La amenaza contra la vida de los y las integrantes del comité ejecutivo de la Unión Patriótica es una provocación burda en medio de la crisis política del país, en el marco de la implementación del Acuerdo de paz, del dialogo en Quito y del desarrollo de una campaña electoral en la que se confrontan las fuerzas de la paz y las fuerzas del oscurantismo.

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La implementación del Acuerdo de Paz del gobierno y las Farc Ep se sumerge en una grave crisis. Asistimos a un viraje en el compromiso adquirido por el Estado colombiano, que se manifiesta en un alargamiento intencional de los tiempos en la ejecución de las obligaciones correspondientes a los organismos oficiales, un abandono del liderazgo del gobierno frente al legislativo y una desarticulación de los partidos del oficialismo para la vigencia del fast tract. Simultáneamente, los fenómenos de corrupción develan la descomposición del régimen político.

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La masacre de campesinos cocaleros cerca de Tumaco es un crimen de Estado con graves consecuencias para el proceso de solución política que se implementa en el país. El gobierno Nacional adelanta una ambigua política de erradicación forzada de cultivos contrariando el acuerdo de paz en su punto cuarto en donde se establece la prioridad del dialogo, la concertación y la sustitución voluntaria con base en planes y proyectos que el Estado debe financiar y concretar con los agricultores. El gobierno colombiano se doblega ante la presión de Washington, que públicamente descree del Acuerdo de Paz en su punto IV y le impone al país la erradicación forzada e incluso exige retornar a la fumigación.

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El Partido Comunista Colombiano saluda la visita a Colombia del Papa Francisco y su voluntad expresa de acompañar la terminación de la guerra y el camino de la construcción de la paz con justicia social. Esta visita es un acto generoso de reconocimiento a la lucha del pueblo colombiano y a los múltiples esfuerzos confluyentes que están haciendo posible la derrota de la guerra contrainsurgente y la posibilidad de una apertura democrática como garantía de respeto de las libertades, de los derechos humanos, de la reparación de las víctimas, la verdad histórica y el compromiso de no repetición.

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