La administración de Carlos Fernando Galán ha decidido caminar por la senda del señalamiento, la confrontación violenta contra el magisterio y con medidas excluyentes y perversas contra la escuela pública de los y las bogotanas. No se trata de hechos aislados, sino de una política sistemática que degrada los ambientes escolares y limita los derechos sindicales, como lo es la protesta social.
Por: María Eugenia Londoño
En lugar de acceder al dialogo y fortalecer el derecho a la educación, se ha optado por diezmar y silenciar las denuncias de las comunidades académicas de los colegios y en general del magisterio. Estas acciones pasan por: imponer descuentos salariales arbitrarios, amenazas disciplinarias contra las y los docentes, y medidas que buscan sembrar miedo en quienes expresan su inconformidad, con el modelo que se quiere imponer mediante la privatización de la educación, disfrazada de modernización, precariedad del Programa de Alimentación Escolar, imposición de la jornada única, sin condiciones reales para docentes y estudiantes, y el cierre de colegios en los barrios más vulnerables.
Galán y su secretaria de Educación, Isabel Segovia, gobiernan con la lógica del desprecio, hacia la escuela estatal. Han instalado un discurso en el que el magisterio es tratado como obstáculo, mientras que los operadores privados reciben recursos públicos con generosidad. La escuela, para ellos, es un negocio que debe ser administrado con criterios de “eficiencia”, aunque eso implique sacrificar la dignidad de niños, niñas, jóvenes y maestros.
El trasfondo es claro: buscan debilitar la capacidad de organización y resistencia de la comunidad educativa. Por eso golpean a la Asociación Distrital de Educadores, ADE, con persecuciones, descuentos y amenazas. Pero lo que no entienden es que la historia del magisterio bogotano y colombiano está hecha de resistencia. El magisterio no es un gremio que se acobarde; son educadores y educadoras que luchan porque su labor es inseparable del derecho de la niñez a un futuro justo.
Hoy, la ciudad necesita más que nunca a su magisterio movilizado. No permitir que la represión se normalice, ni que el miedo sustituya al debate democrático. Defender la educación pública es defender la democracia misma. Cada vez que les quieren silenciar, se fortalece su convicción de salir a las calles, de rodear a la ADE y de gritar con más fuerza: ¡la escuela no se vende, se defiende!
El camino que propone la actual administración en cabeza de Galán, conduce a la educación a un abismo de exclusión y desigualdad. Frente a ello, la tarea es clara: resistir, organizar y mantener viva la esperanza de una Bogotá que cuide a su infancia y respete a sus maestros y maestras. Esa es la batalla que corresponde, y no hay decreto, descuento, ni amenaza que pueda frenarla.
Con información del Semanario Voz