La construcción de paz en Colombia no es un objetivo menor para el movimiento social y popular, así como para el actual gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Su solución está centrada en el diálogo político y debe ser considerada una tarea urgente, puesto que la paz equivale en nuestro país a un proceso de apertura democrática.
La política de Paz Total sostiene su quehacer en una salida negociada al conflicto armado que ha sufrido históricamente el pueblo colombiano. La paz es un anhelo colectivo que parte de las propuestas que los comunistas han promovido para arrancarle la violencia a los sectores guerreristas como forma de ejercer el poder y acumular riqueza.
Es necesario apoyar todas las iniciativas encaminadas al cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, superando así la grave parálisis dejada por el gobierno anterior. De igual manera, se destaca la importancia que representa el fortalecimiento a las mesas de diálogo creadas con los grupos armados que operan en el territorio nacional. Por lo anterior, se deberá impulsar el fortalecimiento del movimiento social por la paz y su articulación con la defensa de los derechos humanos, condición esencial para el éxito de estas metas.
Colombia Regiones de Paz
Respaldamos a las comunidades de los territorios rurales que han sido golpeados por el conflicto armado y olvidadas por los anteriores gobiernos, reclaman permanentemente la paz y el acceso a políticas de inversión social. En perspectiva de los procesos de diálogos entre el gobierno y las insurgencias, la iniciativa de generar mesas regionales debe permitir la articulación necesaria entre el gobierno nacional, departamental y las comunidades, para cimentar espacios de transformación del territorio como respuesta a las necesidades y a las agendas incumplidas en el pasado.
El desarrollo de la Reforma Agraria cobra importancia para potenciar la paz en los territorios. A la orden del día se encuentra la lucha por modificar las formas monopolistas de la tierra en manos de los terratenientes, que se niegan a venderle al Estado o siguen defendiendo el despojo, valiéndose de abogados, testaferros y amenazas a las y los campesinos adjudicatarios, entre otras. El reto está en sentar las bases estructurales sobre unas nuevas condiciones de la tenencia de la tierra. El impulso de la Reforma Agraria, junto a los PDET, el cumplimiento del plan de desarrollo en materia de inversión social y las Zonas de Reserva Campesina, son instrumentos que ayudan a la transición de un país en paz y con avance democrático.
La participación del conjunto de la sociedad -población civil, no combatiente, desarmada, de los procesos sociales, organizaciones de base y las víctimas- convierte en una necesidad tener un enfoque diferenciado del rol de las regiones, avanzando en la ampliación de las perspectivas de la política de Estado; por ende, la pertinencia de un pacto social por la transformación para la vida y la paz de los territorios.
En este contexto, los diálogos regionales se inscriben como ejercicios complementarios con las mesas nacionales del ELN, el EMC y la Segunda Marquetalia; lo cual ayuda a establecer nuevos horizontes en el posicionamiento de las comunidades que sufren los impactos del conflicto armado, como centro en la búsqueda de una salida negociada.
La paz es una aspiración histórica de las comunidades que han vivido más de medio siglo el impacto de la guerra, los diálogos regionales representan una oportunidad de reconocimiento de estas reivindicaciones. La experiencia del Departamento de Nariño demostró que es posible desarrollar la iniciativa, avanzar en acuerdos sobre el Derecho Internacional Humanitario, como son los: corredores humanitarios; acuerdos de protección humanitaria de la población civil; acuerdos de respeto a inversiones públicas en las obras y proyectos de transformación territorial (construcción de vías veredales y terciarias); por último, el respeto a los bienes civiles y comunitarios como escuelas, puestos de salud, acueductos, centros comunales, iglesias e instalaciones civiles de gobiernos municipales.
La clave está en proyectar los alcances de cada una de las mesas nacionales y regionales que garantice una alta participación de la sociedad, las autoridades locales y departamentales. En todo caso, tanto el diálogo regional como el nacional, deben mantener acompañamiento internacional -de organismos y países defensores de la paz- en función de dar garantías de los acuerdos.
Garantizar la paz a través de los diálogos nacionales y regionales asegura el establecimiento de una democracia real, que brinde la posibilidad de participación del conjunto de la sociedad colombiana.
No nos dejemos arrebatar la esperanza, defendamos los cambios y las reformas que aportan a una mejor vida en derechos y con dignidad. Vamos con optimismo hacia el Encuentro Nacional por las Reformas y los Cambios el próximo 19 y 20 de julio de 2024, fortalezcamos el proceso constituyente para construir poder popular.