Organizaciones sociales y dirigentes políticos exigen justicia ante el brutal caso de racismo institucional.

El joven afrocolombiano Donovan Balanta Paz, de 34 años, padre de dos hijos y estudiante de criminalística, fue torturado y presuntamente asesinado por efectivos de la Policía Nacional durante un operativo violento desplegado en el barrio Caracolí, el pasado 20 de septiembre. Según denuncias de la comunidad en esa localidad de Ciudad Bolívar (suroeste de Bogotá), entre 15 y 20 uniformados persiguieron, sometieron y golpearon brutalmente a la víctima mientras se encontraba en total estado de indefensión.

Videos del violento incidente que se difundieron a través de las redes, muestran a un grupo menor de efectivos golpeando al joven, al que arrastran por el suelo. Mientras tanto, Balanta se queja de dolor.

Los agentes que participaron en la brutal detención le aplicaron repetidas descargas eléctricas con un dispositivo táser en el pecho y la espalda tras mantenerlo completamente esposado sobre el pavimento. Vecinos y familiares del sector afirmaron que el procedimiento estuvo acompañado por constantes insultos racistas, humillaciones verbales y el despojo deliberado de sus pertenencias personales por parte de los funcionarios.

Un gran número de internautas repudiaron a través de las redes el brutal procedimiento y aseguraron que sufrió esos abusos por ser negro y pobre. Otros usuarios alertaron sobre la necesidad de enfoques que protejan los derechos humanos y la dignidad humana, en momentos en que el presidente del país, Abelardo de la Espriella, se pasea con una pistola y un chaleco antibalas.

Este viernes, un grupo de vecinos de barrio Caracolí realizaron un plantón en una céntrica avenida para pedir justicia. A pesar de la lluvia, los pobladores permanecieron en el lugar en muestra de solidaridad.

Previamente, durante el sepelio del joven, se denunció un enfermo comportamiento racista de los policías en ese vecindario, donde habita la mayor población afrodescendiente de Ciudad Bolivar.

El asesinato de Balanta reabrió el debate nacional sobre el uso desmedido de la fuerza y la urgencia de erradicar definitivamente el racismo estructural de las filas policiales.

El expresidente Gustavo Petro acudió al lugar de los hechos para acompañar a los vecinos y constató la existencia de cámaras de seguridad que registraron la agresión institucional. El exmandatario explicó que el incidente comenzó por ofensas discriminatorias de los agentes de Soacha y solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación una investigación penal inmediata sobre el caso.

Por su parte, el senador Alejandro Ocampo calificó el procedimiento como un crimen inaceptable y exigió un pronunciamiento público a De La Espriella. El legislador enfatizó que el Gobierno nacional debe asumir su responsabilidad como mando supremo de la fuerza pública y detallar las medidas urgentes que adoptará para evitar la impunidad.

Diversos sectores de la sociedad civil y colectivos juveniles instaron a convocar una gran marcha masiva en la capital para defender las garantías fundamentales de las minorías étnicas. La comunidad del sur de Bogotá exigió la identificación y suspensión de todos los uniformados involucrados para asegurar que este caso de brutalidad no quede sin el castigo correspondiente.

Organizaciones defensoras de derechos humanos mantendrán el seguimiento permanente del proceso judicial para verificar que se apliquen las sanciones penales y disciplinarias a las que haya lugar.
Foto: @LinaGarciaSi
25 de septiembre de 2026
Con información de TeleSur

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