“Hace mucho tiempo, cuando yo era un adolescente, salíamos a recoger hicoteas —tortugas de ciénaga—, caminábamos toda la noche y nunca podíamos alcanzar la otra orilla de la Ciénaga Grande de Lorica porque ella se extendía por sus propias tierras. Las tierras eran de la ciénaga, no eran de los terratenientes” eso explicaba Nando López, un experimentado campesino del bajo Sinú.
Editorial 3307
Y retomaba: “¿Y sabe por qué le cuento esto? Porque las inundaciones no son castigo de Dios. Son los terratenientes que han ido robándose las tierras de la ciénaga, han ido ampliando sus cercas y han montado camellones —jarillones— que rodean sus fincas. La ciénaga no tiene para dónde regarse y eso es lo que produce las inundaciones”.
Sin casi respirar, prosigue: “Y la represa de Urrá lo que hizo fue facilitarles a los terratenientes el robo de tierra porque al secarse era más fácil para ellos correrse ciénaga adentro y robar más terreno. Por eso nos oponíamos al proyecto Urrá”.
Y Nando no lo dijo, pero el proyecto Urrá fue impuesto a sangre y fuego por los poderosos terratenientes ligados al uribismo, aliados o integrados al paramilitarismo y al narcotráfico de la época.
La Ciénaga Grande de Lorica, uno de los humedales más importantes del departamento de Córdoba, ha experimentado una preocupante disminución de su espejo de agua en las últimas cinco décadas. Según publicó el portal LA RAZÓN.co: “La Ciénaga Grande de Lorica, uno de los humedales más importantes del departamento de Córdoba, según datos revelados por la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge, (CVS), este cuerpo de agua ha pasado de tener una extensión de 60 mil hectáreas en la década de 1970, a 30 mil hectáreas en la actualidad, lo que representa una pérdida del 50% de su superficie”. Esas 30 mil hectáreas las tienen hoy los poderosos terratenientes de Córdoba.
A ello hay que sumarle la codicia actual de las empresas de energía que operan, entre ellas la represa de Urrá, la cual, según denuncia directa del presidente Gustavo Petro, ha permitido que los niveles del embalse se mantengan altos, sin producir energía, para elevar deliberadamente el costo de la energía para el pueblo. Al mantener los embalses llenos, era imposible recoger y almacenar las aguas que llegaron ahora por el frente frío que azota la región.
Ahora bien, es cierto que llegó de manera sobreviniente un frente frío, pero el fondo de toda la tragedia está en la irresponsabilidad histórica con la que se ha manejado el poder central y regional, la entrega de licencias de explotación minera sin los debidos procesos de respeto a los ecosistemas, la destrucción de las fuentes de agua y el cambio de curso de ríos y arroyos. Todo ello agrava la situación tan crítica de hoy en nuestros departamentos.
Para un corolario, esos mismos poderes regionales que ahora exigen atención de la emergencia, son los que se han opuesto en el Congreso a la aprobación de los proyectos de emergencia económica presentados por el gobierno. El pueblo afectado debe saber esto y castigar a senadores y representantes que, antes que defender los derechos de sus electores, defienden intereses de los poderosos.
Sin duda, es necesaria la solidaridad de toda Colombia con las familias afectadas. Es claro que el gobierno nacional tiene la obligación y responsabilidad de atender y dar soluciones urgentes a la situación humanitaria que ha ocasionado esta ola invernal, pero también es cierto que evitar que no se repitan estos hechos, o por lo menos no con esta magnitud de impactos, requiere un cambio profundo en la planificación territorial, con enfoque de justicia social, con prioridad en garantizar los derechos del pueblo, en especial, el derecho a la tierra, al agua y el respeto a la naturaleza.
Foto Alcaldía de Montería
Con información del Semanario Voz