La abogada Sonia Vera afirmó que el gobierno vulneró derechos fundamentales de Jorge Glas al enviarlo a otra cárcel sin notificación previa, sin informe médico y sin presencia de la Mesa Técnica ordenada por el sistema interamericano

La defensa de Jorge Glas acusó al presidente ecuatoriano Daniel Noboa de desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH ) por trasladar al exvicepresidente a una prisión de máxima seguridad sin garantías legales.

Al respecto, la abogada Sonia Vera afirmó que el gobierno vulneró derechos fundamentales de Jorge Glas al enviarlo a otra cárcel sin notificación previa, sin informe médico y sin presencia de la Mesa Técnica ordenada por el sistema interamericano.

Vera denunció que Noboa incumplió medidas vinculantes emitidas por la Corte-IDH y expuso públicamente al exvicepresidente al difundir fotografías de su ingreso al nuevo centro penitenciario, acompañadas del mensaje: “Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”.

La jurista sostuvo que esa actuación configura un acto de humillación institucional prohibido por estándares internacionales.

Asimismo, señaló que cualquier exposición incompatible con la dignidad humana impone al Estado obligaciones reforzadas de protección.

La abogada advirtió que la decisión del Ejecutivo compromete la responsabilidad internacional de Ecuador y coloca en riesgo la vida e integridad física del exfuncionario.

Esas instituciones que deberían garantizar el cumplimiento de la ley avalaron este procedimiento, remarcó.

Vera describió que el traslado ocurrió sin controles médicos, sin revisión técnica y sin garantías mínimas, lo que evidencia un manejo institucional orientado a la presión política y no a la legalidad.
Un caso insertado en la crisis penitenciaria ecuatoriana

El proceso contra Glas se desarrolla en un contexto marcado por masacres carcelarias, colapso del sistema penitenciario y tensiones políticas.

Diversos organismos internacionales han cuestionado las condiciones de reclusión del exvicepresidente desde su captura en abril de 2024 dentro de la Embajada de México, pese a contar con asilo otorgado por ese país.

El gobierno lo incluyó entre un grupo de 300 reclusos catalogados de alta peligrosidad trasladados a la nueva Cárcel del Encuentro, centro que todavía no cuenta con inauguración oficial.

En junio, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia impuso a Glas una condena de 13 años de prisión por presunta malversación de fondos públicos, además de la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Con información de la Radio del Sur

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