Por: Jefferson Orlando Corredor Uyaban
Colombia fue federal una vez. La Constitución de Rionegro, de 1863, creó los Estados Unidos de Colombia: nueve estados soberanos —Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima—, cada uno con sus leyes y sus ejércitos. Hijo del liberalismo radical, aquel modelo duró hasta que Rafael Núñez lo enterró con la Regeneración y la Constitución de 1886. La de 1991 definió al país como una república unitaria y descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Y, sin embargo, desde el 7 de agosto se gobierna como si esa Constitución no existiera.
Conviene mirar cómo se anunció todo esto, porque la forma es ya el contenido. Abelardo de la Espriella se posesionó en Cali: la primera investidura fuera de Bogotá en nuestra historia. Juró ante el Congreso y, en medio de un acto religioso, se retiró rumbo al Cantón Militar Pichincha. Allí, rodeado de tropa y altos mandos, pronunció su primer discurso como mandatario. Por primera vez, un presidente le habló a Colombia desde un batallón y no desde el poder civil que acababa de investirlo.
El contenido del discurso acompañó la retórica: listas de «narcoterroristas», megacárceles, orden, contrarrevolución cultural, fracking y un «¡Que viva Cristo Rey!» en un Estado que la Constitución define como laico. Ese es el autoritarismo del gesto: un mandatario que busca su investidura ante las armas y no ante la nación que lo eligió por menos de un punto.
El problema no es la palabra «descentralización», pues el centralismo bogotano es una deuda de larga data. El problema es qué se descentraliza. Lo anunciado no es autonomía para los 1103 municipios ni recursos para los departamentos más pobres, sino trasladar el escritorio presidencial a las ciudades más ricas fuera de Bogotá.
Y ahí es donde aparecen los clanes: las casas políticas regionales que heredan el poder por apellido, controlan la contratación y la nómina, arman listas al Congreso y cambian votos por burocracia. No es una anécdota folclórica: la parapolítica mostró hasta dónde llegó esa captura del poder local. A esas maquinarias, y no al pueblo, se les acerca el escritorio presidencial.
Volvimos al federalismo, pero al revés: no al de los estados soberanos, sino al de los clanes soberanos. No al que reparte poder hacia abajo, sino al que lo concentra arriba y lo pasea por las regiones amigas.
Quienes nos encontramos en la oposición y en la desobediencia civil debemos exigirle al señor De la Espriella lo que no mostró el 7 de agosto: respeto por el poder civil, garantías para la protesta, cumplimiento del Acuerdo de Paz, protección de la vida de los líderes sociales y descentralización con presupuesto, y no espectáculos con escenografía.
La tarea es la unidad más amplia de los sectores democráticos, sin sectarismos: contrarrestar el federalismo de los clanes organizando al pueblo junto al Pacto Histórico, en resistencia y en defensa de la Revolución por la Vida.
13 de agosto de 2026
Con información del Semanario Voz