Ciudad de Panamá.- El líder sindical panameño Genaro López denunció que la organización de los constructores enfrenta la persecución política del Gobierno al oponerse a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS).
Al intervenir en una audiencia pública, López aseveró que la lucha continuará en las calles a pesar de la intención del Ejecutivo de callar la voz del histórico Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).
El dirigente permanece en prisión arrestado por órdenes de un juez de garantías que le imputa el supuesto delito de estafa agravada, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Antes, el Ministerio Público detuvo a Jaime Caballero, dirigente de la agrupación en la occidental provincia de Chiriquí; y el secretario general de Suntracs, Saúl Méndez, se vio obligado a refugiarse en la embajada de Bolivia, donde recibe protección temporal en espera de asilo, debido a amenazas a su integridad física, según los activistas.
En solidaridad con esta causa y también para condenar la norma sobre las pensiones, este domingo el movimiento «Mujeres por la soberanía, la justicia social, los derechos humanos y la paz», convocó una marcha y concentración en la Cinta Costera, en esta capital, manifestación que tendrá eco en diferentes provincias.
Según dijo al suplemento Ellas del diario La Prensa la socióloga y profesora universitaria Briseida Barrantes, “No puede haber país sin soberanía, ni paz sin justicia social”.
La agrupación femenina, también rechazará el memorando de entendimiento suscrito el pasado 9 de abril por el Gobierno de José Raúl Mulino y Estados Unidos, que consideran un retroceso en materia de soberanía; y la intención de reabrir proyectos mineros o hídricos que afectan territorios y comunidades.
Sobre la Ley 462 aseveran que cambia el modelo de seguridad social, al tiempo que rechazaron posibles recortes y amenazas al Ministerio de la Mujer.
Al respecto, la abogada Joyce Araujo indicó que la participación ciudadana en la toma de decisiones, la organización de las comunidades, la expresión, la reunión son derechos humanos fundamentales que en el contexto actual están siendo violados.
Las agrupaciones de mujeres han formado parte de los movimientos sociales, según la activista Alibel Pizarro, quien recordó que tras la invasión militar de Estados Unidos en 1989, “fueron las primeras en alcanzar espacios de encuentro y de diálogo cuando la sociedad estaba absolutamente polarizada”.
En los años 90, el movimiento impulsó propuestas de políticas públicas que derivaron en la Ley 4 de Igualdad de Oportunidades. Y antes de eso, estuvieron las luchas por el sufragio, la licencia de maternidad, el acceso a la educación y a cargos públicos, explicó.
La movilización de este domingo se realizará simultáneamente en otros puntos del país como en las localidades de Chitré (provincia Herrera), Penonomé y Aguadulce (Coclé), las ciudades de David, Boquete y Bugaba (Chiriquí) y también en La Chorrera (Panamá oeste).
Para la activista Mariela Arce, la marcha responde además a la falta de transparencia en el diálogo con el gobierno.
Por su parte, gremios magisteriales, sindicales y docentes de todo el istmo afirmaron la víspera en conferencia que la huelga indefinida sigue a nivel nacional e hicieron un llamado a la Iglesia católica para que sea mediadora en busca de soluciones a la crisis.
Mientras, la ministra de Educación, Lucy Molinar, ha solicitado a los docentes retornar a las clases, porque el primer trimestre está por culminar el 15 de junio y aseveró que desde mañana lunes las aulas estarán abiertas.
Con información de Prensa Latina