La sobreutilización de la cárcel contribuye a crear una grave situación humanitaria. Foto Comité Internacional de la Cruz Roja/ Flickr.
Después del atentado contra Miguel Uribe, la representante a la Cámara, Piedad Correal, anunció que radicará un proyecto de ley para reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 14 años
Por: Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
Graves relatos se construyen en torno a los derechos de las y los menores colombianos. Días después del atentado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, la representante a la Cámara por el Partido Liberal, Piedad Correal, anunció que radicará un proyecto de ley para reducir la edad de responsabilidad penal en el país de 18 a 14 años para delitos de alto impacto.
Esta iniciativa demuestra un populismo punitivo y una inexistente voluntad de investigar las causas de la violencia, ya que, como bien lo menciona la ONG Temblores, “Convertir hechos individuales en reformas legales apresuradas solo debilita el Estado de derecho, sacrifica garantías y convierte una tragedia nacional en un espectáculo para réditos políticos”.
Y es que se pretende legislar desde el castigo y el miedo, en lugar de abordar las causas estructurales, las desigualdades y la instrumentalización de adolescentes por las redes de la criminalidad. “Legislar desde el miedo debilita la justicia. Este enfoque ignora la evidencia y prioriza el castigo sobre la prevención. Es una respuesta rápida para calmar a la opinión, pero que puede profundizar la exclusión”, señaló la misma ONG a través de su cuenta en X.
La justicia juvenil
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, SRPA, es una estructura jurídica creada por la Ley de Infancia y Adolescencia de 2006, para investigar y juzgar los delitos cometidos por mayores de 14 años y menores de 18 años.
Este sistema tiene un carácter pedagógico, específico y diferenciado del sistema de adultos, basado en la justicia restaurativa, la búsqueda de la verdad y la reparación del daño. En ese sentido, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, ha señalado lo siguiente:
“En este sistema de justicia juvenil el principio de oportunidad que permite a la Fiscalía General de la Nación, interrumpir, suspender el ejercicio de la acción penal y renunciar a la persecución penal, es principio rector de aplicación preferente, el cual se ejecuta con una visión pedagógica y formativa que le permite al adolescente o joven tomar conciencia de las consecuencias de la actuación delictiva y de las responsabilidades que de ella se derivan”.
Es decir, todas las sanciones que puede imponer el juez penal para adolescentes tienen la finalidad protectora y educativa. Jamás desde el castigo y el miedo, sino desde la prevención y la reparación.
Tratar de cambiar el sistema de justicia para las y los jóvenes no es la solución, por el contrario, profundiza más la desigualdad y la exclusión, y deja de lado las verdaderas causas que explican por qué menores de edad se ven involucrados en hechos de violencia.
La cárcel no es la solución
Además de la poca investigación sobre la instrumentalización de menores de edad en redes criminales, o la asociación a desigualdad y empobrecimiento, se ha demostrado que, según explica Temblores, “los jóvenes que pasan por el sistema penal de adultos tienen más probabilidades de reincidencia o de cometer delitos más graves, en comparación con jóvenes similares que permanecen en el sistema de justicia juvenil”.
Asimismo, la ONG señala que los jóvenes que pasan por el sistema penal de adultos “pueden entrar en contacto con redes de criminalidad que operan dentro de las prisiones; tienen menores oportunidades de acceso a programas educativos, de salud mental y de resocialización, mayores dificultades de acceder al mercado laboral después de la prisión, y mayor riesgo de sufrir violencia física, sexual o psicológica en el entorno carcelario”.
La sentencia T-388 de 2013, que demuestra el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, caracteriza la política criminal como reactiva, incoherente, “ineficaz, volátil, desarticulada, sin intenciones de resocializar, y por lo tanto, una política criminal que carece del necesario enfoque preventivo”.
Por su parte, Elke Kooyman, coordinadora de Detención del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, en su informe Cárceles en Colombia: una situación insostenible, argumenta que: “La sobreutilización de la cárcel como solución a todo problema social sin evidencia de que la privación de la libertad sea por sí sola una medida disuasiva frente a la criminalidad contribuye a crear una grave situación humanitaria que hoy supone una bomba de tiempo”.
Repugnante oportunismo
Por tal razón, procurar y sobreexplotar la utilización de la cárcel como solución de todos los problemas sociales, demuestra un populismo punitivo y un oportunismo repugnante ante el atentado contra Uribe Turbay, para buscar vagas y reaccionarias soluciones a los problemas sociales.
Piedad Correal, representante a la Cámara, debería darse el tiempo de ahondar en una investigación sobre las verdaderas causas de la instrumentalización de los y las jóvenes en las bandas criminales, o las repercusiones que tiene en los menores de edad pasar por el sistema penal de adultos.
La solución nunca será el castigo para la juventud; la prioridad debe ser el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y combatir la desigualdad, la estigmatización y la instrumentalización de los menores de edad en una guerra que no es de ellos.
Un rediseño así de la política penal juvenil no resuelve el problema de fondo; por el contrario, demuestra cómo la derecha reaccionaria insiste en alimentar de odio social hacia una juventud víctima de la criminalidad y la pobreza.
En cambio, el esfuerzo ─como señala la Cruz Roja en el informe antes citado─ tiene que centrarse en: “El rediseño de la política criminal debería dar prioridad a la prevención y a la reinserción, no a la detención como única medida para hacer frente a la inseguridad”.
Con información del Semanario Voz