El pueblo de Venezuela saldrá a las calles a una gran marcha al cumplirse un mes del secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores por el ejército de Estados Unidos, el pasado 3 de enero.
Convocados por el Partido Socialista Unido, los venezolanos saldrán a las calles para exigir la liberación y el pronto retorno al país de la pareja presidencial, después de 32 días de rapto en violación de las leyes internacionales y el Derecho Internacional.
En ese contexto la nación sudamericana avanzó en una serie de transformaciones, luego que en la fecha mencionada, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumiera y ejerciera en condición de encargada todas las atribuciones deberes y facultades al cargo de presidenta.
Vengo con dolor, pero también debo decir que lo hago con honor porque “vengo a jurar en nombre de todos los venezolanos, por nuestro padre libertador Simón Bolívar”, dijo entonces la mandataria.
Además de jurar por el comandante Hugo Chávez que “dio vida a millones de venezolanos como ciudadanos”, lo hizo también por los niños y a no descansar ni un minuto para garantizar la paz y tranquilidad espiritual, social de la República y el pueblo.
Llamó, asimismo, a jurar como un solo país para sacar adelante a Venezuela “en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación”.
Un elemento que reconocen no pocos, incluida la oposición, es que con su dirección la dignataria encargada ha logrado mantener la tranquilidad en el país en medio, quizás, del momento más complejo y difícil de los 27 años de Revolución bolivariana.
De manera paulatina, el país se fue recomponiendo, poco a poco, del impacto del secuestro de la pareja presidencial y de la agresión militar estadounidense, que dejó un saldo de más de un centenar de muertos civiles y militares venezolanos y de 32 combatientes cubanos que tenían la misión de proteger a Maduro.
En este mes cada día y en todo el país, los trabajadores de diferentes sectores, mujeres, jóvenes, estudiantes, docentes y pueblo en general salieron a las calles para exigir la liberación de Cilia y Maduro, y en apoyo a la presidenta encargada que siguió con la implementación de las políticas sociales de este último.
Pero también implementó en forma acelerada una serie de transformaciones de carácter económico y político, apegado a la Constitución, que recibieron el apoyo de los Poderes del Estado, la Asamblea Nacional, políticos de la variopinta oposición, y de manera general, del pueblo.
Para la jefa de Estado, “las claves para vencer son la unidad, entereza y constancia en la defensa de la dignidad nacional” y convocó a avanzar para “consolidar la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que todos los venezolanos de bien merecemos encontrarnos”.
Entre los cambios más destacados y novedosos -por su impacto en lo económico, social y político- estuvieron, hasta el momento, la reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que resultó a aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional (parlamento).
Esta normativa en su primera discusión llevó a debate al parlamento 18 de sus artículos y finalmente fueron reformados 34, que al decir de las autoridades permitirán la transformación de la industria petrolera para adecuarla a los cánones actuales internacionales, al tratarse de la mayor reserva del mundo.
Otra iniciativa, caracterizada de histórica, fue el anuncio de la dignataria encargada de impulsar una Ley de Amnistía General que cubra todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta la actualidad.
Esta debe ser “para reparar las heridas” dejadas por la confrontación política desde la violencia y extremismo, así como “reencauzar la justicia y convivencia” entre los venezolanos, y quedarán exceptuados aquellos procesados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los Derechos Humanos.
La normativa deberá ser presentada ante la Asamblea Nacional con prontitud, a lo que Rodríguez solicitó la “máxima colaboración” del cuerpo legislativo para su pronta discusión.
El Partido Socialista Unido de Venezuela, en la palabra de su secretario general, Diosdado Cabello, opinó que esta es una ley “basada en la justicia” y adelantó que habrá beneficiados y otros no, como en todo, pero el Partido “va a apoyar a través de la bancada de la Revolución bolivariana en el parlamento”.
Cabello comentó que la iniciativa venía siendo puesta en práctica por Maduro cuando ya están en libertad 895 personas privadas de libertad, que salieron entre noviembre de 2025 y este mes.
En el período de estos últimos 32 días ocurrió también un acercamiento inédito entre los gobiernos de Caracas y Washington, cuyas diferencias, afirmó Rodríguez, “serán dirimidas a través del diálogo y la diplomacia”.
No obstante, consideró el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores como “una mancha en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela”.
Después de siete años del rompimiento de relaciones diplomáticas con el país norteño, el director de la CIA, John Ratcliffe, llegó a Venezuela para reunirse con la presidenta encargada y el general Gustavo Enrique González, jefe de la Guardia de Honor Presidencial y de la contrainteligencia, aunque no se divulgaron detalles al respecto.
A finales de enero también arribó a Caracas la Encargada de Negocios de Estados Unidos de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu, quien se reunió la víspera con la mandataria en el Palacio de Miraflores, sede de Gobierno.
De acuerdo con las declaraciones del canciller venezolano, Yván Gil, en el encuentro abordaron importantes temas de carácter energético, comercial, político y económico, además de tratar las diferencias y controversias históricas entre ambas naciones.
Anunció también la instalación en Caracas y Washington de las representaciones diplomáticas respectivas, que estarán a cargo de Laura Dogu y el diplomático venezolano Félix Plascencia.
Con información de Prensa Latina