El terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió buena parte del occidente y centro del país. El movimiento se sintió con fuerza en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Bogotá, dejando una tragedia que, al cierre de esta edición, supera las 224 personas fallecidas y más de mil heridas.
Editorial 3333
Pero, como suele ocurrir en Colombia, no todas las tragedias se viven de la misma manera. Mientras las imágenes de las ciudades más grandes ocuparon rápidamente las pantallas, en el Chocó y en buena parte del Pacífico las comunidades enfrentan el desastre con enormes dificultades para acceder a maquinaria, atención médica, agua, energía, comunicaciones y vías.
La emergencia también pone en evidencia la capacidad del Estado para responder de manera rápida y coordinada. No hay espacio para la improvisación ni el espectáculo. Una tragedia humanitaria exige respeto por las víctimas, información responsable y capacidad de respuesta. Quienes han perdido sus viviendas, familiares o medios de subsistencia necesitan rescate, atención médica, agua, alimentos y alojamiento, no discursos grandilocuentes.
La tragedia también revela las profundas desigualdades territoriales. El Chocó y el Pacífico llevan décadas reclamando infraestructura, hospitales dignos, vías, conectividad y presencia efectiva del Estado. Hoy esas carencias pueden convertirse en una cuestión de vida o muerte.
Y la emergencia no termina allí. En el Alto Mulato, Urabá antioqueño, erupcionó un volcán de lodo. Se reportan personas atrapadas y familias gravemente afectadas, situación que exige respuesta inmediata de los organismos de socorro y las autoridades.
Mientras tanto, han sido las propias comunidades las que han dado una primera respuesta. Vecinos, organizaciones sociales, trabajadores, jóvenes, organismos de socorro y autoridades locales se han organizado para remover escombros, prestar primeros auxilios y garantizar alimentos y refugio. Esa solidaridad popular es una de las mayores fortalezas de Colombia.
Por eso resulta incomprensible que, en medio de una tragedia de esta magnitud, se privilegien medidas de carácter policivo, como ha ocurrido en la ciudad de Cali. La solidaridad no puede ser tratada como un problema de orden público. Cuando miles de personas se movilizan para colaborar, corresponde facilitar y fortalecer esa acción solidaria.
También debe garantizarse la cooperación internacional y aprovechar todas las capacidades disponibles. Si gobiernos amigos ofrecen asistencia humanitaria, maquinaria, personal médico o recursos, el Estado debe activar los mecanismos para recibir y coordinar esa ayuda. No puede haber cálculos políticos ni demoras burocráticas. Señores del gobierno, la embajada China en Colombia, aún espera quién de la administración le recibirá su ayuda.
La situación del Pacífico merece atención especial. El aislamiento de numerosas comunidades, el deterioro de las vías y los daños en infraestructura obligan a utilizar alternativas aéreas y marítimas. Debe evaluarse y activarse el buque hospital Benkos Biohó para llevar atención médica e insumos a las poblaciones afectadas. Lo que no puede ocurrir es que el lugar de la tragedia sea también el lugar del abandono.
Desde VOZ expresamos nuestra solidaridad con las familias de las personas fallecidas, heridas y damnificadas. Exigimos una respuesta estatal rápida, integral y sin discriminación; acciones institucionales que lleguen hasta el último territorio y ponga la vida por encima de cualquier consideración política.
El deber del Estado es llegar primero a quienes históricamente han sido abandonados y garantizarles protección y dignidad. Hoy, más que nunca, cuando el Estado tarda y los poderosos miran hacia otro lado, son las comunidades las que se levantan, se organizan y extienden la mano.
Foto cortesía
12 de agosto de 2026
Con información del Semanario Voz