociedad dominada por el autoritarismo, la doctrina del “enemigo interno”, la persecución política bajo pretexto anti-comunista e instrumentación paramilitar en contextos de guerra contrainsurgente de baja intensidad.
La lucha por la paz democrática con justicia social, ambiental y de género tomaron el centro de la táctica política. En los últimos dos decenios del siglo XX el PCC concibió la necesidad de la solución política, vía diálogos y acuerdos, como respuesta a la degradación autocrática del sistema, el paramilitarismo, el despojo, el desplazamiento forzado y el modelo neoliberal de la supe explotación y precariado laboral que acompañaron el genocidio político, continuado y extendido de la Unión Patriótica, el PCC, A Luchar y los movimientos sociales. La resistencia civil cobró nuevos contenidos y amplió sus campos de incidencia con la dura batalla popular por la solución política para la paz, en confrontación y denuncia del Plan Colombia – cobertura de la intervención de Estados Unidos en el conflicto social, político y armado in-terno -. Desde los primeros años del siglo XXI esta convergencia del accionar sociopolítico del Frente Social y Político, del Mandato Agrario, luego del Polo Democrático Alternativo, con los propósitos y consignas de salida hacia la paz, el fuerte empuje de la Marcha Patriótica en la ruralidad nacional a fines de 2010 y el Paro nacional agrario de 2013, ensancharon el piso social que hizo posible el Acuerdo Final de Paz de las Farc-EP y el Estado. La resistencia civil, devenida en resistencia democrática tomó cada vez más la figura de proyecto popular alternativo dirigido al cambio político, con vocación de poder.
En la revisión de este conjunto de narrativas se encuentra una persistente exigencia de apoyarse y estimular todas las formas de resistencia, movilización organizada y de convergencia de las ex-presiones populares como un proceso alternativo, colectivo y social a la arbitrariedad de la opresión, la represión y el terrorismo de estado. Es un proceso de aprendizaje y creación de una nueva consciencia, pero también de una nueva cultura, una nueva historia y un nuevo relato integrado a la verdad histórica.
Estas formas de resistencia civil han tenido que enfrentar la violencia física ejercida desde la represión, el accionar militar del Estado o de estructuras paramilitares. El paro nacional de 2021 (“estallido social”) fue una expresión clara de resistencia civil democrática desarmada. La violencia, la muerte, las violaciones, las desapariciones, vinieron de arriba, de lo alto. Un ejemplo claro fueron los efectos del decreto 575 del 28 de mayo de 2021, que se halla actualmente sin fuerza ejecutoria, pero que el gobierno de Abelardo de la Espriella piensa reconstruir su figura junto a otras disposiciones vinculadas a los llamados Frentes de seguridad.
La Constitución y el Acuerdo Final de Paz recogen hoy lo que podríamos denominar un componente esencial del nuevo Pacto Social que ha venido naciendo de la resistencia civil democrática y alternativa: el deber de respetar la protesta social, activa, organizada y pacífica sin estigmatización mediática y oficial y sin el hostigamiento o la provocación de civiles armados. La Colombia insumisa debe coronar con sentido propio, que viene de su larga lucha, las nuevas herramientas de la resistencia, de la unidad, de la libertad política, de la defensa patriótica de la independencia nacional, de la no intervención, de la soberanía y del derecho a su libre autodeterminación.
Confesionalismo, guerra cultural y neofascismo
La lumpen burguesía latinoamericana como fracción de clase asociada a MAGA, la corriente de Trump, necesita apoyarse en capas sociales insatisfechas, susceptibles al resentimiento y la revancha. La manipulación del miedo y del terror son vieja táctica del paramilitarismo.
La estigmatización y perfilamiento de “enemigos”, el bullying social, los crímenes dirigidos contra minorías, diversidades, estigmatizados, proyectan un pánico creíble para que la multitud siga al “salvador”. Un propósito es crear desde el gobierno un movimiento político-mesiánico-religioso con el nombre del mito bíblico de Arca de Noé. Su lógica teológica parte de la esperanza que deviene en fe y luego en obediencia.
Su “guerra cultural” pretende desarraigar la narrativa histórica “de izquierda” e instaurar una narrativa de la patria-milagro. Es novedad este sesgo del confesionalismo vinculado a la hostilidad con el movimiento cultural, con Fecode, el magisterio, la Universidad y el Ministerio de Educación.
Desobediencia, movilización y unidad
La clave para no sucumbir al formalismo jurídico-institucional que centra la acción en el limitado marco constitucional actual, es entender la desobediencia civil como una acción concreta del pueblo como sujeto histórico de cambio. La filosofía política actual, marcada por un liberalismo teórico y socio jurídicos que se levanta sobre las ruinas del Estado actual burgués y neoliberal es insuficiente para asumir el actual momento político.
La resistencia popular tiene la tarea de no dejar limitar su acción transformadora. Las protestas sociales que a su vez son resistencias civiles populares, comunitaria, paros, bloqueos, plantones, hacen parte de la acción de masas organizada que se plantea pacifica pero que tiene el derecho a defenderse de una violencia y un terrorismo de Estado, que se ve venir con toda la fuerza de un poder ilegitimo y criminal que encabeza el gobierno elegido el 21 de junio pasado.
