2025 empezó como un año violento. Según el Concejo de Bogotá, en enero ya se presentaban 98 homicidios, incrementándose un 40% frente a enero de 2024, otros delitos como la extorsión (15,1%) y lesiones personales (8.2%)
Por: Redacción Ciudad
Desde el 2019, la Defensoría del Pueblo ha estado alertando sobre el aumento de la criminalidad en Bogotá. Según la entidad, “se manifiesta la persistencia y exacerbación de la violencia selectiva e indiscriminada a través de amenazas de muerte, homicidios selectivos o de configuración múltiple (masacres).
»Desapariciones forzadas, extorsiones que exponen a las víctimas a atentados contra la vida y la integridad personal mediante métodos y medios para generar terror en la población civil tales como los panfletos, llamadas intimidantes, videos, correos electrónicos”.
Asimismo, se registró un control por parte de los grupos criminales de redes de trata de personas con fines de explotación sexual, mendicidad ajena y trabajos forzados.
Estas situaciones de riesgo no se han mitigado, pese a la intervención de las autoridades distritales. La Defensoría del Pueblo señala que “No se ha mitigado con la intervención de las autoridades, ente otros factores, por la permanencia de las estructuras armadas en el territorio, las pocas medidas integrales y articuladas de las entidades nacionales y distritales, las cuales no tuvieron en cuenta el desplazamiento de las dinámicas hacia otros territorios, ni las condiciones físicas, vulnerabilidad de la comunidad en sus dimensiones físicas, sociales, económicas, políticas, institucionales e históricas”.
Hay una ampliación de la amenaza en la ciudad, según la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, “por la intención de expandirse y controlar corredores estratégicos para la captación de rentas ilícitas, por otro, por la utilización de repertorios de violencia cada vez más cruentos que les permitan ganar ese control”.
Intervenciones que aumentan la criminalidad
“Bogotá Camina Segura” es uno de los puntos del Plan de Desarrollo Distrital. Centra su accionar en intervenciones en puntos donde están las actividades delincuenciales en la ciudad. Al respecto, Pares señala que “los problemas con este tipo de intervenciones son básicamente dos: por un lado, las respuestas por parte de las organizaciones pueden generar picos o nuevos ciclos de violencia; por otro, a costa de este riesgo, los resultados no son necesariamente efectivos si no están acompañados de una acción integral”.
Las acciones integrales deben ser las principales en la lucha contra la criminalidad en la ciudad, pues, la seguridad ciudadana es un aspecto que se ve influenciada por diversas variables socioeconómicas que actúan como indicadores de riesgo. “Factores como la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a educación de calidad y servicios de salud, así como la desigualdad social, pueden generar casos de delincuencia y violencia en las comunidades”, explica la Dirección de Planeación.
Así pues, la intervención en puntos críticos requiere de un conocimiento de las condiciones en que se da el crimen, “de la relación entre delitos, sus víctimas y victimarios, de las características del espacio público y la comunidad, del capital social, de la actividad económica, de la presencia institucional, de organizaciones criminales y de la complicidad de las autoridades, así como de las economías ilegales, entre otras, que permitan identificar aquello que facilita el arraigo de actividades criminales, así como las fortalezas tanto de la comunidad como del entorno para poder erradicarlas”, argumenta la Fundación Ideas Para La Paz, FIP.
Violencia por más violencia
No es solo hacer sentir a la autoridad, sino tener acciones integrales que lleven a una solución profunda de los problemas de seguridad.
Aunque este objetivo cada vez se ve más lejano debido a la gestión de César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, que piensa que la solución es el enfrentamiento y desplazamiento de los grupos criminales a otras partes de la ciudad.
Un ejemplo de ello ha sido el caso del barrio San Bernardo, escenario de una creciente ola de violencia. En la noche del 12 de marzo de 2025, se registró una explosión de un granada que dejó a tres personas fallecidas y 17 heridas.
Ante esto, la Administración Distrital respondió con más presencia policial, incautando drogas, la captura de personas, pero que no ha provocado ningún cambio drástico en el espacio, pues las capturas pueden generar un impacto de desplazamiento de la violencia a otros puntos de la capital.
En tal sentido, la FIP explica: “En los puntos críticos con presencia de microtráfico se debería considerar la posibilidad de acompañar la intervención de la Policía con estrategias de protección a menores, prevención al consumo, educación, derechos humanos, tratamientos a adictos y trabajo preventivo con padres y colegios según sea el caso, (…) y determinar el rol y las capacidades policiales necesarias para darle sostenibilidad a las intervenciones y mitigar el riesgo de que el microtráfico se desplace”.
Pero, se ha evidenciado que esto no se ha realizado en el San Bernardo. Sectores políticos que quieren enfrentar la violencia con más violencia están liderando la propuesta que se militarice el barrio. Tal como lo hace Óscar Ramírez Vahos, concejal del Centro Democrático.
Estos sectores no quieren que se acabe la violencia y la inseguridad en Bogotá, quieren que se vuelva un campo de batalla para saber quién tiene el poder. Ir por ese camino sería llegar a un punto de quiebre con la sociedad y los derechos humanos de todo aquel que esté presente en el escenario del crimen, como las víctimas.
Por tal razón, se necesita es de un proceso de recuperación, protección y fortalecimiento en las garantías de los derechos de las personas presentes en los escenarios de violencia. “Fortalecimiento y protección de la comunidad en materia de salud, educación y capital social, y se involucran sectores que respondan a las vulnerabilidades sociales y del entorno”, concluye la FIP.
Vale la pena preguntarse si el Distrito realmente está haciendo un uso adecuado de la recuperación del control de las zonas o simplemente ejerce presión a través de las autoridades, dejando de lado las acciones integrales. De lo que va en el 2025, la criminalidad parece haberle tomado ventaja al Alcalde Mayor de Bogotá Carlos F. Galán.
Desde el 2019, la Defensoría del Pueblo ha estado alertando sobre el aumento de la criminalidad en Bogotá. Ilustración Voz
Con información del Semanario Voz