Captura masiva de presuntos homicidas. Foto Policía Metropolitana de Bogotá
Mientras el gobierno de Carlos Fernando Galán insiste en mostrar cifras “a la baja” y en culpar a la justicia, el control político de Heidy Sánchez pone sobre la mesa una verdad incómoda: la caída en los indicadores se explica por el aumento del subregistro y la desconfianza ciudadana
Por: Mónica Andrea Miranda Forero
@Emedemoni_
Bogotá no está siendo más segura, está siendo mejor narrada. En una ciudad donde cada vez menos víctimas denuncian porque no creen en el Estado, la seguridad deja de ser un dato y se convierte en una disputa entre relato y realidad.
El gobierno de Carlos Fernando Galán no ha construido una política de seguridad sólida, ha construido un relato. Uno que funciona en ruedas de prensa, en balances institucionales y en hojas de cálculo, pero que se desmorona en la experiencia cotidiana de la gente.
“Bogotá camina segura” no es hoy una realidad verificable, es una narrativa defensiva que intenta tapar la ausencia de resultados estructurales. Porque mientras la Alcaldía muestra cifras “a la baja”, la ciudad sigue sintiendo miedo, desprotección y abandono.
La coartada perfecta: la justicia como excusa
Desde el inicio de la administración, la seguridad se ha presentado como un paquete de “líneas de acción”: patrullajes, inteligencia, megatomas, tecnología. El balance institucional insiste en que nueve de once delitos de alto impacto van a la baja, y el alcalde lo resume con una frase que suena a parte de victoria: “menos homicidios, menos hurtos, más capturas”. Pero ese lenguaje no describe una transformación, describe un informe. Y gobernar una ciudad no es presentar informes, sino cambiar realidades.
Galán ha sido insistente en una idea que funciona como coartada: sin reformas legales, la ciudad seguirá “pedaleando sobre una bicicleta estática”. Es una frase eficaz porque traslada el problema fuera de la Alcaldía. Si no hay resultados, la culpa es del Congreso; si la captura no se vuelve condena, la culpa es de la justicia; si la inseguridad persiste, la explicación es la falta de sanción.
Pero esa narrativa tiene un problema de fondo: convierte al alcalde Galán en comentarista de un problema que le corresponde gobernar. Bogotá no puede esperar a que el sistema judicial cambie para sentirse segura. La seguridad es, primero, una política territorial sostenida, con control real sobre dinámicas criminales. Y eso sí depende de la administración distrital.
El punto ciego: el subregistro
Ahí es donde el control político ejercido por la concejala Heidy Sánchez rompe el discurso oficial: el problema no es solo cuántos delitos hay, sino cuántos dejan de registrarse. El subregistro no es un detalle técnico, ni un olvido, es la evidencia de una ciudad que dejó de creer en el Estado.
Cuando más de la mitad de las víctimas no denuncia porque siente que no va a pasar nada, lo que se está erosionando no es el dato, es la legitimidad institucional. Y eso tiene una consecuencia directa: las cifras pueden “mejorar” mientras la realidad no cambia. Es decir, no estamos necesariamente ante una reducción del delito, sino ante una disminución de la denuncia.
Heidy lo plantea con claridad: sin denuncias no hay justicia real ni información confiable para enfrentar la delincuencia. Y eso desmonta el corazón del relato. Porque si la base de los indicadores está contaminada por la desconfianza, entonces no hay victoria que mostrar.
Más cámaras, menos política
La respuesta de la administración ha sido insistir en más tecnología, más pie de fuerza y más coordinación. Más cámaras, más operativos, más presencia. Pero eso no sustituye una estrategia. Incluso análisis externos coinciden en lo mismo: no hay un “hito” en seguridad, no hay una intervención sostenida contra estructuras criminales, no hay un cambio de juego. La política parece moverse al ritmo de la coyuntura, reaccionando a cada crisis mediática con nuevas “estrategias” que no logran consolidarse.
Mientras tanto, el fenómeno criminal evoluciona. Los homicidios asociados a disputas entre organizaciones, la extorsión sistemática, el control territorial en barrios específicos, no se resuelven con cámaras ni con operativos aislados, sino con inteligencia sostenida y presencia institucional que hoy no aparece con claridad.
Entre el Excel y la calle
El gobierno distrital responde con llamados a la unidad, con agendas conjuntas, con promesas de reformas para que quienes delinquen “paguen cárcel”. Pero esa insistencia en la sanción como solución total termina simplificando un problema mucho más complejo. Porque ninguna ciudad se vuelve segura solo castigando más, se vuelve segura cuando la gente confía en que el Estado funciona, cuando denunciar tiene sentido, cuando la presencia institucional no es episódica, sino constante.
Hoy Bogotá está atrapada en una contradicción evidente: mientras las cifras dicen que la seguridad mejora, la gente siente lo contrario. Porque al final, la seguridad no se mide en Excel, se mide en la calle, y hoy, en Bogotá, la calle está diciendo algo que el gobierno distrital no quiere escuchar porque al final del día, la discusión no es técnica, es política.
La seguridad no puede seguir siendo una narrativa para administrar la crisis, tiene que ser una política para resolverla. Si el gobierno insiste en explicar la inseguridad desde afuera, en la justicia o en el Congreso, y no asume lo que le corresponde transformar en el territorio, la ciudad va a seguir sintiendo lo que hoy ya es evidente: que el problema no es solo el delito, es la ausencia de Estado. Y cuando el Estado no aparece, no hay indicador que alcance, porque la gente deja de esperar soluciones y empieza a adaptarse al miedo.
Bogotá tiene que corregir el rumbo y entender que la seguridad no se resuelve con cámaras, operativos aislados ni excusas sobre la justicia. Un proceso de reconstrucción en la relación entre el Estado y la ciudadanía. Mientras no haya una estrategia sostenida contra las estructuras criminales y el gobierno distrital prefiera dormir y defender cifras antes que transformar realidades, la inseguridad no va a disminuir, solo va a dejar de registrarse.
Con información del Semanario Voz