El reto es asumir la desobediencia civil como una herramienta política para evidenciar la opresión y educar a la clase trabajadora, no como una finalidad ética en sí misma. Lo que busca la extrema derecha es consolidar su hegemonía política, sobre la base de un triunfo electoral espurio. Desde la desobediencia civil constitucional debemos dar el salto a ser conscientes de que lo que necesitamos en las condiciones concretas del proceso colombiano es una desobediencia que parte de la construcción de la “contrahegemonía” en la sociedad civil, para lo que es necesario construir organización de los trabajadores, rebelar y radicalizar a los procesos urbanos y rurales territoriales que han estado y están en resistencia desobedeciendo en la práctica la política de guerra y criminalización de las élites narco corruptas que gobernaran los próximos cuatro años a Colombia.
Desde lo ideológico, la izquierda revolucionaria no esconde las diferencias con los enfoques liberales o pacifistas tradicionales de pensadores como Thoreau y Rawls, pero tenemos claro que estas distancias y matices, no impiden ver los peligros que entraña el poder actual que asumirá el próximo 7 de agosto de 2026. Enfrentar a un gobierno violento guiado por el odio, la venganza y un ímpetu guerrerista, va a necesitar más que acciones jurídicas.
El campo constitucional y jurídico formal es también un campo en disputa. La protesta social es legítima frente a un gobierno ilegitimo. Los ecos del 28A, que marcó el inicio de un Paro Nacional convocado principalmente para protestar contra un proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno de Iván Duque, marcó el camino de la real y verdadera desobediencia civil. Las amplias alamedas y los territorios serán nuevamente llenas de ex-presión de un descontento social más profundo relacionado con la desigualdad, el desempleo y la violencia policial. Las protestas populares étnico territoriales de junio de 2021, llevaron la des-obediencia civil a su máxima expresión, que en esencia fue una expresión clara de la lucha de clases.
En el contexto actual, en el marco de la lucha de clases en Colombia y América Latina, la desobediencia civil, se afianza en la movilización social y popular pacífica y organizada, que construye la unidad y la convergencia de fuerzas que defienden garantías y derechos conquistados que, además, en Colombia, hacen parte de la Constitución actualmente vigente.
El imperialismo tiene como objetivo detener un proceso de cambio y reformas de contenido social y profundamente democrático, cortarle el paso a una postura internacional independiente, crítica del capitalismo y de la guerra impuesta por Netanyahu y Trump en Gaza, el Caribe e Irán.
Tras la burda intervención en las elecciones de Honduras, el inicio de una guerra asimétrica auto justificada por Trump como acción antinarcóticos, a finales de junio de 2026 ya contabilizaba 66 bombardeos y 221 muertos en el Caribe y el Pacífico suramericano. La intervención militar, el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidente de Venezuela y su esposa perfilaron una explícita amenaza contra el presidente Petro. El golpe de estado supranacional contra Venezuela, el recrudecimiento del bloqueo y la pretensión de asfixia genocida contra el pueblo de Cuba, la intervención abierta de Trump en favor del candidato de la derecha en Colombia y el silencio de nuestras Altas Cortes, no son un incidente menor.
Fuerzas populares crecientes y reacomodo del bloque de poder
La intervención de Estados Unidos altera las relaciones de clase y sociopolítica en favor de la derecha, las mafias enriquecidas y el proyecto neocolonial. No obstante, el resultado electoral ad-verso del 21 de junio mostró un hecho político sorprendente. Re-veló el avance de la fuerza del movimiento popular y los factores unitarios que trabajan por un cambio democrático trascendental en la sociedad colombiana. El Pacto Histórico como movimiento político popular, su unidad y su dinámica de Frente Amplio incrementa su incidencia en la sociedad.
La burguesía articulada al capital transnacional y al agronegocio terrateniente busca ajustarse a la nueva situación. Nunca le ha estorbado la injerencia Yanqui, que ahora crece, en los asuntos internos de Colombia y su adscripción en el llamado Escudo de las Américas. También cede a un ajuste político y cultural.
Un gobierno ilegítimo, que no oculta su propósito de desatar de nuevo la persecución anticomunista y el terrorismo de Estado contra la izquierda y las fuerzas alternativas, necesita una base orgánica para mover todos los sesgos del odio, la violencia desde el poder, la corrupción, el genocidio político y el corporativismo en la reorganización del Estado.
Por la vida, la paz, las libertades
La desobediencia civil en el actual contexto colombiano se desarrolla como resistencia y defensa de la soberanía nacional, la garantía de los Derechos Humanos, el derecho internacional humanitario, las libertades políticas, para salvaguardar la vida, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la prohibición ex-presa y efectiva que nadie pueda ser agredido, preso o extraditado por sus ideas.
Una franja amplia de quienes votaron por De la Espriella no son nuestros enemigos. La pedagogía, el diálogo, la persuasión, superar la mirada sectaria ayudan a preparar el propio convencimiento frente a las contradicciones, incoherencias, traiciones e injusticias.
El Pacto Histórico ha reafirmado la necesidad de un acuerdo Político Nacional que reúna a las fuerzas representativas de la sociedad la economía, el mundo laboral, las etnias, la mujer, la juventud, las artes y las culturas en un pacto social, democrático e identitario que tenga como precondición recuperar para las y los colombianos el manejo las relaciones políticas como nación independiente ante el mundo, sin intervención de ninguna potencia extranjera.
En la salida de la crisis es insoslayable la presencia popular, la vía política, las soluciones democráticas, el recurso a procesos electivos con base en el control público del software del sistema electoral y la preparación temprana de las elecciones locales, municipales y departamentales de 2027.
Deben primar los compromisos del Acuerdo Final de Paz y su implementación territorial. Deben revalidarse: el compromiso constitucional con la paz, la búsqueda de soluciones políticas y jurídicas; el respeto profundo a la protesta social y a las movilizaciones masivas y organizadas de la desobediencia civil pacífica.