Quito.- Ecuador busca respuestas sobre quién está detrás de las vallas que aparecieron durante la marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa y mostraban fotos de los jueces de la Corte Constitucional acusados de “robar la paz”.
La Agencia Metropolitana de Control (AMC) retiró seis de esas estructuras metálicas que permanecerán bajo custodia mientras se desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente, según informó la entidad.
La institución indicó que los responsables podrían ser sancionados con multas equivalentes a dos salarios básicos (940 dólares) por cada una de las vallas, que fueron colocadas sin los permisos municipales correspondientes en avenidas de la capital ecuatoriana.
Durante el recorrido del presidente Daniel Noboa y sus simpatizantes hacia la Corte Constitucional se observaron al menos 15 de esos carteles que mostraban los rostros de los nueve magistrados de la Corte Constitucional junto a la frase: “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.
La acusación se basa en la decisión del organismo judicial de suspender temporalmente artículos de las leyes de Integridad Pública, Solidaridad Nacional e Inteligencia, consideradas claves para el Ejecutivo, pero enfrentan alrededor de 30 demandas de inconstitucionalidad.
La portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, aseguró que el Gobierno no financió la iniciativa de las vallas.
Entretanto, la Corte advirtió que la exhibición de los rostros de sus jueces acompañados del mensaje acusatorio incrementa el “riesgo a su seguridad e integridad personal” y afecta directamente a la independencia de esa entidad.
El jurista Joffre Campaña calificó como “grave” y “sin precedentes” la instalación de los carteles con la imagen de los jueces, lo cual en su opinión es una campaña concertada del Gobierno contra la Corte que podría configurarse en un delito de instigación.
En entrevista con la emisora local Radio Pichincha, Campaña afirmó que este tipo de mensajes puede poner en riesgo la integridad de los letrados, pues los expone ante la ciudadanía como responsables directos de la crisis de seguridad.
Noboa rechazó la decisión de la Corte Constitucional de frenar parcialmente tres normativas que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional (Parlamento), pues -en su opinión- se trata de una ofensiva política para frenar la agenda de seguridad y reforma institucional.
No va a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan sus caras, que buscan esconder sus nombres ante toda la sociedad, señaló el gobernante.
En medio de ese pulso, el mandatario convocó a la marcha de este martes, que según la Unión Nacional de Educadores contó con la participación de servidores públicos obligados a movilizarse mediante engaños, mentiras, chantajes y coerción.
Con información de Prensa Latina